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| 1/26/2004 12:00:00 AM

Puja por la Defensoría

Rumores sobre el supuesto ofrecimiento de puestos a cambio de votos en la Cámara de Representantes enrarecen la elección del nuevo Defensor del Pueblo.

Puja por la Defensoría Puja por la Defensoría
La eleccion del nuevo defensor del pueblo ha desatado un revuelo en el mundillo de la política nacional. La historia de lo que está pasando en la Cámara de Representantes, junto con todos los tejemanejes del caso tras bambalinas, no tiene nada que envidiarle a cualquier serie de la televisión. El cuento arrancó el 31 de agosto de 2003, un año exacto antes de terminar su mandato constitucional, cuando el ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes dejó el cargo de defensor del pueblo. Los conservadores aprovecharon la coyuntura para solicitarle a Alvaro Uribe que nombrara en su reemplazo a una persona afín a este partido político, en reconocimiento al apoyo que esta colectividad le había dado en el Congreso al Presidente. Y así fue.

En la primera quincena de septiembre, Uribe encargó de la Defensoría al abogado Volmar Pérez, que para entonces se desempeñaba como veedor de la misma entidad, cargo al que había sido trasladado por Cifuentes después de estar encargado previamente de la oficina delegada de derechos económicos, sociales y culturales, y de la dirección nacional de quejas. Siete años de trabajo en la Defensoría y haber sido la mano derecha del representante conservador Roberto Camacho, un político cercano al Presidente, lo catapultaron a la silla de defensor. Todo hacía suponer que allí se quedaría Pérez encargado hasta el 31 de agosto de este año, cuando se vencía el período de su antecesor Cifuentes. Sin embargo, una carta que le envió el procurador Edgardo Maya al Presidente a comienzos de diciembre del año pasado provocó un súbito cambio de giro en esta historia. Maya le solicitó a Uribe que conformara "cuanto antes" la terna de candidatos para que la Cámara de Representantes escogiera un nuevo defensor en propiedad por el tiempo que faltaba, es decir, seis meses.

Terna sorpresiva

El jueves 18 de diciembre, en horas de la mañana, la terna llegó en forma sorpresiva a la Cámara. El Presidente, fiel al compromiso que tenía con los conservadores, sólo incluyó como candidatos a personas cercanas a estos de una u otra forma. La terna quedó conformada por el defensor encargado Volmar Pérez, la entonces gobernadora de Risaralda Elsa Gladys Cifuentes y el abogado Mario Gómez, actual director de la Fundación Restrepo Barco y quien había ocupado la vicepresidencia social de Fenalco en tiempos de Sabas Pretelt de la Vega, el hoy ministro del Interior y de Justicia. Esta cercanía explicaría en parte la inclusión del nombre de Gómez en la terna. La única sorpresa de ésta fue Cifuentes, a quien se identifica con la Nueva Fuerza Democrática del ex presidente Andrés Pastrana. Ella, según una representante uribista que la conoce, le había dicho a Uribe que le interesaba el cargo. El Presidente recordó este detalle a la hora de conformar la terna y, como además necesitaba incluir en ésta una mujer, aprovechó la oportunidad para matar dos pájaros de un solo tiro.

El mismo 18 de diciembre, mientras Elsa Gladys Cifuentes se reunía en los pasillos del Congreso con grupos de representantes a la Cámara para tratar de convencerlos de que votaran por ella, Pérez se encontraba en Riosucio, Caldas, en una audiencia con la comunidad embera chamí. Apenas se enteró de la noticia regresó en forma precipitada a Bogotá, para hacer lo propio. Gómez también tuvo que viajar, pero desde Nueva York y apenas pudo hablar con los representantes unas horas antes de la votación que se llevó a cabo el viernes 19. Para cuando ésta se llevó a cabo estaba claro, según los representantes, que Cifuentes tenía la mayoría del apoyo. Contaba con los votos de la bancada uribista y con la mitad de la de los conservadores encabezados por Alonso Acosta y Telésforo Pedraza. El resto (unos 30 liderados por Roberto Camacho) estaban con

Pérez, que a su vez se repartía los votos del Polo Democrático con Gómez.

Esa noche y la madrugada del sábado, la entonces gobernadora de Risaralda aparecía como virtual ganadora, cuando se propuso que la elección del Defensor se hiciera después. Sólo 71 representantes se mostraron a favor de esta idea, los 76 restantes querían que se votara de inmediato. Los primeros amenazaron entonces con retirarse del recinto, con lo cual no habría quorum para aprobar la reforma tributaria y pensional. Como estas eran la prioridad del gobierno, la mesa directiva de la Cámara aplazó la elección hasta el 16 de marzo de este año.

Al día siguiente, cuando el presidente Uribe llamó a varios representantes a darles las gracias por haber aprobado las reformas, a uno de ellos le preguntó en forma sucinta qué era lo que había pasado con la elección del defensor. El congresista conservador que había apoyado a Pérez le respondió que la inclusión de Cifuentes en la terna había "enturbiado el proceso". Lo paradójico es que la misma opinión tiene una representante uribista que votó por ella, pues cree que la entonces gobernadora al ser nominada estando aún en funciones "enrareció el ambiente", porque este hecho propició que se hablara de eventuales inhabilidades para no elegirla.



Defensoria en interinidad

La realidad es que la gran perdedora en todo este proceso fue la Defensoría como institución, pues sólo hasta marzo tendrá defensor en propiedad. Mientras tanto, Pérez sigue encargado y cualquier acción que lleve a cabo es vista con suspicacia por quienes siguen de cerca el proceso de elección. El martes 13 de enero, por ejemplo, Darío Mejía, secretario general de la Defensoría, les pidió la renuncia a los directores regionales, que son funcionarios de libre nombramiento y remoción. A uno de estos, Mejía le dijo "en términos perentorios" que necesitaba su renuncia al día siguiente, antes de las cinco de la tarde, pues de lo contrario el Defensor se vería en la obligación de declararlo insubsistente a partir del jueves de esa semana.

Al ser consultado sobre el particular, Pérez dijo que la "renuncia fue un acto protocolario y que ningún regional, salvo un solo caso, va a ser tocado". No obstante, uno de estos directores al ser consultado sobre el mismo tema no se mostró tan confiado e insistió en que el defensor aprovechará la ocasión para hacer a un lado a unos cuatro o cinco que no se han plegado "al mutismo y el autismo en el que cayó él para poder seguir en el cargo". Este funcionario piensa, y no es el único en la entidad, al igual que muchos observadores externos, que el actual defensor es demasiado cercano al presidente Uribe, lo que compromete su independencia, y que esta situación no cambiaría si en su reemplazo resultan electos Cifuentes o Gómez. Para quienes piensan así cualquiera de los integrantes de la terna va a ser un defensor de bolsillo del Presidente, contrario a Eduardo Cifuentes, que fue uno de los grandes críticos de la política de seguridad democrática de Uribe y de quien no olvidan sus subalternos que sentenció al comienzo de su mandato: "Así tenga que vivir de la cooperación internacional, no voy a entregarle la Defensoría al Congreso".

Por otra parte, en los últimos días han comenzado a circular rumores de que tanto Pérez como Cifuentes estarían ofreciendo puestos a los representantes a cambio de su voto. Por supuesto, ambos candidatos niegan este hecho, aunque reconocen que sí han hablado con los políticos. y que conversar no implica necesariamente comprometerse. La semana pasada, por ejemplo, ambos candidatos se presentaron ante la Dirección Nacional Conservadora y Pérez dijo que tuvo acercamientos con Zulema Jattin, que en diciembre apoyó a Cifuentes. Los funcionarios de la Defensoría dicen que en realidad tampoco hay mucho qué ofrecer.

La nómina de esta entidad está congelada desde su nacimiento en 423 funcionarios, la mayoría de los cuales son de carrera administrativa. Sólo son de libre remoción y nombramiento los cuatro directores nacionales, los encargados de las seis delegadas, los directores de las regionales y los defensores públicos. El defensor dice que estos son algo más de 900, aunque algunos funcionarios suyos sostienen que son 1.300 y que la demora en renovar sus contratos es normal. Que lo hará a finales de enero a la gran mayoría, que recibió una buena calificación, y que buscará los restantes en el banco de hojas de vida que tiene. Sólo resta entonces esperar a que la Cámara escoja el próximo 16 de marzo, pero en últimas lo único seguro de todo este proceso es que durante los próximos cuatro años el defensor será conservador hasta los tuétanos.

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