NACIÓN
Procuraduría confirma sanciones contra exfuncionarios del MinTIC involucrados en el escándalo de Centros Poblados
Contra la decisión, que es de segunda instancia, “no procede ningún recurso”, subrayó el ente de control.

La Procuraduría General de la Nación confirmó, en segunda instancia, las sanciones que impuso contra varios exfuncionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y el representante legal de Centro Poblados, por la entrega de un anticipo de 70.000 millones de pesos de un billonario contrato a dicho consorcio, que tenía como propósito llevar internet a las áreas más apartadas del país, lo cual no se cumplió.
“Confirmar en su integridad el fallo sancionatorio de primera instancia de fecha 27 de febrero de 2023, proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3″, señaló el Ministerio Público en la decisión conocida por SEMANA.
Contra la determinación, el ente de control agregó que no “procede ningún recurso”.
Los sancionados fueron Adriana Meza Consuegra, entonces secretaria general del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MinTIC; Sandra Orjuela Martínez, subdirectora técnica del MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura del MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y Paola Andrea Izquierdo, representante convencional del Consorcio PE2020 C Digitales.
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Sandra Orjuela fue sancionada con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años y un mes. Por su parte, Camilo Alberto Jiménez fue suspendido del cargo por nueve meses. La sanción fue convertida a una multa por los salarios que debía percibir por ese periodo, 95.877.981 pesos.
Entretanto, Luis Fernando Duque fue sancionado con una multa de 79.002.270 pesos e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este por 15 años. Paola Izquierdo recibió una multa de 45.426.300 pesos y fue inhabilitada para ejercer empleo público, función pública y prestar servicios a cargo del Estado o contratar por 11 años.
Finalmente, Adriana Meza resultó ser la mejor librada, con una sanción de cinco meses del cargo, la cual fue convertida en una multa por los salarios que debía devengar, 53.265.545 pesos. Meza fue defendida por el abogado Javier Hernando Rojas, el mismo que apoderó a la exministra Karen Abudinen, quien fue absuelta.
Centros Poblados entregó pólizas falsas para respaldar ante el MinTIC su propuesta y quedarse con el contrato. Gracias a estos documentos, eran la única parte interesada que cumplía con los requisitos de la licitación.
En su momento, la Procuraduría cuestionó las fallas, omisiones y negligencias de los funcionarios del ministerio al momento de revisar la documentación presentada por las empresas involucradas.
De acuerdo con el ente de control, por el monto y la importancia del contrato, era obligación de estos funcionarios prestar atención a cada detalle. En ese sentido, la Procuraduría reprochó a los funcionarios del MinTIC por no tomarse el tiempo prudencial para confirmar que los documentos, en especial la póliza de seguros que supuestamente había emitido el Banco Itaú, eran reales. Existió un “comportamiento negligente y descuidado”, subrayó.
El Ministerio Público también reclamó que después de la entrega de los 70.000 millones de pesos del anticipo no había sido posible recuperar los recursos.