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| 12/15/2003 12:00:00 AM

Reajuste multimillonario

Una decisión del Consejo de Estado obliga a la Nación a pagarle 250.000 millones de pesos a más de un millar de magistrados en reajustes salariales.

Reajuste multimillonario La Nación deberá pagar a cada magistrado un promedio de 186 millones de pesos.
No había terminado el gobierno de tramitar la reforma tributaria, cuando se le abrió otro hueco al presupuesto nacional. La semana pasada el Consejo de Estado firmó una providencia para no conceder recurso extraordinario de súplica en el caso de una sentencia que obliga al Estado a pagar 250.000 millones de pesos a 1.339 magistrados de todo el país.

Esto significa que la Nación deberá pagar a cada jurista un promedio de 186 millones de pesos durante los próximos cuatro años. Como quien dice, cada uno de los demandantes recibirá un sueldo mensual adicional por 3,8 millones de pesos.

Todo comenzó cuando Ernesto Samper creó una bonificación para nivelar los sueldos de los magistrados de tribunales y de los fiscales y procuradores delegados. Algunos de ellos devengaban sueldos que correspondían a 40 por ciento de lo que ganaban sus pares de las altas cortes.

Samper, mediante el decreto 610 del 98, estableció que cada uno de los funcionarios afectados -1.339 en total- tendrían un incremento gradual del sueldo a partir del primero de enero de 1999, hasta llegar en 2001 al 80 por ciento de lo que devengan sus superiores de las altas corporaciones.

Cuando Andrés Pastrana asumió el poder derogó el decreto porque sencillamente no había de dónde sacar esa plata.

Sin embargo, y como era de esperase, varios magistrados demandaron la acción de Pastrana. El Consejo de Estado les dio la razón en septiembre de 2001. La votación para anular el decreto del gobierno de Pastrana estuvo a cargo de los 21 conjueces del Consejo de Estado, ya que los titulares se declararon impedidos pues aunque ellos no se beneficiaban con el reajuste de los salarios, sus magistrados auxiliares sí.

Con base en esa sentencia, más de 1.300 juristas demandaron a la Nación para que se les reconociera retroactivamente el aumento de su salario. Los jueces fallaron a favor de los demandantes y condenaron al Estado a pagar 250.000 millones de pesos.

El Ministerio de Hacienda lanzó una voz de auxilio e interpuso hace un mes un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, que falló desfavorablemente a la Nación.

Pese al intento de Minhacienda de evitar un descalabro en el presupuesto de la rama judicial del país y por ende de la Nación, los conjueces del Consejo de Estado firmaron esta semana una providencia para no conceder el recurso extraordinario de súplica. Eso significa, que a partir del año entrante deberán hacerse efectivos todos los aumentos atrasados de los últimos cuatro años.

Al viernes de la semana pasada el Ministerio de Hacienda no había sido notificado de la providencia redactada por el ex magistrado auxiliar Martín Bermúdez. Sin embargo, altas fuentes del Ministerio le contaron a SEMANA que al no poder interponer más peticiones para anular la sentencia favorable a los magistrados, no queda otro remedio que conseguir esa plata de donde sea, incluso a expensas de recortar los recursos destinados a hacer inversiones en educación o salud.

Lo más probable entonces es que al Estado colombiano no le quede otra opción que pagarle a cada demandante cerca de 186 millones de pesos. El tema del reajuste a los sueldos de los magistrados deja varios interrogantes por resolver. El primero es la imparcialidad de los jueces para decidir sobre asuntos que a la larga beneficiarán a sus colegas o ex colegas. Si se mira el alcance de sus decisiones -que ya son cosa juzgada- se teme que estos fallos generen un grave problema de inestabilidad laboral e inseguridad jurídica.

La cifra en cuestión es de marca mayor para las averiadas finanzas del Estado. Es el equivalente a todos los recursos que tuvo este año Bogotá para invertir en educación. Y sería a todas luces desproporcionado que el gobierno se viera obligado a recortar los magros presupuestos de educación o salud para beneficiar a millones de colombianos, para garantizarles una verdadera lotería a unos cuantos funcionarios públicos. A no ser que ellos resolvieran considerar este como un triunfo simbólico, y renuncien a cobrar lo que les ha otorgado el fallo del Consejo de Estado. Puede que ese sentido de solidaridad todavía exista en la justicia colombiana.

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