Procuraduría pide suspender de inmediato el contrato de semaforización en Bogotá

En 2017 se adjudicó el contrato de la renovación de las redes de semáforos de Bogotá Movilidad Futura 2050. Días después quienes perdieron la licitación presentaron denuncias en contra de la empresa ganadora por falsedad en documento público. Al parecer Sutec Sucursal Colombia S. A., miembro de ese consorcio, habría adulterado sus estados financieros para cumplir con las exigencias de la licitación. 

Por esta razón la Secretaría de Movilidad le pidió a la empresa soportes y estados financieros y le dio un ultimatum que se cumpliría esta semana. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación ha decidido ir un poco más allá. Le solicitó al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, que suspenda de inmediato la licitación ante los riesgos que representa la información económica que entregó una de las firmas que hace parte del consorcio ganador.

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El contrato incluía el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes. La idea era controlar el tráfico de la ciudad en tiempo real, aumentar la velocidad y la seguridad vial, además de garantizar una tecnología apropiada para las personas en condición de discapacidad.

La Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria contra Bocarejo por presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía. La investigación también afecta a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. El proceso se encuentra en la etapa de cierre de investigación y se evalúa si se formulan cargos o se archiva el expediente.

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En octubre de 2017, la Procuraduría ya había solicitado la suspensión de esta licitación, sobre la que hizo reiteradas observaciones de tipo técnico en materia de seguridad vial, la falta de planeación, improvisación en el cálculo económico, probable favorecimiento de oferentes, y alto riesgo para la salvaguarda del patrimonio público invertido.

Tras diez años de intentos fallidos, la renovación de los semáforos de la capital vuelve a tambalearse. 

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