¿Quién ganó el caso Glencore?

Por igual, el Gobierno y la multinacional minera Glencore levantaron el trofeo esta semana tras conocer el veredicto del primer laudo de un tribunal de inversión internacional que involucra al país. Uno de los pleitos trasnacionales más cuantiosos terminó con la orden a la Contraloría de devolver una multa por 19,1 millones de dólares que le impuso a Prodeco (la filial de Glencore en Colombia) en 2015, al considerar que cometió un error de metodología cuando calculó el daño.

Como Glencore quería, principalmente, tumbar la sanción de la Contraloría por “injusta e inequitativa”, la multinacional cantó victoria. Y como las pretensiones secundarias de la firma suiza superaban los 600 millones de dólares por daños y perjuicios, el Gobierno colombiano hizo lo mismo. El veredicto –de 341 páginas– revela la estrategia de acusación y defensa entre las partes. Y deja a Glencore intacta frente a cuestionamientos que amenazaban su operación en el país.

En lo que tiene que ver con la sanción de la Contraloría, el tribunal concluye que aplicó una metodología “irrazonable y arbitraria” para establecer los daños que habría ocasionado un otrosí (el número ocho) en el contrato que venían aplicando las partes desde 1989. La adición recalculaba la fórmula para liquidar las regalías según el plan de expansión de Prodeco a diez años. La fórmula era que la reducción de las regalías se compensaba con el aumento en la producción de carbón.

A un año de estar en firme la negociación, la Contraloría abrió investigaciones, y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, de forma paralela, el Servicio Geológico Colombiano radicó una petición de nulidad del contrato por causa ilícita. Las autoridades consideraron que Prodeco actuó de mala fe frente a Colombia con información inexacta sobre el rango de precios del carbón. En respuesta, la multinacional convocó al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) para reclamar por la supuesta violación al acuerdo que protege inversiones entre Colombia y Suiza.

En medio del pleito, Colombia envió documentos reservados a Washington para demostrar que detrás del otrosí, supuestamente, hubo corrupción. Una serie de correos electrónicos tomados de los computadores de la multinacional durante una inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hicieron parte de la evidencia aportada.

Los correos dan cuenta de cómo, al tiempo con la negociación del otrosí, Glencore pagó 1,7 millones de dólares por el título minero de un lote de 3 hectáreas. Este terreno, situado en la mitad del proyecto de expansión en La Jagua, Cesar, amenazaba los planes de la multinacional. El dueño, Jorge Maldonado, un exfuncionario de Ingeominas, según la defensa de la Nación, era socio del exdirector de la entidad Mario Ballesteros.

El Ciadi desestimó parte de los correos por considerar que la SIC se los trasladó irregularmente a la Agencia de Defensa del Estado. El tribunal terminó por estudiar un paquete de mensajes aportados por el mismo Prodeco con el fin de que revisara a fondo la transacción del lote, hecha en 2009.

El caso tiene una denuncia penal en el país. Y antes de que haya cualquier pronunciamiento interno, el tribunal internacional afirma en forma concluyente que Colombia no pudo probar sus acusaciones. Al contrario, en el veredicto se asegura que Prodeco denunció las irregularidades que habían detectado ante la Procuraduría, el Ministerio de Minas, la Presidencia, la Contraloría e Ingeominas. “Prodeco se resistió a la transacción con todos sus medios (…) antes de ceder ante la extorsión”, dice el tribunal. Afirma, además, que Prodeco tuvo un comportamiento opuesto a un caso de corrupción, ya que un soborno se hace en secreto. “Glencore se vio obligada a comprar el título a un precio excesivo”.

Con esta pelea a su favor, Glencore calienta motores para su siguiente pleito contra Colombia. Dice que el Estado debe indemnizarlos porque debieron recibir financiación para construir el canal de Santa Marta al considerar que es de uso público.