¿Puede revivir la polémica reforma a la Justicia?

Desde hace varios meses, en el mudillo judicial se viene hablando de la posibilidad de que la una vez hundida reforma a la Justicia -a la que le colgaron verdaderos ‘orangutanes’ para beneficiar a congresistas y magistrados-, pudiera recobrar vida por cuenta de una decisión que se cocina en el Consejo de Estado hace varios meses.

En ella, se analiza la legalidad del decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos con el que convocó a sesiones extras al Congreso para votar la polémica normativa.

Este martes, en Sala Plena, los magistrados del alto tribunal tienen en sus manos esa posibilidad. Entretanto, Semana.com conoció apartes de la ponencia que presentará la magistrada María Claudia Rojas, en la que señala que el decreto expedido por Santos es ilegal, por lo cual debe ser anulado. En primera instancia, ella plantea que los efectos de dicha decisión deben ser a futuro, con lo que se busca que la fallida reforma se mantenga enterrada.

El argumento principal versa acerca del artículo 149 de la Constitución Política, que indica que “Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del Poder Público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes.

Pero la votación está por verse: un primer grupo de 13 magistrados piensa que el decreto presidencial carece de legalidad, por lo cual se debe anular. Sin embargo, tienen la tesis de exhortar al Congreso para que tome una decisión definitiva. Es decir, sin decreto firmado, el proyecto queda vivo todavía, con lo que el Legislativo debe promulgarlo como le ordena la ley para que entre en vigencia.

Otro grupo de juristas exhibe una tesis que vincula a la Corte Constitucional, que previamente se declaró inhibida para conocer el asunto por la existencia de un decreto. En este escenario, ese alto tribunal será el que defina el futuro del acto legislativo, puesto que al anular el decreto del presidente, el proyecto queda vivo y queda sujeto a control en esa corte que definirá si está apegado a la carta magna o no.

Otros nueve togados tienen la tesis de que, al no ser promulgado ni sancionado por el presidente de la República, el acto legislativo carecen de toda validez jurídica, por lo cual no existe la posibilidad de que regrese a la vida.

La realidad es que el bloque mayoritario sólo necesita un voto para llegar a 14, con lo que la moción de dichos magistrados sería una realidad. En medio de la deliberación estarán tres conjueces que son piezas claves. Dos de ellos son juristas de grueso calibre como el exmagistrado Gustavo Zafra y el también exintegrante del Consejo de Estado Gabriel de Vega.