RASPANDO, RASPANDO

La reforma constitucional no aprobó el año. Y, aunque no quedó en la categoría de los estudiantes reprobados, sí en la de los aplazados. El martes 13, día del examen final en la Cámara, luego de algunos puntos anulados por el Senado y de otros aclamados por las dos cámaras, la reforma constitucional pasó raspando pero dejó varias materias pendientes de habilitación. A pesar de que el ministro de Gobierno, César Gaviria, recibió medalla al mérito por disciplina y conducta, no le dieron diploma de honor por aplicación porque todavía no se sabe si el año entrante la reforma merece certificado de aprobación, o si por el contrario quedará en calidad de repitente.
Por lo menos, sí va a tener que repetir el tránsito por las dos cámaras y el estudio completo del articulado, porque a juzgar por la cantidad de constancias que se dejaron (cerca de 300) para que se resuelvan en la segunda vuelta, la discusión no ha comenzado. Y el hecho de que los 89 puntos terminaran aprobados con la salvedad de las constancias demostró que por el momento, lo que importaba era sacarla adelante para que se pudiera celebrar la fiesta de grado. Pero en el fondo, el debate entre el gobierno y el Congreso sobre quién tiene la sartén por el mango, quedó en tablas.
Lo cierto fue que, como cualquier año escolar que se respete en Colombia, con cambio de profesores, paro estudiantil, paro de maestros y una que otra escaramuza terminada en piedra, el año legislativo de la reforma constitucional fue un verdadero viacrucis. Estuvo acompañado de acuerdos a puerta cerrada en la rectoría, llamados al orden por parte del prefecto de disciplina del Partido Liberal, junta de profesores liberales, junta de padres de familia de la Oposicion y hasta descalificaciones irreverentes contra el consejo superior de ex presidentes. En todo caso, un proyecto de reforma que comenzó con 181 artículos de estirpe liberal, que se concentró en 18 materias de carácter frentenacionalista, luego del acuerdo de la Casa de Nariño, que se redujo a 100 artículos cuando quedó en manos del ponente, el senador Hernando Durán Dussán, que terminó en 89 artículos luego de los debates en el Senado y que concluyó en la aprobación de los 89 artículos con un promedio de dos y media constancias por cada uno de ellos, dejó la impresión de que lo que empezó como la gran reforma del gobierno liberal, acabó siendo una minirreforma del bipartidismo.
Y no era para menos. Una reforma constitucional que incluía inicialmente aspectos como la circunscripción nacional, la financiación de los partidos, la revocatoria del mandato y la propia reforma al Congreso, poco a poco fue dejando de lado estos y otros de los puntos que en alguna medida le daban un carácter de reformista, en materia constitucional, al gobierno de Virgilio Barco. Algunos inclusive llegaron a calificarla de contrarreforma ya que regresaba al pasado en asuntos como el de devolverle al Congreso la iniciativa del gasto público, lo que curiosamente contradecía el espíritu del acuerdo de la Casa de Nariño, en cuyo primer punto se ponía la eliminación de este como ejemplo de las grandes conquistas del constituyente en la reforma de 1968 .
La principal objeción con que contó permanentemente el proyecto de reforma, tanto en el Senado como en la Cámara, fue la de que se trataba de una nueva forma de volver al Frente Nacional, por cuanto para muchos de los liberales, ese era el resultado de la "entrega a Pastrana". En este sentido no están muy lejos de la realidad los opositores de la claudicación frente a la oposición. En materia de reformas a la rama jurisdiccional, se aprobó la paridad en la Corte, en el Consejo de Estado y paridad en el Consejo Superior de Administración de Justicia (organismo que se crearía con esta reforma), lo que sin lugar a dudas se convertirá en una paridad entre magistrados y jueces.
Como si fuera poco, el sabor bipartidista quedaba también en la Procuraduría, en donde no sólo también quedó estipulado que hubiera paridad, sino que el jefe del Ministerio Público en adelante sería del partido que inmediatamente siguiera en votos al del Presidente. Este punto fue interpretado como un gol de Pastrana, quien para muchos fue uno de los triunfadores de la jornada. Lo que no se puede desconocer es que, según el acuerdo de la Casa de Nariño y las posteriores modificaciones inspiradas en éste, el social conservatismo logró introducir un verdadero paquete frentenacionalista como contraprestación a la abolición del artículo 120. Aparte de la paridad en la justicia y de la filiación del Procurador, Pastrana se salió con la suya con el famoso estatuto de la oposición, el de los partidos políticos, el derecho de réplica y el acceso a los medios de comunicación.
Pero en donde parece haber estado el verdadero gol de la Oposición fue en el punto de la Corte de Cuentas, que entraría a sustituír a la Contraloría. En adelante, tres magistrados elegidos por la Cámara, un liberal, un conservador y un tercero que puede ser el resultado de algún tipo de coalición, serían los encargados de la vigilancia de la gestión fiscal de la administración. Con este punto, los social conservadores introducen un elemento en el que tienen mucha mayor opción de jugar a la paridad. Y, aunque este aspecto fue uno de los más espinosos entre los liberales, el gran ganador fue Pastrana. Este artículo también fue el termómetro para medir fuerzas entre el ministro de Gobierno y el Contralor, pero los liberales optaron por la fórmula salomónica de quedar bien con Dios y con el diablo y lo aprobaron para tumbarlo en la segunda vuelta. "Había que hacerle caso a Turbay pero sin pelear con el Contralor", dijo un representante liberal escéptico.
A pesar de que el espíritu que reinó fue el de salir de eso, hubo algunas consideraciones que se tuvieron en cuenta. Una de ellas fue la de que en conjunto, la reforma es mejor que nada. Y aunque sería pretencioso compararla con la del 36, como lo hizo el propio ministro de Gobierno, sí vale la pena compararla con el vacío que existe en esa materia. Lo que no se podía hacer era esperar mucho de un maratónico proyecto, que contaba apenas con una legislatura de cerca de 150 días, de los cuales el ponente, Hernando Durán Dussán, se tomó cerca de 80 y la discusión en el Senado por lo menos unos 30. Los días restantes fueron totalmente insuficientes para que la Cámara tuviera una remota posibilidad de estudiar el proyecto.
Los que sí lo estudiaron, y con juicio, fueron los ponentes. El senador Durán Dussán, dando muestras más de habilidad política y de disciplina que de reformador, logró que el Senado, aunque le quito casi un centenar de artículos, lo aprobara. Y a pesar de que fue allí donde se le metió el mico de la no reelección presidencial, Durán salió airoso de la jornada. El ponente en la Cámara, el representante antioqueño Mario Uribe Escobar, se lució con una ponencia que para buena parte de los observadores resultó mucho mejor que la propia reforma. Un diagnóstico descarnado de la situación del país, expuesto de manera tal que se hacía totalmente evidente la necesidad de una profunda reforma constitucional, logró convertir el escepticismo de la Cámara en una especie de neutralidad benévola, que terminó produciendo el resultado del pupitrazo, precedido por las constancias.
Aunque las constancias fueron la característica de la aprobación de la reforma, la que pudo más fue la constancia con que el ministro de gobierno se le puso a la pata a los congresistas. Tratando de que no se le descompletara el quórum en los momentos definitivos y convenciendo a los más rebeldes, poco a poco fue disminuyendo las resistencias. Se habló incluso de ofrecimientos burocráticos a los parlamentarios boyacenses, que fueron los que más se opusieron, y de las reuniones en las que tuvo que mediar el ex presidente Turbay. Todo esto, aparte de los varios desayunos que de un momento a otro aparecieron en la agenda del presidente Barco con parlamentarios que ni siquiera conocía.
En todo caso la reforma pasó. Y aunque no es nada del otro mundo y brillaron más las gestiones y las ponencias que su propio contenido, contempla varios puntos que, de ser aprobados en la segunda vuelta, servirán para que el gobierno diga que se avanzó. Tal vez no como lo requiere la situación del país, pero sí como lo permiten las circunstancias del Congreso. Medidas como la de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el acceso a la propiedad de los medios de producción, la facultad de legislar e intervenir los monopolios y el estímulo a la economía solidaria, no tienen nada que envidiar a las legislaciones de las democracias avanzadas. Y si hubo constancias contra normas que parecían regresivas, no fue precisamente en ninguno de estos artículos. Temas como los derechos humanos, los nueve años de escolaridad subsidiados por el gobierno, el derecho de huelga y los controles a la detención administrativa de personas, reflejan el carácter socialdemocrata que inspiró el foro ideológico del Partido Liberal en Ibagué.
Aunque hubo artículos que parecían cargados de cierto revanchismo por parte del gobierno, como los que casi querían acabar de un plumaza con el Consejo de Estado y que el Congreso logró parar, el gobierno se salió con la suya. A pesar de que hay mucha diferencia entre lo que se aprobó y lo que era el proyecto original, la administración Barco puede exhibir un parte de victoria. Una victoria que también pueden reclamar Turbay, Pastrana, Gaviria, Durán y el representante Uribe Escobar, pero sobre todo el ministro Gaviria, quien se las jugó todas, ganó la mayoría y puede cobrar buena parte de los goles como propios. Una victoria que es el resultado de la idea con la que el presidente Barco le dio una voz de esperanza y tranquilidad al país cuando habló de reformar la Constitución a través de un plebiscito, a los pocos días del asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos. Pero una victoria que dejó el sabor de un empate arreglado.