Reaparece el fantasma

Hace dos meses, el penalista Gustavo Salazar, quien defendió al narcotraficante Hélmer 'Pacho' Herrera, terminó de escribir un libro editado en España que saldrá a la venta en un mes con el título de El confidente de la mafia. En el capítulo 'Un Miguel Ángel mafioso' relata que durante 1997, en sus frecuentes visitas a la cárcel de Palmira, su cliente le dijo: "Cómo le parece que tenemos que pagar porque nos apliquen la ley correctamente y los viejitos y yo estamos cansados de gastar tanta plata en estos sinvergüenzas". "Tranquilo Helmer que bastante dinero ganaron con la cocaína, tomen estos gastos como el pago de un impuesto por su actividad", le contestó su abogado.

Lo novedoso de esta conversación no es tanto su contenido como su fecha. En 1997 el proceso 8.000 estaba en pleno furor y se pensaba que la narcofinanciación masiva de la clase política había sido un fenómeno de la campaña presidencial de 1994.

Salazar asegura que el soborno de los grandes capos de la mafia a los congresistas se intensificó después de esa fecha. Que los parlamentarios se comprometieron a aprobar una norma que restablecía la extradición pero sin retroactividad o sea que garantizaba que ningún extraditable sería juzgado por delitos anteriores a 1997. "Yo fui testigo cuando en ese año, el tema se trató unas nueve veces entre mayo y noviembre en Palmira y en presencia de varios abogados que trabajaban para Pacho Herrera", le dijo a SEMANA el penalista. Sostuvo que su cliente puso cinco millones de dólares y 10 millones más fueron aportados por Miguel Rodríguez Orejuela y otros narcotraficantes. Cuenta además que por esa época había mucha presión del gobierno norteamericano para revivir la extradición y que por eso, un grupo de congresistas se comprometió a aprobarla, pero sólo aplicándola hacia el futuro. "A cada parlamentario se le ofrecían 50.000 dólares por el favor y aclarando que nada de cheques, que ya habían aprendido la lección. Que sólo pagarían en efectivo y en moneda gringa". El abogado dijo además que a cada congresista se le ofrecía la mitad del dinero al iniciar el debate y el resto cuando se comprobara su voto. Sostuvo que en la redacción del artículo participaron varios abogados ya asesinados, entre ellos, Guillermo Villa Alzate y Vladimir Ilich Mosquera, que la plata se repartió como se había pactado, obviamente incluyendo comisiones para abogados e intermediarios. El penalista dijo que estaba dispuesto a declarar lo que sabe en la Corte de la Florida como testigo del soborno, si el fiscal federal lo requiere.

Salazar se refiere al fiscal de Tampa, Paul Pérez, quien desató la tormenta política y diplomática en Colombia al asegurar que "tendría pruebas de que Samper y el Congreso de aquella época habrían recibido millonarios sobornos del cartel de Cali para aprobar una extradición con limitaciones". Lo grave de esta denuncia es que es la primera vez que por escrito y en forma contundente, una autoridad judicial de Estados Unidos acusa directamente al ex presidente y a los congresistas colombianos de haber recibido dineros de los capos para inmunizarlos de la extradición a Estados Unidos. "El Estado presentará testimonio de que el cartel de Cali, del cual el acusado es y fue miembro, conjuntamente recogió cinco millones de dólares para pagarle al presidente Samper para respaldar el artículo 35 y hacerlo ley". Según el fiscal Pérez, la acusación se fundamenta en el testimonio del ex contador del cartel de Cali Guillermo Palomari y de otros narcotraficantes colombianos colaboradores de la justicia estadounidense.

El ataque frontal del fiscal Pérez surgió por una respuesta que le dio a la abogada del extraditado Joaquín Mario Valencia, quien pidió que se le garantizara que su defendido no será juzgado por delitos anteriores a 1997

La denuncia obligó al gobierno del presidente Álvaro Uribe a moverse rápido y a exigirle al gobierno de Estados Unidos que aclarara la situación. De inmediato, el embajador en Washington, Luis Alberto Moreno, le exigió al fiscal que presentara las pruebas o de lo contrario que se retractara. Mientras, el ex presidente Samper se defendía a través de un comunicado: "Resulta insólito que ahora se me acuse de haber recibido sobornos... Una vez aprobada la reforma sin retroactividad, la propia Presidencia, a través de la Secretaría Jurídica y por instrucciones mías, solicitó declarar la inexequibilidad de la cláusula de no retroactividad ante la Corte Constitucional; esta última, en su autonomía, determinó avalarla".

Mientras tanto, el escándalo no paraba. Desde la cárcel, Carlos Oviedo, miembro de la comisión de acusaciones que absolvió a Samper de los cargos de haber aceptado dineros del cartel de Cali para su campaña presidencial en 1994, le dijo al canal RCN que la mayoría de congresistas que defendieron la situación del ex presidente en esa época recibieron dineros para no aprobar la extradición con carácter retroactivo. "Eso me consta, porque tengo los documentos, tengo las pruebas, tengo copias de los cheques que recibieron secretarios de la Cámara de Representantes, altos funcionarios del Congreso, y esto está soportado jurídicamente con los documentos". Su versión coincide en buena parte con la del abogado Salazar y con la de una fuente cercana al cartel de Cali que pidió no revelar su nombre."Sí se repartió plata y mucha. Todos los narcos contribuyeron. Se pagó en dólares y en efectivo, pero una buena parte de lo que se recogió se la robó uno de los capos".

El golpe mortal que le dio el fiscal de la Florida al país hizo creíbles insistentes rumores que corrían por los pasillos del Congreso en ese entonces. El actual presidente del Senado, Luis Humberto Gómez Gallo, reconoció que en esa época hubo presiones de los narcotraficantes y le pidió al fiscal revelar los nombres de los parlamentarios acusados del soborno. "Como presidente del Congreso, pienso que es muy importante que se señale cuáles son las personas para que nuevamente no se ponga en tela de juicio el Congreso en su conjunto".

El escándalo había que pararlo a como diera lugar. Y en cuestión de horas se conoció la respuesta del gobierno norteamericano. A través de su embajador en Colombia, William Wood, anunció que le entregaron a la canciller Carolina Barco un documento del fiscal Paul Pérez "retirando y revocando los argumentos que han causado tanta controversia en las últimas horas y días". Según el diplomático, el Departamento de Justicia le entregó el pasado jueves a la embajada colombiana en Estados Unidos toda la información que tenía el fiscal sobre este aspecto. "Había una confusión y ya está resuelta", afirmó Wood. Mientras que la canciller colombiana dio por cerrado el capítulo.



TRISTE EPISODIO

En el ambiente polarizado de 1997 se convirtió en objeto de debate el absurdo jurídico de la aplicación retroactiva de la legislación penal, con el agravante de que la mitad del Congreso se dejó comprar para evitarlo. Muchos, por miedo a ser estigmatizados, votaron en contra de los principios jurídicos.

En cuanto a Samper, los conocedores de este episodio coinciden en que la acusación de que recibió cinco millones de dólares no es creíble. Como los fiscales norteamericanos meten todas las narcofinanciaciones en un solo costal, probablemente confunden los cinco millones de dólares que recibió su campaña con un soborno personal.

En donde no es muy convincente el ex presidente es en su pretensión de que él era el abanderado de la extradición con retroactividad. Bastantes problemas tenía en ese momento con la presión o el chantaje de todos los narcotraficantes que habían financiado su campaña como para poderse dar el lujo de extraditarlos. Así como es verdad que fue él quien los capturó, no es verdad que pensó en entregarlos a la justicia estadounidense. La solicitud de su gobierno de declarar la inexequibilidad de la cláusula de no retroactividad ante la Corte Constitucional era más un gesto simbólico para quedar bien con Estados Unidos y con la opinión pública colombiana que cualquier otra cosa.

La norma de por sí ya había sido demandada por los congresistas Claudia Blum, Luis Guillermo Giraldo y Germán Vargas Lleras. Además era imposible que la Corte la declarara inexequible pues ningún organismo judicial de un Estado de derecho podría avalar la aplicación de la retroactividad en materia penal.

En todo caso, este episodio es muy triste para el país y demuestra que la infiltración del narcotráfico en la política no paró con el proceso 8.000. Si con los ojos del mundo clavados en Colombia como estaba sucediendo en ese momento millones de dólares fueron repartidos en el Congreso, qué se puede esperar de quienes tienen en sus manos la responsabilidad legislativa del país.