¿Punto de quiebre?

Uno de los hombres que gravita en el círculo de confianza del presidente Álvaro Uribe revela que en los días en que ha estado forzado a guardar quietud en Cartagena se le ha visto molesto y deprimido: "Es natural que esté así, explica la fuente. Mientras él está atrapado allá, sin poderse mover de la ciudad amurallada, en Bogotá todos sus opositores están en una fiesta dándole palo y acabando su política de seguridad democrática".

En efecto, en lo que va corrido de la administración Uribe, los líderes de los partidos políticos de oposición (en especial del Partido Liberal y del Polo Democrático), los columnistas críticos del gobierno, los voceros de las ONG y los analistas independientes no le habían dado tanto garrote a la política de seguridad como ocurrió la semana pasada.

Esta situación se presentó por la mezcla de varios factores. En primer lugar, la sumatoria de varios ataques de las Farc que en sólo un mes provocaron la muerte de 56 miembros de las Fuerzas Armadas (ver mapa) en distintos lugares del país. Los que recibieron mayor despliegue informativo fueron los del puesto de la Armada en Iscuandé (Nariño), en el que la guerrilla reencauchó los cilindros de gas,un arma artesanal y letal que los colombianos ya creían en desuso, y el de Mutatá, en Antioquia, donde hubo un combate cuerpo a cuerpo en el que el Ejército salió mal librado al perder a 19 militares.

La interpretación de estos hechos pasó desde la analítica de Alfredo Rangel, para quien éstos "marcaban el comienzo del fin del repliegue de las Farc", hasta la demoledora sentencia del congresista de izquierda Gustavo Petro, quien considera "lo sucedido la confirmación de que la política de seguridad fracasó, hasta aquí llegó". Y opiniones de plano como la del vicepresidente Francisco Santos: "Todos estos hechos son lamentables pero la política de seguridad no ha sido afectada".

Más allá de quien tenga razón, lo cierto es que las salidas del presidente Uribe ante estas acciones armadas de parte de las Farc han sido desconcertantes. En el caso de Iscuandé les quitó el mérito militar a las Farc y culpó directamente a los infantes al informarle al país que en los días previos al ataque se habían relajado al punto de haber hecho fiestas con sus novias y habitantes del pueblo. Es probable que el Presidente tenga razón, pero en el estamento militar no cayó nada bien su acusación: no se había hecho una investigación oficial y aún los cuerpos de las víctimas estaban sin sepultar. "Mi hijo era un valiente. Jamás cometió una falta de indisciplina. Murió en defensa de este país y ahora me lo entregan sin vida y con una acusación de faltar a las normas", exclamó en televisión el padre del oficial muerto. Y en el caso de Mutatá, el Presidente descabezó al comandante de la Brigada 17, un oficial con 35 años de servicio militar.

Este hecho aumentó el malestar en la tropa. "El rasero no es igual para todos. Él era un oficial brillante al que tumbaron sin fórmula de juicio. En cambio, personas como el director del DAS, envuelto en múltiples escándalos desde hace semanas, sigue en el cargo como si nada", le dijo a SEMANA el viernes de la semana pasada un general que prefirió mantener su nombre en reserva.

La suma de estos ataques reabre el debate sobre la política de seguridad democrática y alrededor de las dos tesis que se han planteado hasta el momento para explicar el notable descenso de las acciones militares de las Farc en los últimos dos años: la del repliegue táctico de esta guerrilla, por un lado, y la que asegura que ese grupo ha recibido golpes estructurales.

En el mes de diciembre se produjeron algunos hechos que le dan más peso a la primera. Mientras los colombianos salían a sus vacaciones y alimentaban la ilusión de que la guerrilla estaba en sus últimas, ocurrieron varias acciones que van a marcar este 2005. De una parte, el gobierno extraditaba a Simón Trinidad y capturaba a Rodrigo Granda, dos símbolos importantes para las Farc, y en la selva entretanto se realizaba un plenum del Secretariado.

Aunque SEMANA no pudo establecer detalles de forma del número de comandantes que asistieron a la cita, lo trascendental son las decisiones tomadas, que pasan por un endurecimiento total. Las Farc consideran que después de dos años, el desgaste y cansancio de los militares empieza a hacerse evidente, por lo que es hora de empezar a golpearlos.

¿Tiene fuerza la guerrilla para hacer esto? ¿Podrían las Farc sostener durante varios meses este ritmo de operaciones? Oficiales consultados por SEMANA no ocultaron que gran parte de la tropa ha dado muestras de cansancio físico. Esto, si se tiene en cuenta que en el Plan Patriota hay 16.000 militares concentrados desde hace casi dos años. Además, las Fuerzas Armadas han llegado durante el gobierno de Uribe a poblaciones y caseríos antes inexpugnables. En estas condiciones hacer relevos, darles aire a las tropas y mantenerlos con la moral en alto es muy difícil. Eso lo sabe la guerrilla y por eso ha empezado a escalar los ataques.

Sin embargo, analistas como Eduardo Pizarro consideran que si bien estas acciones son "ofensivas", su origen en realidad es "defensivo" pues han sido distantes a la geografía del Plan Patriota. "Están buscando defender al Secretariado del cierre de la tenaza y quieren llevar al Ejército a pelear a otros puntos".

En conclusión, 2005 será un año decisivo. Si las Fuerzas Armadas logran continuar en la ofensiva y le cierran todas las puertas al Secretariado, las Farc entrarán en una etapa de debilitamiento irreversible. De lo contrario, si la guerrilla escala sus acciones y recupera espacios perdidos, tomará un aire que le servirá para reanudar sus acciones militares de gran envergadura. Y, de paso, desempeñar un papel relevante en el debate electoral de 2006.