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Procurador pide a servidores públicos acatar y no atacar decisiones judiciales

El organismo de control considera que controvertir decisiones de jueces “atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esa rama del poder público”.


En medio de la oleada de reacciones y señalamientos desde varios sectores tras la orden de la corte Suprema de Justicia de detención domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de un escueto comunicado, la Procuraduría General de la Nación se refirió al pronunciamiento de funcionarios públicos en esta coyuntura.

El ente de control recordó la importancia y la obligación de que todas las ramas del poder público deben acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. “Por ende, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”.

La Procuraduría explica que el único escenario legítimo para discutir y confrontar decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee.

Por eso, considera que “la controversia de las providencias emanadas de los jueces en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”.

El organismo hace este pronunciamiento teniendo en cuenta que la Constitución señala su competencia de velar por las garantías procesales de los ciudadanos investigados dentro de una actuación penal.

Por ende, la Procuraduría, "actuando en el marco de sus competencias constitucionales y legales, continuará ejerciendo su labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, y, en ese marco, examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra, en procura  de  la  preservación de la  integridad del  orden jurídico  y  la intangibilidad de las garantías procesales”, cierra el texto.

La Procuraduría General de la Nación, finalmente, pide los colombianos "desactivar la pugnacidad y la extrema polarización que pueden estimular nuevos escenarios de violencia. A la crisis generada por la pandemia del covid-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor".