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| 7/13/1998 12:00:00 AM

A PUNTO DE SALIR

El Tribunal Nacional rectificó la mayor injusticia del proceso 8.000, la condena de Juan Manuel Avella por enriquecimiento ilícito.

A PUNTO DE SALIR A PUNTO DE SALIR
Siempre se ha pensado que hubo muchos culpables que se quedaron por fuera del proceso 8.000. De lo que no parece haber duda a estas alturas es de que hubo al menos una persona vinculada injustamente al proceso. Se trata de Juan Manuel Avella, quien quedó a punto de salir en libertad la semana pasada, cuando el Tribunal Nacional aceptó los argumentos esgrimidos por la defensa del ex director administrativo de la campaña Samper Presidente y lo exoneró del cargo de enriquecimiento ilícito en beneficio de terceros. El otro cargo por el cual había sido condenado y que fue ratificado, el de falsedad documental, es excarcelable.La historia es tan sencilla que para algunos analistas resulta sorprendente la magnitud de la injusticia que se cometió con Avella y el tiempo que tomó rectificarla. Avella, siguiendo órdenes de Fernando Botero, manejó la contabilidad de la campaña Samper Presidente con la flexibilidad necesaria para acomodarla a la violación de los topes. Pero todos los implicados en el proceso, incluido el propio Fernando Botero, han declarado que de las pocas personas que no podían tener idea de que los dineros que ingresaban a la campaña provenían del cartel de Cali era el señor Avella. En esas circunstancias era absurdo condenarlo por enriquecimiento ilícito en favor de terceros, como lo hizo un juez sin rostro a mediados del año pasado. Parte de la culpa la tiene Avella por haber decidido negar todo en lugar de aceptar la parte de la culpa que le correspondía. En vez de reconocer que había mandado al publicista Mauricio Montejo a recoger una plata donde Alberto Giraldo, sin saber de quién era la plata que manejaba éste, decidió negar la totalidad de la operación. Esto lo dejaba en contradicción con Montejo, que no tenía ninguna motivación para mentir al respecto. Y en lugar de reconocer, entre otras cosas, que se habían triangulado operaciones de dineros legales, con el fin de burlar los topes de financiación de las campañas, también lo negó. Al ser pillado en esas mentiras, Avella pudo haber dejado la impresión de que estaba ocultando más cosas y a ello atribuyen los analistas su condena por enriquecimiento ilícito en beneficio de terceros. Pero la verdad es que, de acuerdo con la ley, este último delito solo es aplicable en los casos en que haya recepción de dineros provenientes del narcotráfico para beneficio propio o de terceros. Y se requiere, por lo tanto, que el implicado tenga conocimiento del origen de tales dineros. Y hasta ahora ninguna de las personas que han intervenido en el proceso 8.000 ha dicho que Avella lo supiera. Es por eso que desde el principio fueron muchos los que consideraron que el cargo contra Avella era excesivo.Lo curioso, en este caso, es que dado el hecho de que Avella firmó unos libros con datos falseados, y que con base en ellos el Estado le reconoció a la campaña Samper Presidente cerca de 2.000 millones de pesos, habría lugar, en estricto sentido, a pensar que la conducta del ex director financiero de la campaña contribuyó al enriquecimiento ilícito de un tercero: la propia campaña. Pero la ley es clara al tipificar el delito, y éste solo puede aplicarse a la plata de los narcos, nunca a la plata del propio Estado. Por eso, de lo máximo que podía ser acusado Avella era de falsedad en documentos. Y ese delito no lo hubiera tenido en la cárcel los 33 meses que lleva privado de la libertad.

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