Tendencias

Home

Nación

Artículo

Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI. - Foto: Karen Salamanca

nación

Procuraduría llama a juicio disciplinario al expresidente de la ANI y cuatro altos directivos por caso Ruta del Sol

La decisión fue proferida por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.

La Procuraduría delegada para la Contratación Estatal acaba de tomar una decisión muy importante: formuló pliego de cargos contra el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, y contra Alexandra Lozano Vergara, Gerente de Gestión Contractual; Andrés Figueredo Serpa, Vicepresidente de Gestión Contractual; Camilo Mendoza, funcionario de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y David Leonardo Montaño, de la Vicepresidencia Jurídica.

Puntualmente, los pliegos de cargos son por posibles irregularidades relacionadas con las adiciones hechas a los contratos de los proyectos viales Ruta del Sol II y III.

“En desarrollo de las investigaciones adelantadas, el ente disciplinario cuestionó al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, la suscripción de los otrosíes 3 y 6 al contrato de concesión 001 de 2010 celebrado con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. El pliego de cargos señala que Andrade Moreno habría puesto en funcionamiento todo el aparato que tenía a su disposición en la ANI para lograr la justificación técnica, financiera y jurídica que argumentara esas adiciones con el fin de entregarle, de manera directa, a la mencionada concesionaria un corredor vial diferente al originalmente otorgado (Puerto Salgar a San Roque)”, señala la Procuraduría.

Y agrega: “dentro de esta investigación disciplinaria también se cuestiona la conducta de Alexandra Lozano Vergara, exgerente jurídica de Gestión Contractual 2; Andrés Figueredo Serpa y Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidentes de gestión contractual y David Leonardo Montaño García, exasesor jurídico de la ANI, quienes habrían avalado, dentro del marco de sus competencias, documentos previos a la firma de los otrosíes 3 y 6″.

Y en otro aparte se lee: “En un segundo proceso disciplinario, el órgano de control formuló pliego de cargos al exfuncionario de la ANI, Juan Sebastián Correa Echeverry, quien al parecer organizó reuniones entre Andrade Moreno y Euberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia (socio mayoritario de la concesionaria), donde se establecieron acuerdos posiblemente ilegales que viabilizaron la suscripción de las adiciones 3 y 6 al contrato de concesión 001 de 2010″.

Por sus gestiones Correa Echeverry, señala el auto de la Procuraduría, habría recibido en el año 2015, una remuneración ilegal por 100 millones de pesos de Otto Nicolás Bula; pago que fue ordenado por el entonces senador Bernardo Miguel Elías Vidal.

Ruta del Sol III

En este caso, la Procuraduría señala que también avanza en un cuarto proceso disciplinario contra Andrade Moreno y Germán Córdoba Ordóñez, exvicepresidente ejecutivo de la ANI, por los otrosíes 2 y 5 en el proyecto de la Ruta del Sol III, a cargo de Yuma Concesionaria.

A través de estas adiciones “se habrían pactado los estudios y diseños del segundo puente entre Plato y Zambrano, sobre el río Magdalena por valor de $5.788.240.106 con el fin de entregarle, de los recursos comprometidos en estos otrosíes, 650 millones de pesos a José Roberto Prieto Uribe”, advierte el ministerio público.

Los cuestionados documentos “habrían estado amparados en unos estudios previos firmados por Córdoba Ordóñez, quien al parecer justificó ante el comité de contratación de la ANI la modificación de este proyecto; posteriormente habría suscrito el otrosí 5, pese a que el objeto de este no tenía ninguna relación con la obra de infraestructura inicialmente contratada”, también señala la Procuraduría.

Si bien Andrade Moreno no suscribió el otrosí, aclara la Procuraduría, se habría encargado de proponer, coordinar y gestionar las adiciones para presuntamente favorecer económicamente a un tercero ajeno al contrato de concesión, puntualizó el órgano de Control en el pliego de cargos”.

Por su parte, la defensa de Luis Fernando Andrade, puntualmente quien lleva el tema en lo disciplinario, el abogado Óscar Ibáñez, indicó que es incoherente que la Procuraduría apoye sus dichos en testigos sospechosos, o que excluya de la investigación al máximo responsable jurídico de ese entonces. “Es desgastante que se insista en tener bajo investigación a un exfuncionario que ha acreditado en el proceso su probidad y transparencia. Las conclusiones de la PGN carecen de fundamento fáctico y legal, porque desconocen que en la ANI todas las decisiones contractuales eran previamente analizadas y recomendadas por grupos interdisciplinarios de trabajo, o, incluso, hasta por un Consejo de Ministros del cual hizo parte el propio ex-fiscal general de la Nacion siendo Ministro de la Presidencia”; señalan.

Advierten, adicionalmente, que no es creíble que justamente el funcionario que se opuso a los despropósitos de concesionario sea a quién el ente de control decida perseguir, llegando incluso a desconocer que los propios conceptos de la procuraduría le dieron el visto bueno a algunas de las decisiones que hoy investiga.

Noticias relacionadas