¿Qué tanto deben hacer los equipos de trabajo de los congresistas?

Las advertencias del procurador Fernando Carrillo sobre los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativas (UTL) tienen a los congresistas preocupados. Esto porque la Procuraduría los tiene en la lupa y está investigando posibles irregularidades. Además, Carrillo envió una carta a los presidentes de Cámara, Alejandro Chacón, y Senado, Ernesto Macías, pidiendo que regulen el funcionamiento de las UTL.

El caso más reciente es del representante liberal Hernán Estupiñan, suspendido por la Procuraduría durante tres meses, después de que un exmiembro de su UTL denunciara una supuesta solicitud de dádivas por parte del parlamentario. Además, encontró una “presunta conducta irregular de nombrar funcionarios que, al parecer, no desempeñan sus labores en el Congreso en Bogotá, sino que permanecen en sus regiones de origen y no prestan sus servicios a la actividad legislativa para la que fueron vinculados”.

Este último punto preocupa especialmente a los demás parlamentarios, quienes por lo general tienen una UTL que trabaja no solo en el Congreso, sino en las regiones que representan los parlamentarios.

Por eso, más de 100 congresistas entre representantes y senadores radicaron un proyecto de ley interpretativa que busca “aclarar que los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo pueden ejercer sus funciones desde cualquier lugar del territorio nacional es una medida conveniente, oportuna y ciertamente ajustada a los valores democráticos de nuestra Constitución”. Este trabajo fuera del Capitolio tiene como propósito, según explican, conocer las inquietudes de la población que reside en los distintos entes territoriales.

Radicado proyecto de ley by Semana on Scribd

“La UTL deben acompañar el trabajo en región, en Bogotá está de planta el personal de la cámara. Ellos son vitales para que retroalimenten el ejercicio legislativo y esto se traduzca en debates de control político”, aseguró a SEMANA el representante Carlos Ardila (liberal), impulsor del proyecto de ley.

Además, con este proyecto que interpretaría el artículo 388 de la Ley 5 de 1992, buscan aclarar que los miembros de la UTL pueden apoyar al congresistas “en el cumplimiento de todas sus funciones y labores, sean estas legislativas, políticas, de control, técnicas, sociales, de campaña política, de comunicación, rendición de cuentas o cualquier otra que el Congresista le asigne, relacionada con sus funciones constitucionales y legales”.

Lo que pide el procurador

Sin embargo, este proyecto de ley que se radicará no responde las solicitudes del procurador Carrillo para reglamentar las UTL. Por ejemplo, que se aclare que “está prohibida cualquier forma de requerimiento, solicitud o coacción para utilizar los recursos pagados a los miembros de la UTL, con fines diferentes a la remuneración de los servicios efectivamente prestados”.

Uno de los principales problemas es que las UTL no están vigiladas. Por eso, si bien el procurador pide que se especifíque que los asesores pueden trabajar también desde las regiones, sus actividades allí deberían ser “documentadas y supervisadas, recurriendo a mecanismos de control como la presentación periódica de informes y la permanente comunicación funcional”.

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Además, sugiere que la Oficina de Control Interno de Gestión del Congreso verifique y haga seguimiento a este trabajo para así contar con el registro documental y electrónico acerca de las regulaciones internas, protocolos y acciones de control en esta materia.

Este será un debate álgido en el Congreso, debido a que cada congresista cuenta con una unidad de trabajo a su servicio, el cual puede ser de máximo 10 personas y no puede costar más de 50 salarios mínimos. Lo cual suma por todo el Congreso 136.000 millones de pesos.