Piden extinción de bienes por $40.000 millones a Odebrecht en caso Navelena

El proceso de licitación para la adjudicación de las obras con las que se iba a cumplir el sueño de los colombianos de recuperar la navegabilidad del río Magdalena duró casi 11 meses entre octubre del 2013 y septiembre 2014. Una vez adjudicado las largas trabas para cumplir con el cierre financiero y el escándalo en el que se vió envuelto el consorcio ganador, mayoritariamente conformado por Odebrecht, se convirtieron en un calvario para el Gobierno, que solo pasados tres años finalmente logró liquidar el contrato.  

Con la terminación de dicha APP se acordó que Cormagdalena debía reconocer a favor de Navelena más de $189.068 millones, de los cuales a Odebrecht por su participación en la sociedad (86,67%) le correspondían $163.865 millones de pesos. Para la Procuraduría es necesario que de esos recursos se ordene la extinción de dominio a cerca de $40.000 millones que le quedarían a la multinacional luego de cancelar el crédito suscrito con el Banco Agrario y sus respectivos intereses. Hace un par de semanas, el Banco Agrario recibió los $156.894 millones del crédito que le concedió a Navelena.

Además de este cruce de cuentas, sobre el cual el Ministerio Público le insiste a la Fiscalía en que se proceda con medidas cautelares de posesión de bienes, haberes y negocios de la multinacional, para ser puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, la Procuraduría también anunció un frente clave en sus investigaciones. Es precisamente el que tiene que ver con las demoras para quitarle el contrato al consorcio, teniendo en cuenta que su valor de ejecución sobrepasaba los $2.5 billones y que los ejecutivos de la firma se vieron envueltos en un escándalo de proporciones mundiales, lo cual les impidió conseguir la financiación requerida con los bancos. 

El consorcio Navelena estaba conformado por Odebrecht con un 87% de participación y por Valorcon, de la familia Gerlein, con un 13 %.

De los chats del exsenador Otto Bula se desprende cómo fueron esos intentos que se hicieron por buscar un salvavidas. El exsenador acompañado de Bernardo Elías y del representante Eduardo José Tous fueron hasta Portugal para buscar un socio financiero. El Ministerio Público busca determinar si los servidores públicos tomaron medidas frente a la demora en la declaratoria de caducidad del contrato y la cesación del proceso administrativo sancionatorio que le había sido abierto a Navelena. Entre los actos de presunta corrupción sobre los que trabajan los investigadores están las presuntas conductas para favorecer a Odebrecht a costa de los intereses del Estado, especialmente, pagos por parte de Navelena al exsenador Otto Bula para la búsqueda de una empresa que ayudara en el cierre financiero del contrato.

Por ello abrió investigación disciplinaria a cuatro exdirectores ejecutivos de Cormagdalena, tres exfuncionarios y un interventor, por posibles actos de corrupción en el contrato de Alianza Público Privada para la navegabilidad del río Magdalena.

Se trata de Luis Fernando Andrade Moreno, expresidente de la ANI, quien fue también director de Cormagdalena; Augusto Noel García Rodríguez, Carlos Andrés Núñez León, Luis Álvaro Mendoza Mazzeo. Así mismo, a los miembros del Comité Evaluador del proceso de selección, Carlos Núñez de León, jefe de la Oficina Asesora Jurídica; Paulino Galindo Yustres, asesor; Héctor Giovanni Páez Pinzón, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y al interventor, Mayron Adalberto Vergel Armenta.

Frente al encargo a Luis Fernando Andrade como director ejecutivo de Cormagdalena por tiempo indefinido, siendo en ese momento presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Procuraduría busca determinar si este hecho podría configurar alguna prohibición, inhabilidad o conflicto de intereses.

El Ministerio Público también fue más allá con sus anuncios. Aseguró que están tras la pista de presuntos pagos a directivos de Cormagdalena por parte de la firma española Acciona, que se retiró del proceso de adjudicación 20 días antes. Existen sospechas alrededor de lo que sería un acuerdo anticompetetivo con Odebrecht y que tenía por fin que los brasileños se quedaran con la megaobra colombiana y los españoles con el metro de Quito.

Del consorcio que dio un paso al costado hacían parte Acciona Concesiones, la holandesa experta en dragados Jan de Nul, y las colombianas Condesa, del polémico empresario David Name Terán, y la firma Castro Tcherassi.

Para determinar lo ocurrido, el Ministerio Público anunció que escuchará al actual ministro de Transporte, Germán Cardona; al exsenador Otto Nicolás Bula y a los congresistas Bernardo Elías, José David Name Cardozo y Arleth Patricia Casado de López, a Juan Sebastián Correa, funcionario de Cormagdalena, y al exviceministro Gabriel García Morales.