¿Qué fue lo que pasó por allá?

M.I.R.: Comisionado, ¿qué fue lo que pasó por allá en La Ceja, que indujo al gobierno a cambiar a los paramilitares a la cárcel de Itagüí?

L.C.R.: El Presidente tomó una medida preventiva. Corrían rumores persistentes de jefes paramilitares recluidos en La Ceja relacionados con homicidios contra mandos medios de las autodefensas.

M.I.R.: ¿Usted personalmente cree en esos rumores?

L.C.R.: Los rumores sí han sido muy persistentes. Yo les he preguntado a los jefes de las autodefensas sobre ellos, y los han negado. Han dicho que se trata de mafias muy poderosas que operaban donde ellos operaban, e incluso han hablado de complicidad de miembros de la Fuerza Pública con esas mafias.

M.I.R.: Hummm. De ahí las advertencias del Ministro de Defensa. Pero ¿qué posibilidades hay de que la extradición sea un arma para resolver esta crisis de manera inmediata?

L.C.R.: En este momento, el Presidente no está considerando la extradición de ninguno de los jefes paras que están en la cárcel de Itagüí. Pero el gobierno sí ha recurrido a la suspensión de las órdenes de extradición para fortalecer los procesos de paz. Eso ha sucedido con las autodefensas y en un momento dado también se lo ofrecimos a las Farc, cuando se habló de suspender la extradición de 'Simón Trinidad', si ellos liberaban a los secuestrados que tienen en su poder.

M.I.R.: Lo que la opinión pública percibe es que de este lado amenazamos con la extradición, y de ese lado amenazan con la verdad…

L.C.R.: El gobierno y las instituciones no amenazan. Nosotros actuamos en el marco de la ley y de unos propósitos definidos constitucionalmente, como es el logro de la seguridad y la paz. Existe la duda sobre la actitud de los jefes de las autodefensas. Esas verdades a medias que están saliendo en los medios de comunicación generan sospechas de que ellos estén manipulando en el tema de la verdad.

M.I.R.: ¿Cuáles verdades a medias?

L.C.R.: El caso de la famosa reunión de 2001 en Paramillo cuyo documento no se conoce hasta el momento. Es la hora de que las autodefensas digan qué políticos firmaron ese documento y no que se siga administrando esa verdad a cuenta gotas.

M.I.R.: ¿Quiénes asistieron a esa reunión, qué fue lo que se firmó, y a qué se comprometieron los asistentes?

L.C.R.: Me enteré de la existencia del documento por el senador Miguel de la Espriella. Hemos exigido públicamente que se revele ese documento para que los jueces de la República adelanten esa investigación, si es que hay lugar.

M.I.R.: ¿Y será que el documento no existe?

L.C.R.: Yo he pensado eso. Que de pronto se les perdió. Pero alguno de esos jefes desmovilizados debería decirle al país qué fue lo que se firmó, y quiénes lo firmaron.

M.I.R.: Esta crisis con los paramilitares sí pienso que rebasa todas las anteriores. Hoy jueves, cuando le hago esta entrevista, ¿cómo piensa, señor Comisionado, resolverla?

L.C.R.: Creo que el proceso está pasando de una primera fase del desmonte de las estructuras paramilitares, a una segunda fase, que es la aplicación de la justicia. Ese tránsito de una fase a otra se está percibiendo por algunos de una manera catastrófica. De lo que se trata es de fortalecer esta segunda fase y no de hacerles eco a versiones catastróficas porque realmente creo que hemos avanzado en este proceso.

M.I.R.: ¿Es cierto que cuando llegó la semana pasada a La Ceja lo insultaron, lo escupieron y le faltaron al respeto?

L.C.R.: No, en ningún momento me faltaron al respeto ni me desafiaron. Tuvieron un discurso muy fuerte, actuó como vocero 'Ernesto Báez', había unos carteles en la pared que decían que el proceso se había roto por culpa del gobierno, y, durante toda su intervención, 'Báez' me mostró como un Maquiavelo que había urdido una trama para llevarlos a una cárcel de alta seguridad. Cuando al final de su intervención yo quise hablar, se retiraron de la sala y por instancias de monseñor Vidal volvieron cuatro de ellos. Yo entiendo el malestar de los jefes de las autodefensas de verse en una cárcel de alta seguridad, pero también tengo muy claro que desde la perspectiva del gobierno y del Presidente, se dio un paso necesario para consolidar la credibilidad del proceso. Se lo dije a ellos: si en realidad están amenazados por esas mafias tan poderosas, es mejor que estén en una cárcel de alta seguridad, porque así están más protegidos.

M.I.R.: ¿Es cierto que en la intención del gobierno de consolidar el proceso les está poniendo conejo en unas condiciones que les ofreció al principio?

L.C.R.: Es cierto que pactamos con ellos seguridad y austeridad. El ministro Sabas Pretelt, y después el ministro Carlos Holguín acordaron con ellos un régimen de mediana seguridad e incluso yo pacté con ellos un reglamento de confianza. Eso era lo que venía funcionando en La Ceja. El Presidente, en una decisión de autoridad y de manera unilateral, por considerar que el requisito de seguridad no se estaba cumpliendo a cabalidad, tomó la decisión de mandarlos a Itagüí, y eso es lo que los tiene molestos.

M.I.R.: ¿Esa decisión podría tener reversa?

L.C.R.: Por ahora no. No genero ninguna expectativa. La decisión la tomó el Presidente y no he escuchado de parte de él ningún comentario de que la va a reversar.

M.I.R.: Tengo entendido que en 'El Espectador' del domingo (y esta entrevista la estamos haciendo el jueves), el fiscal Mario Iguarán le pega a usted varios latigazos…

L.C.R.: Hoy tuvimos una reunión con el Fiscal y el señor Presidente de la República. Este le expresó al Fiscal su preocupación por la lentitud de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y sobre todo, por la lentitud en las versiones libres de los desmovilizados. Con el Fiscal tenemos una vieja polémica: cuando en el mes de abril el gobierno presentó un listado de 2.600 desmovilizados para acogerse a Justicia y Paz, él nos hizo saber que no podía recibir ese listado porque la Fiscalía colapsaría. Por eso nos demoramos muchos meses más en depurar ese listado, pero igual, cuando se presentó en el mes de agosto, nos pidió un decreto reglamentario (el 2898) para obligar a los del listado a que se ratificaran individualmente. Con el transcurso del tiempo se convirtió en el cuello de botella del proceso, porque hasta el momento sólo 17 paramilitares se han desmovilizado. El decreto se derogó, y ahora sí esperamos que las 2.700 personas reportadas comiencen a rendir su versión libre ante la Fiscalía.

M.I.R.: Entonces, ¿el proceso contra los paras no ha empezado por culpa de la Fiscalía?

L.C.R.: En parte. Prueba de ello es la preclusión de investigación sobre el líder de las autodefensas en el Magdalena Medio, el señor 'Mc Guiver', y la imposibilidad de encontrarle al señor 'Daniel', durante dos meses y medio, al que acusaban de ser el jefe de la 'oficina de Envigado' ni siquiera un motivo para dictarle medida de aseguramiento. Eso demuestra unas fallas en la administración de justicia que es bueno que el país conozca. Esa ha sido mi polémica con la Fiscalía.

M.I.R.: Usted está mucho más querido con el Fiscal que él con usted. En 'El Espectador' lo acusa de no jugarle limpio a la Fiscalía y de preocuparse más por usted que por el proceso…

L.C.R.: Aquí ha habido una dificultad de la Fiscalía para comprender la novedad de este proceso. Necesitamos mecanismos excepcionales y no podemos exponernos a un fracaso del sistema de justicia y paz. El elemento fundamental de este es la confesión, y sigo insistiendo en que fue un error gravísimo de la Fiscalía no habernos recibido el listado de 2.600 desmovilizados en el mes de abril, porque eso nos generó muchas crisis posteriores y nos ha impedido hasta el momento hacer una convocatoria masiva para rendir esas versiones libres.

M.I.R.: El proceso no ha arrancado. Usted dice que es culpa de la Fiscalía, y la Fiscalía, que es culpa suya…

L.C.R.: No quiero caer en esa 'peloteada' pero sí quiero que la Fiscalía le hable con claridad al país y diga si está en condiciones de tipo operativo de adelantarle un juicio a una organización criminal. Porque veo que la Fiscalía se enreda mucho en asuntos de procedimiento, y sucede que aquí tenemos que ser audaces y convocar con rapidez a estas personas para que confiesen. A la Fiscalía le puede pasar lo que decía Gilberto Alzate Avendaño de los abogados: uno no se puede morir con el alma colgada de un inciso.

M.I.R.: Una última pregunta: ¿no está 'jarto' en ese cargo?

L.C.R.: Me harté, pero no soy dueño de mí mismo. Es un cargo difícil, tengo un compromiso con el Presidente, y todas las mañanas amanezco al pie del cañón.

M.I.R.: ¿O sea que "mí mismo" no se va por ahora?

L.C.R.: No. Ya no pronuncio el verbo renunciar, porque cuando intenté conjugárselo al Presidente, salí avergonzado. Yo ya no me mando. Estoy aquí, en manos del Presidente, y en manos de Dios.