Apelación de la Procuraduría pide "desantrichizar" el proceso de paz

Ante la Sala de Apelaciones de la Justicia Especial para la Paz, el procurador Fernando Carrillo radicó el anunciado recurso que se opone a la decisión de no extraditar a Jesús Santrich a Estados Unidos. La apelación del Ministerio Público es clave porque busca hacerle frente a los efectos de una decisión que desató una oleada de críticas por frenar el trámite y porque ordenó libertad inmediata del exjefe guerrillero.

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Para el Ministerio Público, los magistrados de la justicia especial solo tenían potestad para verificar la temporalidad de los hechos y no para extender su análisis sobre la materialidad de la conducta, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal. "Esta Procuraduría, jamás le ha apostado, ni le va a apostar al fracaso de la JEP. Por eso venimos ante la JEP con los recursos que nos entrega el Estado de Derecho, respetando la institucionalidad para la paz", expresó Carrillo. 

En el recurso indica que hay que cumplir las reglas de juego "si no queremos que se nos desmorone la paz". Y pide no flexibilizar los escenarios de una justicia que "no puede desnaturalizarse".

La Procuraduría le pidió a la sala de apelaciones que tenga en cuenta las nuevas pruebas que tiene la Fiscalía en su poder. Entre las nuevas evidencias, está la declaración de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, que sirve como testigo protegido de Estados Unidos. Marín salpicó a Santrich en una declaración rendida en el marco de una sorpresiva negociación de último minuto con la justicia colombiana. También se tendría que evaluar el video de 7 minutos en la casa de Santrich en Modelia, en donde se reúne con dos emisarios de la supuesta organización de narcos mexicanos, que en realidad eran fuentes controladas por la DEA.

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"Hemos solicitado a la Sala de Apelaciones que haciendo uso de su competencia, ordene el traslado de todas las pruebas con que cuenta la Fiscalía General, para que con estas nuevas evidencias se reafirme que los hechos delictivos imputados se cometieron con posterioridad al 1 de diciembre de 2016", precisó el Ministerio Público.

Para la Procuraduría no existe vacío alguno entre normas, ni duda sobre que las conductas se cometieron después del 1 de diciembre de 2016, como ya la autoridad judicial de Estados Unidos lo estableció. De modo que la garantía de no extradición -subraya el Ministerio Público- es improcedente y el caso Santrich debe pasar a manos de la Corte Suprema de Justicia.

Además, añade que su apelación no constituye un ataque contra la JEP, más bien, recalca que se presenta directamente ante el tribunal especial “respetando la institucionalidad para la paz, honrando el Estado de Derecho y no acudiendo a soluciones por fuera de la Constitución”.