¿Quién quiere ser millonario?

Mientras la economía mundial está en pánico por la recesión en Estados Unidos, mucha gente en Colombia está eufórica con la ilusión de enriquecerse rápido y sin trabajar. El detonante de esta fiebre de dinero fácil son varias empresas que parecieran tener la fórmula para multiplicar la plata. Con este argumento han logrado que se les confíen miles de millones de pesos en más de 30 ciudades del país. Entre tanto las autoridades están desconcertadas, tienen dudas sobre la legalidad de las actividades de estas entidades y empiezan a vislumbrar un problema de enormes proporciones.

La operación es sencilla. Las personas llevan el dinero en efectivo a cualquiera de éstas firmas -el monto puede ser desde 50.000 pesos hasta 100 millones, allí lo entregan y aceptan el rendimiento ofrecido y la fecha de pago. Una vez se cumple el plazo los clientes pueden retirarse con toda su plata y las ganancias obtenidas o reinvertir cualquier suma las veces que quieran. Esto último es lo que generalmente hacen quienes, al cabo del tiempo pactado, regresan y ven en gruesos fajos de billetes que su capital creció mágicamente. Todo gracias a los rendimientos que van desde el 60 por ciento en seis meses hasta el 1.600 por ciento en sólo mes y medio, mientras que un depósito fijo en el sector financiero no supera el 8 por ciento de interés anual. Sin duda un negocio atractivo.

Hay miles de ganadores. Por ejemplo un taxista de Fusagasugá superó la desconfianza, reunió 15 millones de pesos, viajó a Bogotá, entregó la plata a una de estas empresas y a los seis meses ya tenía 30. Los retiró por unos días, pero la ambición de volver a duplicar su capital lo llevó a reinvertirlo y en dos meses espera retirar 60 millones de pesos. Pero también hay miles de perdedores. En Pitalito, Huila, una de estas empresas dejó de pagar de un momento a otro y la gente se quedó sin nada, y sin a quién reclamarle. En Villavicencio ya ha habido problemas de orden público por los incumplimientos. La gente temerosa por las demoras se amotina en las oficinas. La situación no ha pasado a mayores por la intervención de la Fuerza Pública.

Es tal la sensación que están causando estas empresas que no es difícil encontrar testimonios de personas que venden sus inmuebles, retiran sus cesantías o se endeudan para vincularse y obtener los beneficios que prometen. En Meta, una de estas inversionistas cuenta que hipotecó su casa para poner a ganar los 10 millones de pesos que le dieron, con la esperanza de que en tres meses recibirá el doble "con eso garantizo el estudio a mis tres hijas", dice sin calcular que en caso de ser embaucada además de la posibilidad de estudio para sus hijas perderá también la vivienda, su única propiedad. La avidez despertada en la gente lleva a que algunos se despojen de lo que más quieren. Es el caso de una humilde anciana de Puerto Asís, Putumayo, que empeñó unos aretes de oro que conservaba desde su juventud. Así reunió 60.000 pesos para ponerlos a ganar, sin embargo, la empresa en la que confió no le cumplió, el local donde funcionó ahora está desocupado y la casa de empeño ya puso en venta sus joyas.

SEMANA identificó 22 empresas de este tipo en diferentes zonas del país (ver listado en Semana.com) y por lo menos un centenar de establecimientos de comercio vinculados a estas. Su actividad comenzó en municipios remotos, pero ya llegaron con fuerza a varias ciudades intermedias y a Bogotá. En la capital el Grupo DMG y Fundación de Vecinos Ganadores (Fuvegan) - People Winner despuntan como las dos más consolidadas por la credibilidad que han alcanzado con el cumplimiento de sus promesas, el tiempo que llevan funcionando y el volumen de afiliados. También están presentes el Grupo Network Inversiones Ltda., Inversiones H y R e Inversiones F.A.P.

La avalancha de gente hacia estos negocios trae además un particular impacto social. Putumayo es el caso más alarmante, allí varios campesinos dejaron de arar la tierra y esperan vivir de los beneficios prometidos. "Se acabó la coca, pero gracias a Dios llegó DMG", dice un habitante de La Hormiga, quien considera que esta es una segunda ola de bonanza. Situaciones similares ya se empiezan a ver en otros municipios.

A pesar de ser empresas diferentes hay rasgos que las hacen semejantes. Son negocios que en muy poco tiempo logran transacciones multimillonarias, gracias a la publicidad voz a voz. El grueso de sus operaciones son en efectivo sin importar el monto. Esto quedó en evidencia en agosto pasado cuando la Policía encontró en Putumayo 6.509 millones de pesos en cajas remitidas por DMG a uno de sus asociados. O las compras de contado que esta empresa ha hecho de cientos de vehículos para entregarlos a sus clientes con el compromiso de devolverles a los seis meses el valor total de lo gastado. Además estas empresas tienen facilidad para instalarse en lugares considerados de alto riesgo por presencia de grupos armados ilegales y del narcotráfico, en especial en el sur del país. Se presentan como empresas de beneficio social. Y al menos en las más importantes los cerebros detrás de ellas son personas que súbitamente se convierten en exitosos empresarios a pesar de su bajo nivel académico. David Murcia Guzmán, presidente internacional de DMG es bachiller con formación empírica en producción de televisión y Flor Marina Romero de Fuvegan - People Winner, hasta hace un par de años era costurera (Ver recuadro).

Pero la característica que más inquieta es la falta de claridad con que los promotores de estas empresas explican a la gente el origen del dinero que entregan. En unas dicen que viene de ONG europeas, otros sostienen que son constructores a punto de iniciar importantes proyectos -aunque no tienen los lotes-, que son comercializadoras de productos, o simplemente les piden a sus clientes que confíen en la buena fe de la empresa y que no pregunten mucho. ?

De eso tan bueno...

Todo esto sucede a la luz del día, y la gente sólo sabe de las autoridades cuando llegan también a hacer sus inversiones. Es frecuente encontrar en las filas de pago a militares y policías uniformados. "Esto debe ser legal desde que uno los ve en las filas", comenta una señora en Zipaquirá, que lleva un millón de pesos con la esperanza de que en tres meses le devuelvan su dinero con millón y medio de pesos más. En las ciudades intermedias la misma reflexión hace la gente sobre la participación de empleados públicos de los gobiernos locales, de jueces y fiscales. Esta es quizás una de las razones por la que en esos lugares nadie parece tener ganas de meterse a fondo en el tema. Paradójicamente la ambición de estos funcionarios es el mejor caldo de cultivo para que estos negocios se multipliquen sin mayor control.

Algo que también ayuda es el hecho de que entre las autoridades no hay consenso sobre quién debe vigilar estos negocios. La mayoría de empresas están inscritas con actividades comerciales en cuyo caso a las Cámaras de Comercio o la Superintendencia de Sociedades, les corresponde vigilarlas. La Policía dice que puede actuar sólo cuando se presente alteración del orden y la Fiscalía que cuando haya denuncias. Otras empresas inscritas como fundaciones deben ser vigiladas por el gobierno local, pero esto tampoco ha servido. En Villavicencio el interés del Alcalde hasta ahora lo único que ha logrado es que en una empresa tengan las filas organizadas y que una de ellas sea sólo para los ancianos. Mientras las autoridades se 'pasan la pelota' de la responsabilidad, las empresas exhiben como certificados de buena conducta el registro mercantil, y aseguran que pagan cumplidamente sus impuestos.

Aunque parece una verdad de bulto que estarían incurriendo en el delito de captación masiva y habitual de recursos, actividad reservada sólo para entidades que tienen vigilancia y control, so pena de cárcel y multas, son varias las fórmulas con que estos negocios presentan su actividad y hábilmente evitan caer en esta definición. Dicen que sus actividades son contratos en cuentas en participación de proyectos inmobiliarios, que son contratos de venta donde obtienen puntos y que estos se pueden hacer efectivos, o que son empresas multinivel, un popular sistema de mercadeo en el que se reparten comisiones por el número de ventas y afiliaciones de más vendedores.

Pero para el grueso de la gente que deja allí su dinero es algo que ven como una inversión. Llevan plata y recogen unos beneficios.

Hasta ahora sólo se conoce de una medida de la Superintendencia Financiera contra la sociedad Grupo DMG S.A. El ente de control consideró que la empresa ejerce irregularmente la actividad financiera a través del sistema de tarjetas prepago, que es el mecanismo por el cual la gente se vincula a ella. Por esta razón la obligó a devolver los más de 18.000 millones de pesos que había recibido por este concepto en el año 2006, algo que el representante de esta empresa sostiene haber hecho. Pero la empresa sigue funcionando. En la Superfinaciera explican que jurídicamente el alcance de la medida es sólo sobre la sociedad investigada, de ahí que si trasladan la operación a otra empresa del mismo grupo, como en este caso sucedió con algunos ajustes, es necesario hacer una nueva investigación.

DMG argumenta que la medida en su contra no se ajusta a derecho y estudia una millonaria demanda contra el Estado. Mientras tanto en diciembre pasado lograron reunir más de 2.000 personas que marcharon hasta el Capitolio bajo el lema '¡Dejen trabajar!', como señal de protesta. Movilizar cantidades de personas no es difícil para esta empresa. No sólo despierta simpatía sino que además ellos asumen gastos de transporte y hospedaje, esto sucedió por ejemplo con más de 700 personas que viajaron de Putumayo a Bogotá para promover sus ferias. "Nos atendieron a cuerpo de rey", dijo a SEMANA una de las beneficiarias.

El superintendente financiero César Prado, asegura que la proliferación de estas entidades se está "convirtiendo en un verdadero problema de Estado", y que requiere acciones coordinadas entre autoridades y el diseño de políticas, pues para él "de eso tan bueno no dan tanto".

Pero la gran incógnita es de dónde salen los cientos de miles de millones de pesos que estas empresas están pagando. Al no existir mayor control sobre este tema, la respuesta sigue siendo un misterio. Hay dos hipótesis sobre las que indagan los investigadores que le siguen la pista al negocio.

Una de estas es lo que internacionalmente se conoce como 'Esquema Ponzi'. Este modelo ha hecho amplia carrera desde que en los años 20 el italiano Charles Ponzi lo inventó. Se trata de un sistema de inversión que promete altos beneficios y hasta cierto momento logra cumplir. Los inversores de hoy pagan los rendimientos de los antiguos, y esta dinámica se mantiene mientras el flujo de caja de nuevos inversionistas aumente constantemente. Cuando no ocurre así, el sistema se revienta. En ese momento los promotores del negocio levantan sus toldas y desaparecen con buena parte del capital acumulado. Las experiencias internacionales son muchas, en España son famosos los casos Forum y Afinsa en donde más de 400.000 personas resultaron estafadas por un monto conjunto cercano a los 5.000 millones de euros, de acuerdo con las investigaciones del diario El País de España.

El esquema Ponzi es parecido a las famosas pirámides que garantizan grandes ingresos a los primeros que se inscriben, pero dejan en riesgo a los últimos. El sistema es aritméticamente probable, pero en la práctica imposible porque llega un momento en que se revienta al no tener de dónde inyectar nuevo capital. Quizás esto ya le está sucediendo a algunas de estas empresas, de ahí su afán de trasladarse a las grandes ciudades.

La segunda hipótesis es que la operación de algunas de estas empresas puede prestarse para el lavado de activos. Las organizaciones criminales en muchos casos están dispuestas a entregar grandes porcentajes de sus fortunas adquiridas del narcotráfico, el secuestro, la extorsión o la corrupción entre otros, a cambio de que el porcentaje restante ingrese al sistema legal. Al tener estas empresas cómo justificar el ingreso de grandes volúmenes de dinero en efectivo de sus inversionistas, pueden camuflar con facilidad los dineros ilegales.

Para ello habría dos posibles modalidades. En el caso de las empresas con actividades fuera del país pueden abrir cuentas y empresas allá con los soportes de lo que recaudan acá, sin importar si esto es cierto. Así el dinero queda legalizado en el exterior y luego puede regresar al país a través del sistema financiero, pues viene certificado por empresas 'correctamente' constituidas. La otra modalidad es a través del llamado 'pitufeo'. En este caso los lavadores ingresan grandes cantidades de dinero a través de muchas operaciones de baja denominación. Esto es particularmente riesgoso en aquellas empresas que piden el número de la cuenta de sus inversionistas para consignarles el dinero. De esta forma a la par que pagan los beneficios, camuflan dineros ilegales que van dirigidos a sus 'calanchines'.

Ninguna de estas hipótesis se ha probado en alguna de las empresas mencionadas en esta nota.

En Estados Unidos parte de la explicación del bajonazo económico es la inversión de los bancos en el sector hipotecario cuando no había mayores garantías. En Colombia la discusión de las autoridades se ha centrado sobre si jurídicamente estas empresas están incurriendo en el delito de captación de recursos, pero son casi nulos los avances al respecto. Así como es clave definir esto, también lo es resolver la pregunta de ¿qué tienen estas empresas para respaldar los volúmenes de dinero que están recibiendo? ¿Empresas de papel? ¿Qué garantiza que las firmas que ya empiezan a incumplir sus pagos y se desaparecen no sean sólo las primeras fichas de un dominó que se viene al piso? Las autoridades están en mora de actuar.

Otra eventual explicación a esta actividad es que los colombianos en su infinita creatividad hayan encontrado una fórmula de generación de capital hasta ahora desconocida. Si esto es así, también es bueno que se pronuncien las autoridades para quitar sobre estas empresas cualquier estigma, de no hacerlo y de complicarse la situación, ellas serán corresponsables por su omisión.