¿Quién responde por la sobreviviente del avión en Chocó?

Cuando a Uvaldino Murillo Rentería le informaron que a su hija Mary Nella le iban a dar de alta en el Hospital San Vicente de Paúl, se esculcó los bolsillos y se dio cuenta que ya no le quedaba ni plata para ir por ella en taxi. Entonces pidió prestado.

La precariedad con la que este pescador del Pacífico ha asumido sus días en esa extraña selva de cemento que para él es Medellín, contrasta con lo que significaron los gastos de hospitalización de su hija Mary Nella, la joven que, junto a su bebé Yudier, sobrevivió milagrosamente a un accidente aéreo el pasado 20 de junio en la serranía del Alto Baudó, en el Chocó.

Según Diana Montoya, la trabajadora social de la entidad, los gastos de hospitalización ascienden a 17.800.000 pesos. A Mary Nella le trataron quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo y le practicaron una cirugía de tobillo, de la que apenas se está recuperando.

Y eso que aún le resta ser atendida por fisioterapia, cirugía plástica, medicina física y, por qué no, por psiquiatría o psicología, debido al trauma que le significó sobrevivir al accidente y a varios días en la selva. Con toda razón, Mary dice ahora que se muere de pánico de solo pensar que tiene que subirse otra vez a un avión, cuando tenga que regresar a Quibdó y luego a Nuquí.

Don Uvaldino, quien ya cumple 20 días alojado en casa de una familiar lejana, se quedó sin aliento cuando se enteró de la millonaria cuenta que lo esperaba en el hospital. Sin embargo, en el San Vicente rápidamente le explicaron que ni él ni su hija tenían por qué pagar un peso. “Por disposición del alma, pero también por ley, nosotros atendemos a los pacientes urgentes. Este caso nos llegó y tuvimos mucho gusto en atenderlo. Pero esto no es de cuenta de Mary Nella ni de cuenta de nosotros”, dice Julio Ernesto Toro, el director general del hospital. Entre otras porque el San Vicente, que es un centro hospitalario de referencia en América Latina, es una entidad privada. Lo que ordena la ley, agrega Toro, es que la responsabilidad económica recae sobre la aerolínea, y no sobre la paciente, la EPS o el Estado. 

Al no aparecer doliente, el hospital le envió la factura a la empresa Servicios Integrales Aeronáuticos (Sialas), de la que en el hospital presumen dependía la avioneta siniestrada. Pero en Sialas aseguran que ellos no son los que tienen que pagar. “Nosotros solo somos un taller de mantenimiento. Sialas no es ningún responsable. En el hospital es donde tienen que darle una respuesta. Nosotros no tenemos nada qué ver”, dijo una mujer que contestó desde el número telefónico de la empresa, que se ubica en uno de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

Sialas, cuyo representante legal es Uriel Humberto Franco Díaz, es en efecto una empresa que repara avionetas como la que piloteaba ese trágico sábado el capitán Carlos Mario Ceballos, quien falleció en el accidente. Sialas, por ejemplo, ha suscrito en el pasado contratos con la Gobernación de Antioquia por el mantenimiento de una Cessna de propiedad del departamento.

¿Quién era entonces el dueño de la avioneta? “Pues el mismo señor que se accidentó”, dijo la mujer de Sialas que habló con SEMANA. Sin embargo, el informe preliminar del Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de Colombia, de la Aerocivil, consigna por ahora como “desconocido” el nombre del operador o propietario de la avioneta, esto es, la Cessna T-303, de  matrícula HK-4677G.

Pero será esa misma investigación de la Aerocivil la que termine por desenredar el nudo, pues no solo se trata de la cuenta en el hospital sino de los daños y perjuicios causados a Mary Nella, en medio de un siniestro que dejó al descubierto varias irregularidades. Una de ellas es que la avioneta no estaba autorizada para transportar pasajeros.

Pero no es solo Mary Nella. Casos sin responsables económicos se aparecen todos los días en las puertas del Hospital San Vicente de Paúl. El año pasado, esta entidad subsidió a 15.200 pacientes de bajos recursos, por un valor de 4.114 millones de pesos. El 62 por ciento de las personas que llegaron allí a pedir atención médica pertenecían al régimen subsidiado. Y de ellos, el 83 por ciento eran pacientes de nivel 1 de pobreza, es decir, gente como don Uvaldino, quien no tenía ni para pagar los pasajes.