Procuraduría exige cumplir tutela que pide garantizar derechos a niños indígenas del Chocó, ¿qué ordena la Corte Constitucional?

La Procuraduría General de la Nación ha emitido un llamado a las autoridades para que cumplan con las acciones y obligaciones destinadas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas del Chocó. En su seguimiento sobre el estado de la garantía de estos derechos, el ente de control ha instado a las autoridades a brindar soluciones definitivas en áreas como la salud, alimentación, educación inicial, agua potable y protección integral para esta población.

La Procuraduría ha recordado la importancia de cumplir con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-080 de 2018, la cual exige que las entidades competentes tomen medidas para superar la situación de amenaza y vulneración de derechos de los pueblos embera, tule y wounaan en los municipios de Bajo Baudó, Alto Baudó, Riosucio, Bojayá, Lloro y Bagadó, en el departamento de Chocó.

En este contexto, el Ministerio Público remitió un informe de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, el cual fue enviado el pasado 24 de marzo de 2023 al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), la Consejería Presidencial para las Regiones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior.

En dicho informe se incluyeron observaciones para las entidades responsables, quienes deberán enviar de manera urgente los planes de acción para implementar las recomendaciones realizadas por el ente de control.

Asimismo, se ha solicitado al Dapre que agilice el cumplimiento de las órdenes emitidas por el tribunal constitucional, especialmente en los procesos de articulación interinstitucional entre la nación y las entidades territoriales vinculadas. Estos procesos “son de vital importancia y se llevan a cabo en el marco de la Mesa Interinstitucional de Diálogo para la Sentencia T-080 de 2018″.

La Procuraduría General de la Nación ha anunciado que continuará supervisando de cerca el cumplimiento de las acciones y obligaciones requeridas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas del Chocó. Para el órgano de control, es fundamental que todas las entidades involucradas trabajen de manera conjunta y coordinada para “lograr mejoras significativas” en la calidad de vida de esta población vulnerable.

Alerta por suicidios en comunidades indígenas del Chocó

Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió urgentemente a las autoridades que brinden apoyo a las comunidades indígenas del departamento del Chocó, donde se han reportado 15 casos de suicidio en lo que va del año 2023. Según las comunidades, estos casos son resultado de la presión generada por el conflicto armado interno y grupos violentos como el ELN y el Clan del Golfo.

Los casos reportados, de acuerdo con el informe de la Defensoría, se han dado por ahorcamiento y envenenamiento, y sucedieron en seis municipios del departamento: Bojayá (2 mujeres se suicidaron), Alto Baudó (1 mujer), Quibdó (3 mujeres y 2 hombres), Bahía Solano (1 mujer), Bagadó (3 mujeres y 1 hombre) y Lloró (2 hombres).

“Es de suma importancia actuar cuanto antes. Las instituciones competentes deben aplicar el enfoque diferencial en esta problemática de salud mental causada por los efectos de las hostilidades a quienes están en medio del conflicto, diez de los casos reportados corresponden a mujeres. Se requiere una atención inmediata que esté en consonancia con las prácticas tradicionales de armonización que solicitan las comunidades afectadas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Según la entidad, los factores que pueden tener relación con estos casos derivados del conflicto son las rupturas culturales, la violencia generalizada, el acoso e instrumentalización de menores de edad para la guerra, la violencia sexual, el confinamiento y desplazamiento recurrentes y el control ejercido por los grupos armados ilegales a los territorios y a la población.

“Les pedimos al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud del Chocó, a las alcaldías municipales y a todos los entes con competencia para casos de esta naturaleza que establezcan programas de atención y se movilicen hasta los territorios afectados. Sabemos de las afugias de las que son víctimas estas comunidades, a las que se tienen que enfrentar a diario, pero la vida tiene sentido, vale la pena vivirla, y el Estado está en la obligación de proteger sus derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad”, enfatizó el defensor Camargo.