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¿Quién miente más?

En el caso contra el ex director del Seguro Social Guillermo Fino, su defensa fue frágil, pero las contradicciones de sus acusadores son tan grandes, que puede salir libre.

11 de septiembre de 2005

En los próximos días se conocerá el fallo del sonado caso contra el ex director del Seguro Social Guillermo Fino, acusado de haber pedido sobornos por más de tres millones de dólares, a la multinacional alemana Fresenius Medical Care. Lo paradójico del asunto es que la suerte de esta empresa en Colombia está ligada a la suerte de Fino.

Si el juez decide que Fino es culpable de cohecho y celebración indebida de contratos, que es de lo que se le acusa, lo lógico sería que se ordenara investigar a Fresenius, que habría sido la beneficiaria de la cuantiosa 'mordida'. De esta forma, como pocas veces se ha visto en la justicia colombiana, se estaría sancionando los dos extremos de la cuerda de la corrupción, quien recibe y quien paga.

En ese caso, el escándalo de Fino sería una sombra de lo que significaría el caso Fresenius. Por ser una empresa especializada del sector salud, específicamente en el tratamiento de enfermos renales, su nombre es poco conocido. Pero con ingresos el año pasado cercanos a los 7.000 millones de dólares, cotizando en las bolsas de Nueva York y Frankfurt, y atendiendo directamente más de 150.000 personas en 1.610 clínicas propias en todo el mundo, una acusación de esa naturaleza sería de marca mayor.

El eslabón clave de esta cadena es Rodrigo Díaz Sendoya, el anterior gerente general de la multinacional en Colombia, y quien fue por ocho años el artífice de la consolidación de esta empresa en el país. Díaz ha dicho a los cuatro vientos que la casa matriz de Alemania le dijo que solucionara, como fuera, la deuda atrasada que el Seguro tenía con ellos. De ahí se habría derivado un primer pago a Fino por 2.400 millones de pesos. Luego, Díaz, siguiendo la misma lógica, accedió a pagarle 4.000 millones de pesos más a Fino para que no hubiese demoras en los pagos de un cuantioso contrato recién adjudicado. Son pocas las veces que un funcionario de tan alto nivel en el mundo empresarial decide cantar con tal intensidad sus pecados corporativos.

Una decisión en contra de Fresenius le acarrearía una millonaria multa, y le impediría contratar con la entidad pública involucrada, en este caso el Seguro Social, que es un buen porcentaje de sus ventas actuales en el país. Pero lo más grave es el desprestigio que un escándalo de estos tiene para una multinacional. Más en estos tiempos en los que avanzan iniciativas, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas -conocido como Global Compact-, al que adhieren voluntariamente empresas comprometidas con la responsabilidad social de las empresas, entre lo que se destaca la lucha contra la corrupción. Fresenius ya ha soportado mucha agua sucia en Estados Unidos, luego de que en 2000 fue condenada a pagar 486 millones de dólares por fraude. Jaime Baena, el actual gerente de esta empresa en Colombia, explica que Fresenius pagó esta sanción, pero que realmente era contra una empresa que acababan de comprar.

En Colombia la multinacional alemana no tiene ninguna otra investigación por corrupción en su contra. Sin embargo, su nombre resultó salpicado en las escandalosas contrataciones que a finales de los años 90 tuvo Cajanal, y que a la postre la llevaron a su liquidación. Fresenius obtuvo un contrato por 14.000 millones de pesos para prestar sus servicios y se le dio un anticipo de más de 2.500 millones. Inexplicablemente, Cajanal sobredimensionó el contrato y, luego de varios ajustes, que tardaron tres años, el valor final quedó en 6.000 millones. Gracias a este error de cálculo de Cajanal, la multinacional logró una financiación extraordinaria para ejecutar su contrato.

Díaz al banquillo

La contundencia del testimonio de Rodrigo Díaz Sendoya, y del que en gran medida pende el futuro de Guillermo Fino y de Fresenius, contrasta con otras aseveraciones que el ex gerente de la multinacional ha hecho, y con varias situaciones en torno a su gestión que no encajan en el complejo rompecabezas de este novelón.

Díaz tiene en su contra una denuncia de Fresenius por estafa, por el manejo irregular de una cifra que hoy sería cercana a los seis millones de dólares. En un informe de auditoría de la compañía en Colombia, se revela cómo Díaz abrió una cuenta corriente de la empresa, que operaba sólo con su firma, a través de la que desvió la mayor parte de los dineros de las cuentas oficiales. También aparecen irregularidades en la compra de inmuebles y vehículos, incrementos injustificados de su sueldo, y excesos en el uso de las tarjetas de crédito empresariales, entre otros abusos.

En su defensa, Díaz ha dicho que los alemanes además de autorizarle pagar comisiones ilegales, como la supuestamente entregada a Fino, también le autorizaron pagar una extorsión por medio millón de dólares a las Farc. Con esto busca justificar la mayor parte del dinero faltante. Ambas cosas han sido negadas, bajo juramento, por los directivos de la casa matriz.

SEMANA buscó contactar a Díaz a través de su abogado para ampliar su versión de lo sucedido, pero no obtuvo respuesta. Uno de los aspectos que ha llamado la atención, en esta guerra de mutuas acusaciones, es que Díaz tenía varios caminos cercanos para acceder al alto gobierno de ese momento, y dar a conocer las exigencias que supuestamente Fino le estaba haciendo.

Entre esos contactos se destaca Juan Hernández, secretario privado del presidente Andrés Pastrana. Díaz explico a la Fiscalía que parte de los gastos de la tarjeta de crédito empresarial fueron unas corbatas que le regaló a este funcionario. Además su hermano, Rodrigo Hernández, era abogado externo de Fresenius y luego representó, por un tiempo, a Díaz cuando lo demandaron. También está Pedro Herrera, representante del presidente Pastrana en Ecosalud, amigo de Díaz, y una de las personas que cambió parte de los cheques que salieron de forma irregular de Fresenius. En su declaración a la Fiscalía, Herrera asegura que parte de esos dineros sirvió para pagar unas fincas que Díaz negoció con el entonces ministro de Transporte Gustavo Canal.

"No debía denunciar ante personas, sino ante la Fiscalía", dijo Díaz en la audiencia pública contra Fino, explicando por qué no utilizó sus contactos en el gobierno. Sin embargo, tampoco hizo ninguna denuncia penal, según él porque uno de los abogados de la compañía le dijo que si no tenía pruebas suficientes, no podía hacerlo. SEMANA contactó a Jhony Ibarra, el abogado al que se refiere Díaz y dijo que antes de noviembre de 2002, cuando comenzó a trabajar con esta empresa, no conocía a Díaz. Por lo que no pudo haberlo asesorado, pues los supuestos pagos habrían ocurrido desde finales de 2001 hasta mediados de 2002.

La declaración a SEMANA de Jaime Baena, actual gerente en Colombia de Fresenius, va más allá. "¿Usted cree que una empresa de estas, con la capacidad de 'lobby' que tiene, se deja presionar así de un funcionario para que le paguen lo que le deben?", dice. Asegura que en todo este entuerto Fresenius es la víctima, pues de sus arcas es de donde desapareció la plata. Al planteársele la eventualidad de que un fallo contra Fino desemboque en una investigación en contra de ellos por haber pagado un soborno, es categórico. "Eso no nos preocupa. Tenemos cómo demostrar hasta la saciedad que no necesitamos de esas prácticas".

En sus manos la justicia tiene un enredo de grandes implicaciones. Aún no es claro cómo una cifra tan grande logró salir con tal facilidad de una empresa como Fresenius. Tampoco lo es que sus directivos se hayan dado cuenta tan sólo un año después. Además, está por verse si en la investigación estén vinculados todos los interesados en quedarse con ese dinero. Pese a la importancia del fallo de los próximos días, éste no sería concluyente, pues por estos hechos las autoridades han iniciado en paralelo cinco procesos diferentes. Lo que augura que habrá novela para rato.