A profundidad

La semana pasada, después de 19 meses de investigación, la Fiscalía terminó de unir varias piezas del complejo rompecabezas planteado por el hallazgo, el 6 de septiembre de 2000, de un submarino en una bodega en el kilómetro 30 de la vía que conduce de Bogotá al municipio de Facatativá.

Lo que el oficial de la Sijin Jesús Antonio Moya encontró allí fue tan insólito que fue registrado en los principales medios de comunicación en todo el mundo: a 2.500 metros sobre el nivel del mar, había un moderno y sofisticada nave que estaba en la fase final de ensamblaje. Pocos días después llegaron al país algunos de los funcionarios de más alto rango en la lucha antinarcóticos de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia.

La dimensión del aparato les permitió a los funcionarios determinar que podría transportar 200 toneladas de cocaína y que su diseño le permitiría sumergirse en las aguas del Caribe en un largo trayecto que lo podría llevar desde Cartagena hasta las costas guatemaltecas o mexicanas. Allí se haría el trasbordo de la droga a barcos de gran calado para llevarla a su destino final, probablemente los países de la antigua Unión Soviética.

Tras esas primeras conclusiones y especulación sobre los verdaderos propietarios del submarino la investigación pasó a manos de la Fiscalía General.

La Fiscalía estableció que un hombre llamado Iván Clavijo Uribe, quien está ausente, fue el responsable de coordinar la financiación y dirigir la construcción del submarino, debido a eso le dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por narcotráfico. Según la fiscal bogotana que dirigió la investigación, Clavijo fue el encargado de coordinar el proyecto del submarino para una organización de narcotraficantes con dos centros de operaciones simultáneos en Medellín y Holanda y conectados con la mafia rusa.

Las autoridades judiciales encontraron también un nexo entre la organización de narcotraficantes y el asesinato de dos personas que tomaron parte en el ensamblaje de la nave. Una de las víctimas fue identificada como Marinus van Kiut, un ciudadano holandés asesinado cerca de Facatativá a finales de 1999. Según la investigación fue Clavijo Uribe quien tramitó los documentos para reclamar el cadáver del extranjero y el transporte a su país de origen. Este hombre, de acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Justicia de Holanda, está relacionado con otro identificado como Krishnapersad Jagernath, conocido con el alias de ‘El Indio’, y quien enfrenta procesos por narcotráfico en Colombia y Holanda. Uno de los holandeses fue la persona que tomó en arriendo la bodega junto con Clavijo, utilizando el nombre de Steven Smith, según con lo que consta en el contrato de arrendamiento

La segunda víctima fue Martín Alonso Delgadillo Murcia, un experto en trabajos de soldadura, quien fue asesinado en el municipio de Mosquera, el primero de agosto de 2000. Según relató uno de los testigos clave dentro de la investigación, poco antes de ser asesinado Delgadillo, le dijo que estaba atemorizado por el trabajo que venía desempeñando en la bodega ya que había descubierto que algunos de los dueños del submarino eran paramilitares. El testigo también contó a la fiscal que estuvo varias veces en la bodega donde se ensamblaba el submarino y cómo, sin querer, fue testigo de la forma en que un grupo de hombres armados y vestidos con prendas militares y capuchas guardaban en una caleta dinero y armas de fuego.

Los investigadores están evaluando la veracidad de las afirmaciones de este testigo en relación con la posible vinculación de paramilitares al caso. Lo que sí es seguro es que una alianza de narcotraficantes holandeses, colombianos y rusos estuvo detrás del submarino. Ahora falta que las autoridades de Holanda y Rusia encuentren las piezas faltantes de este rompecabezas, cuya complejidad revela la dimensión de las conexiones internacionales de la mafia colombiana.