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Tumbar sentencias con referendo, la propuesta del Centro Democrático

Un proyecto de ley del partido de gobierno busca que las decisiones de la Corte Constitucional, que traten sobre derechos fundamentales, sean sometidas a refrendación popular. ¿Qué consecuencias tendría la implementación de esta propuesta?


Muchas conquistas sociales en Colombia se han alcanzado de súbito. Cuando menos se espera salta la liebre. Trascendentales reformas, en vez de ser discutidas y votadas en el Congreso, como sucede en otros países, aquí se han concretado por cuenta de la Corte Constitucional. Este tribunal ha puesto en marcha derechos antes no reconocidos. Asuntos como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto en tres causales y el consumo de la dosis personal, entre otros, son realidad gracias a la interpretación que los magistrados de esta corporación le han dado a la Constitución durante casi 30 años.

Pero las consecuencias del rol activo de la Corte trascienden sus propios fallos. Mientras muchos celebran sus posturas y la consideran promotora de libertades individuales, sectores más conservadores creen que se ha arrogado facultades que no le corresponden, contrariando valores que son del afecto de millones de colombianos. Bajo esta última premisa, el Centro Democrático decidió formular un proyecto de ley que busca abrir la puerta para que los ciudadanos puedan solicitar, mediante un referendo, la anulación de providencias de la Corte Constitucional cuando consideren que estas van en contra de sus principios fundamentales.

La propuesta, de la autoría del representante Álvaro Hernán Prada, aplicaría solamente sobre sentencias referidas a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y exigiría la participación, como mínimo, de una cuarta parte del censo electoral para que tenga validez. “Queremos que el constituyente primario se pronuncie y pueda rechazar la interpretación inadecuada que hayan podido tener los jueces. Si eso no se puede, no estamos en una democracia, sino en un Gobierno de los jueces”, afirma Prada. El político acusa al tribunal constitucional de sobrepasarse en sus funciones y de “otorgarse un poder sin límites”.

SEMANA consultó a expertos constitucionalistas para saber sobre las posibles consecuencias del proyecto de ley. Todos coinciden en la inconveniencia de que la ciudadanía asuma la labor del juez, especialmente porque las decisiones dejarían de basarse en la ley y pasarían a ser netamente políticas. “Si le ponemos una decisión política por encima a la Corte, entonces dejaría de ser un órgano de cierre. Y lo que es peor, no prevalecerían las normas y reinarían las emociones en las urnas que pueden ser manejadas por liderazgos o coyunturas”, dijo Juan Manuel Charry, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Otro aspecto problemático del proyecto gira alrededor de las sentencias que potencialmente podrían ser objeto de referendo, como explicó Esteban Hoyos, profesor de derecho constitucional de la Universidad Eafit. Por ejemplo, los derechos de la comunidad LGTB, cuyo reconocimiento empezó en los noventas por fallos de la Corte, no estarían exentos de ser puestos a consideración del resto de los colombianos. Este es un ataque que se dirige contra grupos tradicionalmente discriminados, algunos minoritarios, que han logrado la protección de sus derechos gracias a la jurisprudencia de la Corte”, aseguró Hoyos.

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Por su parte, Johanna Cortés, profesora de la Universidad del Rosario, expresó su preocupación por lo que considera una amenaza al rol contramayoritario que tiene la Corte Constitucional y advirtió que la instauración de una democracia plebiscitaria en temas de derechos es muy peligroso. En la misma línea, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, fue enfática en que la Corte es la encargada de limitar el poder de las mayorías y, citando a John Rawls, recordó que los derechos no están sujetos al regateo político. Someter a votación las decisiones de la Corte, que muchas veces son decisiones contra las mayorías, es destruir la jurisdicción constitucional.

El polémico proyecto aparece al mismo tiempo que el senador Álvaro Uribe y sus copartidarios vuelven a hablar de  la creación de una corte única. A finales del mes de julio, el jefe del Centro Democrático durante una plenaria del Senado, en la que se discutía la reciente renuncia del magistrado Carlos Bernal Pulido a la Corte Constitucional, reiteró su deseo de que exista un solo tribunal de cierre que unifique jurisprudencia. El expresidente recordó que su partido presentó un proyecto en este sentido, que fracasó en 2014, y admitió que no creía que hubiera mayorías para insistir.

Sin embargo, a raíz de la medida de aseguramiento en su contra por el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presunto fraude procesal y soborno, la polémica propuesta empezó a tomar aún más fuerza. La senadora Paloma Valencia hizo público su interés por llevar a cabo una asamblea constituyente que, entre otras cosas, modifique la arquitectura judicial del país y haga realidad el deseo del expresidente Uribe Vélez.

Se necesita una constituyente para crear una corte única que permita unificación, claridad y anule el sentimiento de trampa que muchos colombianos piensan”, afirmó Valencia, quien también arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que sería eliminada en dicha constituyente.

Por el momento, el proyecto no ha sido radicado por el representante Prada. Este integrante del Centro Democrático, como se sabe, está también procesado en el caso en que la Corte impuso medida de aseguramiento contra Uribe. A Prada se le investiga por supuestamente haber tratado de conectar con el testigo Juan Guillermo Monsalve, quien está recluido en La Picota y denunció presiones para hacerlo retractar. La Corte se abstuvo de resolverle situación jurídica a Prada. El representante estaba dándole los últimos ajustes al proyecto de ley cuando se produjo la decisión de la Corte contra el expresidente. Lo más probable es que de radicar el nuevo proyecto, tampoco encuentre respaldo en el Congreso.

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