Pulso de poderes

El presidente Álvaro Uribe y el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, han tenido que aprender a soportarse. En el paro de transportadores, la ayuda del Presidente fue fundamental para el alcalde. Pero es tan amplia la agenda que tiene que ver con ambos gobernantes, que hace poco decidieron la creación de una mesa de concertación para limar asperezas sobre El Dorado, TransMilenio, la financiación de la expansión de la ciudad y el desarme.

El tema más álgido es El Dorado. Garzón siempre ha mostrado reparos al proceso de licitación para la ampliación del aeropuerto. Lucho piensa que mientras la Nación sólo tiene mente para el problema del terminal, a la ciudad le tocará lidiar con los efectos del aumento de pasajeros y carga: llevar TransMilenio, abrir nuevas vías de acceso, servicios públicos, parqueaderos y reubicar en 10 años a las 12.000 familias que viven a los lados de las pistas.

También hay diferencias de concepción. Bogotá aspira a construir una ciudad-aeropuerto, para convertir El Dorado en uno de los polos de desarrollo y para esto se necesitaría una profunda transformación del uso de la tierra alrededor, con el fin de desarrollar los negocios que hoy genera un terminal aéreo, como bodegas, centros logísticos y de negocios, hoteles, comercio, entretenimiento. Esto no se logra con un aeropuertico o una "pichurria", como lo ha advertido el Alcalde.

Uribe propone crear una empresa de capital nacional y distrital para que lidere la inversión, pero en vista de que ni el Ministerio de Transporte ni la Aeronáutica Civil han adelantado el proyecto, la administración Garzón está terminando uno que será entregado en los próximos días al Presidente.

Bogotá quiere comprometer a Uribe antes de que se entregue la licitación. Para Garzón, si este proceso no se hace bien, los aeropuertos de Panamá o Caracas podrían terminar desplazando al El Dorado como punto de llegada y salida de vuelos.

Una troncalita

El gobierno quiere reducir su aporte para la Fase III de TransMilenio en Bogotá, que incluye las carreras séptima, décima y la Avenida El Dorado. En esta obra, estimada en 835 millones de dólares, el gobierno cree que un kilómetro-carril vale 7,1 millones de dólares, mientras que el Distrito advierte que vale 14 millones de dólares. La diferencia está en que Planeación Nacional dice que sólo deben financiar los carriles y las estaciones de TransMilenio y no el entorno, que es responsabilidad de Bogotá.

Garzón dará la pelea hasta el final para que el gobierno cumpla las promesas establecidas a través de documentos Conpes, ya que si se disminuye el aporte de la Nación, la ciudad tendría que entrar a sacrificar obras sociales o postergar en el tiempo el cubrimiento de TransMilenio.

Cargas y beneficios

El gobierno está preocupado porque en todas las ciudades y los municipios grandes del país, especialmente Bogotá y Medellín, se están presentando demoras para autorizar la inclusión de nuevo suelo a las ciudades. El efecto de esto, dijo a SEMANA la ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez, es que la tierra está tomando precios exagerados, se está frenando la construcción de vivienda de interés social, y las casas se están encareciendo.

El Ministerio está concertando un decreto con alcaldes y constructores para definir en los lotes por urbanizar qué vías, servicios públicos y equipamiento debe pagar la ciudad y cuáles los urbanizadores.

Aunque la medida sólo saldrá en un mes, el alcalde Garzón y la directora de Planeación Distrital, Catalina Velasco, dicen que la ciudad tendría que darles 2,5 billones de pesos en obras a los urbanizadores, obras que hoy día deben ser financiadas por los privados. En juego habría recursos superiores a la valorización por 10 años que logró aprobar la administración Garzón.

A desarmar

Además de hacer un referendo que consulte a los bogotanos si los civiles deben portar o no armas, en los próximos días el alcalde Garzón ordenará suspender su porte en civiles, incluso con salvoconducto, de uno a tres meses. Mientras el presidente Uribe ha dicho que está de acuerdo con la consulta, pero no con el desarme, Garzón considera que se debe abrir un debate nacional que le devuelva al Estado el monopolio del uso de las armas. "El que tiene plata arma su ejército particular que, además de intimidar con las armas, invade el espacio público, hace lo que le da la gana y no tiene ningún código ético", dijo el Alcalde a SEMANA.

Villa Adelaida

Una casona de principios del siglo XX, ubicada entre el distrito financiero de la calle 72 y la Zona G, se ha convertido en el símbolo del pulso entre la Nación y Bogotá. El Ministerio de Cultura busca que, a cambio de restaurar y conservar la casa, el propietario pueda hacer dos sótanos de parqueaderos, un hotel y un centro comercial de 6.000 metros cuadrados vendibles. Pero, según las normas capitalinas, en este predio sólo se pueden hacer hasta 500 metros cuadrados de comercio. El Ministerio considera que por ley tiene el derecho de modificar las normas urbanísticas de los municipios.

Si el Ministerio triunfa con su tesis, algunos de los 161 bienes de conservación que hay en Bogotá,podrían también brincarse las normas urbanísticas por este camino. El alcalde Garzón le dijo a SEMANA que si el Presidente permite que "la Ministra de Cultura se convierta en la nueva jefe de Planeación del Distrito, como en el caso de Villa Adelaida, no le jalamos".