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Para la entidad, sorprende que las medidas adoptadas por la actual directora del Instituto para atender esta crisis humanitaria han sido del todo ineficaces. | Foto: Fotomontaje SEMANA

CONTROL

Crisis de La Guajira: ¿por qué serán investigados 18 funcionarios?

La Procuraduría abrió un proceso formal contra funcionarios y exfuncionarios del ICBF, varios exalcaldes y exgobernadores por la muerte de niños en condición de desnutrrición.

9 de agosto de 2016

La Procuraduría General de la Nación busca establecer por qué la política pública de entrega de ayudas humanitarias en La Guajira se convirtió en un episodio más de incumplimiento, despilfarro y acrecentamiento de las condiciones de indignidad y miseria en la que vive la población de esa región, especialmente la que afrontan los niños.

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De ahí su decisión de abrir una investigación disciplinaria formal que podría terminar comprometiendo la responsabilidad de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas; la del viceministro de Salud, Fernando Ruiz, y varios exalcaldes y exgobernadores.

Para la entidad, sorprende que las medidas adoptadas por la actual directora del Instituto para atender esta crisis humanitaria han sido del todo ineficaces, pues no se nota a partir de ellas ningún alivio sino una intensificación de los padecimientos de la población infantil.

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Según lo reveló Caracol Radio, el Ministerio Público busca establecer si estos funcionarios son responsables de las decisiones equívocas que han conducido a muertes de menores por desnutrición en las poblaciones de Ríohacha, Manaure y Uribia.

Para identificar cuáles fueron las actuaciones que originaron la problemática y aquellas que la han venido acentuando, el Ministerio Público verificará los informes del interventor de los contratos de atención a los niños y así establecer responsabilidades y fallas de gestión.

Además, se hará un seguimiento al proceso de escogencia de oferentes, la metodología para seleccionarlos y se intentará precisar si es cierto o no que la contratación se centralizó a través de la gestión de la de la directora de Primera Infancia del ICBF, Karen Abudibe Abuchaibe.

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La Procuraduría también está interesada en conocer si el Instituto y los entes territoriales han venido cumpliendo con las obligaciones que les impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante las medidas cautelares emitidas a finales del año pasado.

Adicionalmente, el organismo de control disciplinario pretende establecer qué hallazgos fiscales se han puesto en evidencia a partir de las actuaciones de la Contraloría General de la República y la Regional de La Guajira frente a los problemas en suministro de alimentos y acceso de los habitantes a agua potable.

La entidad también pretende examinar las pruebas que ha recopilado la Fiscalía en el curso de las investigaciones contra integrantes de las fundaciones y algunos funcionarios del ICBF sospechosos de haber cometido fraude con los dineros asignados a los programas de alimentación y atención humanitaria.

La lista de investigados la completan el exdirector del ICBF Marco Aurelio Zuluaga; el exdirector regional de La Guajira Leandro Alberto Sampayo; el gerente del Fondo de Adaptación, Iván Fernando Mustafá; los exgobernadores de La Guajira José María Ballesteros y Oneida Pinto; el exalcalde de Ríohacha Rafael Ricardo Ceballos, y el exalcalde de Uribia Abel José Giacometto Fominaya.