Procuraduría suspende al alcalde de Tumaco

En la mañana de este lunes, la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión por tres meses a Julio Cesar Rivera Cortés, alcalde de Tumaco, por presuntas irregularidades en el retiro del servicio de la gerente de la ESE Divino Niño y la posterior toma de las instalaciones del hospital.

De igual manera, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal citó para el próximo 12 de marzo a las 10 de la mañana a audiencia pública de juzgamiento disciplinario al funcionario con el fin de establecer las razones por las que habría solicitado la dimisión de la gerente del hospital Carolina Farinango Hernández, con el argumento de querer trabajar con las personas que lo habían apoyado políticamente.

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La decisión se tomó una vez agotada la etapa de indagación preliminar, en la cual se individualizó al alclade como el presunto responsable de la comisión de la falta disciplinaria endilgada. Hecho al que se sumó la forma en la que la gerente y los funcionarios del hospital fueron sacados arbitrariamente de sus sitios de trabajo, destruyéndose elementos y documentos de la institución.

La decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde Rivera Cortés tuvo origen en el hecho de que por su cargo podría interferir en la actuación disciplinaria. El alcalde podrá rendir versión libre sobre las circunstancias de la comisión de la presunta falta disciplinaria, solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en la diligencia y presentar descargos. La falta cometida por el alcalde de Tumaco fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo, por lo que al parecer implicaría una violación manifiesta de la Ley.

En enero pasado, SEMANA publicó el caso que hoy tiene en líos al mandatario local. En ese artículo se contó cómo en Colombia pocos lugares ocupan con tanta frecuencia los titulares de prensa como Tumaco, Nariño. Desde hace meses, e incluso años, el abandono estatal, los alarmantes niveles de pobreza, el desempleo, el narcotráfico y las oleadas de violencia de diferentes grupos armados tienen en permanente crisis ese puerto sobre el Pacífico. Hace tan solo dos semanas, el gobierno envió un importante contingente militar para tratar de controlar la caótica situación de orden público en el lugar y sus alrededores.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, desde hace 7 meses los cerca de 200.000 habitantes ven con preocupación un nuevo drama en su municipio, esta vez por cuenta de una polémica decisión del alcalde Julio César Rivera. La historia comenzó luego de su posesión el 26 de abril de 2017. Dos días después convocó a una reunión a Carolina Farinango, gerente del Hospital Divino Niño, la institución de salud más grande del municipio y una de los principales del departamento.

“Yo estaba reunida con mi equipo esperándolo y cuando llegó el alcalde me dijo que habláramos los dos solos. Y ahí me pidió la renuncia”, contó Farinango a SEMANA. “Mi visita es más personal que oficial, es para manifestarle a usted el interés que yo tengo de que como gerente de la ESE entienda que es un proyecto político, yo he de gobernar con las personas que a mí me ayudaron, eso es un tema lógico en cualquier escenario de la democracia en el país o en el mundo: el que llega le toca gobernar con las personas que ha trabajado. Y mi pedido es a que usted me facilite eso, ¿no?, me facilite esa posibilidad de, como gerente y de lo personal”, dice el alcalde en uno de los apartes de esa reunión.

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La gerente se negó. Para ese momento, llevaba un poco más de un año, su cargo no depende de la Alcaldía y su periodo fijo iba hasta 2020. Más allá de esto, muchos trabajadores y habitantes del municipio reconocen la buena gestión que había realizado Farinango. Logró recuperar las finanzas y cancelar los salarios atrasados de una entidad que atiende las necesidades de salud del 80 por ciento de los pobladores del municipio.

Un día después de la negativa, el secretario general de la Alcaldía abordó al compañero de la funcionaria para insistirle en persuadir a Farinango de renunciar. De no hacerlo, le dijo, debía asumir las consecuencias debido a que podían “empapelarla” y sacarla del cargo con la ayuda de sus contactos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Las presiones continuaron por diferentes vías, razones y presiones. Unas semanas más tarde, ante la negativa de ella, el mandatario derogó las normas del concurso que ella ganó para asumir el cargo y dejó sin efecto su nombramiento. En un acto inusual y escandaloso, el 4 de julio empleados de la Alcaldía acompañados de un nutrido grupo de policías ingresaron al hospital con el fin de expulsar a Farinango. “Me sacaron a la brava. Comenzaron a revisar las oficinas de todos los funcionarios y a sacarlos a la mala. A mirar y sacar papeles. Todo fue un caos”, afirmó la gerente.

La funcionaria instauró denuncias ante diferentes organismos de control para reclamar sus derechos. “Entonces comenzaron las amenazas. Me tocó salir del municipio, pero las amenazas no pararon. Llegaron hasta la casa de mis padres en Cali y a mi mamá le decían que ya sabía lo que me iba a pasar si seguía insistiendo. Pedí protección a la UNP, pero no me ayudaron. Nadie me ayudó”, contó Farinango.

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En todo caso, el hospital es un botín jugoso más allá del punto de vista político. No solo por la gran cantidad de cargos, sino por el inmenso presupuesto de 23.000 millones de pesos que maneja anualmente.

Farinango hizo llegar sus denuncias y acudió a declarar a la Procuraduría General. Allí ordenaron una serie de pruebas e inspecciones efectuadas en los últimos meses. Con la decisión de hoy de suspender al alcalde el caso tomó un nuevo rumbo.