Quién cura a los curadores

El boom de la construcción de los últimos años ha servido para generar nuevos empleos y reactivar la economía. Pero en algunos casos no ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las grandes ciudades. Cientos de edificios que violan las alturas permitidas, centros comerciales construidos en sectores residenciales y bienes de conservación arquitectónica demolidos son parte de los nuevos paisajes de las ciudades colombianas.

En Cali, recientemente se autorizó la construcción de una torre de 12 pisos al lado de la casa del poeta Jorge Isaacs, en una zona donde sólo se permiten edificios de cuatro plantas. Esta obra podría afectar uno de los últimos bienes de patrimonio arquitectónico que queda en la ciudad.

En Bogotá, los defensores del cerro de la Conejera, en el noroccidente de Bogotá, protestaron al enterarse de que en esta zona declarada de conservación ecológica se haría un lujoso conjunto de casas. También lo hicieron los vecinos de la localidad de San Cristóbal por la construcción de más de 2.500 viviendas en una de las últimas áreas de reserva ambiental que quedan en el sur de la capital. ¿Quién otorga las licencias para hacer estas obras que violan de manera flagrante las normas establecidas? Las curadurías urbanas.

La historia de las curadurías es reciente. Ante el caos y la corrupción que reinaba en los despachos de planeación de los municipios, en 1998 se crearon estas entidades, administradas por particulares a quienes se les encomendó la función pública de autorizar licencias de construcción y urbanismo. Los curadores son nombrados por los alcaldes a través de un concurso público y su esquema de trabajo es similar al de los notarios.

Pero lo que en principio parecía un modelo saludable ha empezado a mostrar graves deficiencias. La ambigüedad de la normatividad de las ciudades y la forma como los curadores cobran sus honorarios han sido los dos factores principales que han hecho que estas reproduzcan los problemas del pasado.

En el primer caso, el atraso en las leyes urbanas está permitiendo que se otorguen licencias de construcción con decretos de hace más de 35 años. Esta desactualización se debe a que, por la ineficiencia de los departamentos de Planeación, aún no se han terminado de reglamentar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que debían estar definidos hace cuatro años.

Uno de los objetivos de los POT es definir los usos del suelo de distintas zonas de las ciudades, previo estudio de la infraestructura vial y de servicios. Al no saberse si legalmente el uso de un sector es comercial, industrial, residencial o mixto, los curadores terminan interpretando las normas urbanísticas a su acomodo y al de los constructores, que en definitiva son sus clientes.

En Bogotá, los casos de la Conejera y San Cristóbal son un ejemplo de lo anterior. Como Planeación Distrital tan sólo ha definido el 15 por ciento de la normativa del uso de suelos en la ciudad, el curador Número Dos, que otorgó ambas licencias, aplicó leyes antiguas en las que aún no se contemplaba la protección ambiental. "Es inconcebible que en cuatro años no se haya aprobado toda la normativa de la ciudad. Llamaremos a debate a la directora de Planeación y a los curadores para discutir el tema", señala el concejal Alfonso Prada.

El segundo factor que incide en las deficiencias de los curadores es la manera como recaudan sus ingresos. La ley que los creó establece que las sumas que se les pagan dependen de los metros cuadrados de construcción que aprueben y no de un salario fijo. Esto ha hecho que las curadurías tengan un interés especial en autorizar la construcción de grandes obras y que de paso se haya generado entre ellas una competencia por atrapar 'clientes'. En Bogotá, el 75 por ciento de las licencias autorizadas en el último año las han expedido sólo dos de las cinco curadurías existentes.

En Medellín, el auge de la construcción está llevando a la densificación exagerada de algunas zonas de la ciudad que no cuentan con las redes de servicios para atender las necesidades de tantos vecinos nuevos. Esto sucede incluso en zonas privilegiadas como El Poblado. Allí, la multiplicación exagerada de edificios está saturando el que se consideraba uno de los últimos pulmones naturales de la ciudad. A esto se le suma la expansión de licencias de construcción para locales y discotecas. Recientemente, habitantes del sector Provenza se reunieron para protestar porque ya no saben cuál es la zona de rumba y cuál es la residencial.

¿Constructores o clientes?

Los críticos de los curadores señalan que el afán de estos por hacer más rentable su trabajo ha llegado a tal extremo que algunas de sus oficinas destinan parte de sus funcionarios para que asesoren privadamente a los constructores en el trámite de las licencias de sus proyectos. "Los curadores queremos contribuir para mejorar nuestra forma de trabajo. Somos del equipo de la ciudad y no del de los constructores", afirma Jaime Rodríguez, curador Número Uno de Bogotá.

Para contrarrestar este tipo de anomalías, hace tres años la Procuraduría asumió la vigilancia de las curadurías urbanas. Sin embargo, esta entidad no cuenta con personal técnicamente capacitado para hacerle seguimiento al trabajo de los curadores. Por eso son comunes los casos en que sus funcionarios se tienen que declarar impedidos para fallar las denuncias que interpone la comunidad.

Aparte de los curadores y los departamentos de planeación, la responsabilidad del orden urbano también recae sobre los alcaldes locales. De ellos depende que las construcciones, así cuenten con una licencia de construcción, se adecuen a las características y a la infraestructura de las zonas que administran. Por eso, estas autoridades deben utilizar de mejor manera el poder que tienen para controlar el impacto de los proyectos que se hacen en sus zonas y ciudades. "La figura de los curadores fue una alternativa a la tramitomanía de Planeación. El problema es que el Estado se olvidó de hacerles seguimiento", afirma el experto urbano Ricardo Montezuma.

El modelo actual de curadurías que opera en el país es deficiente y para mejorarlo se debe replantear su funcionamiento. Por un lado, es necesario cambiar el método de cobro de tarifas de los curadores por metro cuadrado aprobado para otorgarles un salario fijo. Por otro, los departamentos de planeación deben acelerar la definición de las normas urbanas y la Procuraduría debe capacitar a sus funcionarios para que puedan hacer el control técnico de las licencias que otorgan los curadores. Si esto no se hace con prontitud, casos irreversibles como los de la Conejera y San Cristóbal en Bogotá, el de la casa de Jorge Isaacs en Cali y el de El Poblado en Medellín seguirán siendo pan de todos los días mientras las ciudades sucumben ante la avidez de muchos constructores.