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Procuraduría destituye a exdirector del Sena por supuesto acoso laboral

El ente de control estableció que el exdirectivo utilizó expresiones ‘irrespetuosas y ultrajantes’ contra una de sus subordinadas.


La Procuraduría destituyó por 10 años a Juan Manuel Valdés Barcha, exdirector del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, por conductas que constituyen acoso laboral.

A través de un comunicado de prensa, el ente de control explicó la destitución de Valdés por haber utilizado palabras irrespetuosas contra una de sus trabajadoras.

En el comunicado, explica que el exdirectivo utilizó “palabras irrespetuosas y ultrajantes contra una de sus subordinadas” para descalificar su trabajo, hecho que no ocurrió una sino varias veces y que llevó a la afectada a “renunciar a la coordinación que venía ejerciendo en encargo y solicitar traslado a otra dependencia”, dice el comunicado.

La queja fue presentada por la exempleada ante el Comité de Convivencia Laboral del Sena pero, ante la falta de una respuesta, decidió acudir a la Procuraduría, que se encargó de investigar y sancionar este tipo de irregularidades.

La Procuraduría advirtió, además, que este hecho constituye una falta gravísima a título de dolo y, por tanto, se ratificó a sanción al exfuncionario.

La entidad informó que se interpuso un recurso de apelación por parte del exdirectivo pero la sanción se mantiene firme.

Registrador acata apertura de indagación de Procuraduría por presuntas fallas en elecciones legislativas

Como SEMANA informó, la Procuraduría abrió investigación en materia disciplinaria en contra del registrador Alexander Vega por posibles faltas en la jornada electoral del pasado 13 de marzo. Pero en el mismo auto en el que abren dicha investigación, SEMANA encontró que también se abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de ‘software’ usadas y, en general, en los procesos de inscripción de cédulas.

Ante esto, la Registraduría respondió que acatará la instrucción del Ministerio Público. El registrador Alexander Vega dijo: “Respetamos y acatamos las distintas determinaciones del órgano disciplinario. Será la oportunidad para demostrar la debida actuación de la Organización Electoral y sus funcionarios en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación con el certamen electoral del 13 de marzo de 2022″.

Es de destacar que el pasado martes 5 de abril aportamos a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación los elementos probatorios que acreditan las fallas en el preconteo, atribuibles específicamente al diligenciamiento de un número determinado de formularios E-14, labor y resorte exclusivo de los jurados de votación”, agregó.

Y aclaró que una vez se detectaron algunas fallas, se procedió a modificar la postulación y acreditación de los jurados de votación, el rediseño del formulario E-14 y la verificación al sistema de preconteo.

“Así mismo, las actuaciones disciplinarias adelantadas por el grupo élite designado por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, contra jurados de votación, permitirán dar mayor claridad a lo sucedido en la jornada electoral del 13 de marzo”, contó.

Vale la pena recordar que en el caso del registrador Vega, según pudo establecer SEMANA, se busca determinar si pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con posibles:

- Extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.

- Irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas S. A., por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia de la selección y en el procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses.

Pero eso no es todo. La Procuraduría busca determinar si hubo incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.