Tendencias
  Ingresar a prestar el servicio militar no tiene costo. Quien aspire a ser soldado profesional debe pagar 892.900 pesos.
Ingresar a prestar el servicio militar no tiene costo. Quien aspire a ser soldado profesional debe pagar 892.900 pesos. - Foto: guillermo torres-semana

judiciales

Procuraduría defiende la figura del servicio militar voluntario para las mujeres en Colombia

El concepto fue enviado a la Corte Constitucional en el marco del debate de la demanda radicada en marzo de 2022 que pide tumbar la figura del servicio militar obligatorio.

En un concepto de cinco páginas firmado por la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, el Ministerio Público sentó su posición ante la Corte Constitucional frente al debate por la demanda en contra del servicio militar obligatorio en Colombia. Para la Procuraduría, en efecto, existe el servicio militar voluntario para las mujeres y esto es acorde a la Carta Política.

En el documento se manifiesta que la Ley que reglamenta el Servicio de Reclutamiento, Control de Reservas y la Movilización es constitucional, por lo que no se debe aceptar la pretensión de la demanda.

Frente a esto, el jefe del Ministerio Público señaló que el trato diferencia entre sexos en el servicio militar obligatorio es una medida conducente para superar la discriminación histórica de la mujer en el ámbito laboral y atender la situación especial de violencia que padecen en el conflicto armado.

“Concentrarse en acceder a estudios superiores e ingresar al mercado del trabajo, pues no deben dedicar los primeros años de su vida productiva a recibir instrucción castrense, y alejarse del conflicto bélico, en el cual han sido históricamente violentadas”, asegura uno de los apartes del concepto que ya es analizado por el alto tribunal.

Concepto de la Procuraduría General ante la Corte Constitucional.
Concepto de la Procuraduría General ante la Corte Constitucional. - Foto: Procuraduría General

En este sentido, asegura que las mujeres cuentan con todas las condiciones para prestar el servicio militar si desean hacerlo. “No se les prohíbe adelantar dicha actividad, sino que, a diferencia de los hombres, se les permite elegir si optan por desarrollarla en tiempos de paz o no”.

Frente a la demanda, el Congreso de la República cuenta con la competencia para “modificar” las condiciones de prestación del servicio militar “en los términos que establece la Constitución, lo cual les permite reformar los eventos en los que el mismo es obligatorio y sus modalidades de operación”.

“(...) la Procuraduría General de la Nación concluye que las normas acusadas no desconocen el mandato igualdad (...) y por ello, le solicitará a la Corte Constitucional que declare su exequibilidad. Ello, sin perjuicio de la competencia que mantiene el Congreso de la República para modificar las condiciones de prestación del servicio militar, en los términos del artículo 216 de la Carta Política, la cual le permite reformar los eventos en los que el mismo es obligatorio y sus modalidades de operación”, señala el concepto.

En la demanda presentada por el senador Antonio Sanguino y el abogado Gabriel Cifuentes se pide eliminar la figura de obligatoriedad del servicio militar en Colombia para los hombres. En este sentido, considera que este término va en contra de la igualdad y equidad, situación que va en contra de la Constitución Política de 1991.

Consideran que este servicio está dirigido a los estratos más bajos de la sociedad colombiana que no pueden pagar la libreta militar y, ahí si se aplica, la obligación de prestar el servicio.

De acuerdo con los argumentos de ambos dirigentes de la Alianza Verde, se enfatiza la violación del derecho a la vida, como el desconocimiento del marco constitucional y legal que surgió tras la firma e implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

En la demanda, Sanguino y Cifuentes solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión “obligatorio” del Artículo 4 (parcial) de la Ley 1861 de 2017 por infringir, según ellos, los Artículos 11 y 216 de la Constitución Política, además del Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Sanguino y Cifuentes señalaron que el acuerdo de paz, suscrito en noviembre de 2016, generó un nuevo ordenamiento jurídico que debería orientar las actuaciones estatales y, por lo tanto, en la Ley 1861 de 2017 se han debido considerar alternativas para privilegiar la voluntariedad del servicio militar.

En otras palabras, ambos estiman que en caso de que la prestación de servicio resultara obligatoria, “se debió contemplar la posibilidad de que el mismo tuviera un carácter social y comunitario para apoyar la protección del medio ambiente, la asistencia a la niñez y a los adultos mayores, entre otros temas”.