¿Cómo se afectan las elecciones regionales tras la elección de Márquez?

Las implicaciones de la decisión de Iván Márquez de crear su grupo armado van más allá de la seguridad y llegan a la política. En un contexto tan polarizado, las tensiones entre las fuerzas políticas alrededor de la paz toman un nuevo aire. Más aún a menos de dos meses de las elecciones regionales.

Desde que se supo la noticia, el sector radical del uribismo –encabezado por el propio Álvaro Uribe– se fue lanza en ristre contra los acuerdos de La Habana. Mientras tanto, los defensores más duros culparon al uribismo y al presidente Iván Duque de haber descuidado la implementación y hecho ‘trizas la paz’. Excepto las posiciones radicales de varios coequiperos de Uribe, el consenso general fue apoyar a los desmovilizados que se encuentran en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) o que, por fuera de ellos, están cumpliendo lo acordado.

Excepto su bancada, pocos apoyan a Álvaro Uribe en su idea de acabar con los acuerdos.

No cabe duda de que el anuncio de rearme del exjefe del equipo negociador de las Farc en La Habana se va a convertir en uno de los temas centrales en las elecciones de octubre. Aunque todavía no se conozcan los efectos reales del accionar de la nueva disidencia sobre el orden público, la sola amenaza de volver al pasado servirá de bandera a los más radicales.

El rearme de Márquez y otros se convertirá en el argumento principal de los sectores radicales para decir que el acuerdo no funcionó y que hay que derogarlo. “Hay que bajar esos acuerdos de la Constitución, capturar a esos bandidos donde estén, recuperar esta economía, profundizar la política social y, ¡mano firme contra esos bandidos que es lo que necesita este país!”, trinó Álvaro Uribe, en tono de plaza pública, cuando supo la noticia de Márquez. Ese discurso con el argumento de ‘ya lo dijimos’ hará carrera.

Y, seguramente, también tendrá impacto en el Congreso. Se espera que la bancada parlamentaria, que ya ha mostrado interés en presentar proyectos para modificar los acuerdos de paz, tome un nuevo impulso para hacerlo. De hecho, los senadores Uribe y Paloma Valencia presionaron, al comenzar la actual legislatura, por un nuevo proyecto de ley para modificar la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese intento pasó desapercibido, pues con el hundimiento reciente de las seis objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP se pensaba que el debate había quedado atrás.

Pero el ambiente en el Congreso tras lo de Márquez y Santrich quedó enrarecido. El jueves, los uribistas purasangre se sentían empoderados, mientras que en los sectores de izquierda y alternativos había desconcierto. El Polo Democrático, la Alianza Verde, el Partido Liberal se jugaron todo por el todo para defender la paz. Y Cambio Radical y La U también aportaron capital político para que la refrendación parlamentaria del acuerdo fuera posible. Entre todos, negaron las modificaciones a la JEP y defendieron la integridad de lo pactado.

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No es claro en qué medida el argumento de mandar los acuerdos al traste traiga réditos políticos. Hasta puede resultar contraproducente. Álvaro Uribe no tiene la misma popularidad de cuando ganó el plebiscito. Según la medición de Invamer Gallup realizada la semana pasada, su imagen negativa llegó al 61 por ciento, la más alta de su historia. En octubre de 2010, tenía 41 por ciento (20 punto menos que la actual) y un positivo del 54 por ciento.

Además, otra cosa ocurre en el terreno de la opinión, en el que hay una especie de agotamiento con el tono pendenciero y agresivo de los políticos. La gente está concentrada en temas que van más allá de la paz, y el desempleo se consolidó este año como la principal preocupación. En el Congreso, en cambio, Uribe lidera su bancada. En el Centro Democrático no se mueve una hoja sin él, y la inspiración para criticar de nuevo la paz seguramente le dará oxígeno.

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Nadie sabe lo que sucederá con la imagen del presidente Iván Duque. Su discurso para reivindicar la necesidad de proteger lo acordado y defender a los desmovilizados que están cumpliendo generó tranquilidad y respaldo de sectores de centro. Incluso, voces en el movimiento Defendamos la Paz reconocieron ese hecho. Es predecible que la nueva realidad de Márquez le dé oxígeno y aumente sus niveles de aceptación. Sin embargo, no se puede saber qué tan sostenible será el apoyo ciudadano a su figura. Así como en redes sociales miles de personas lo apoyan, también hay sectores que piensan que su intento de modificar la JEP con las objeciones les dio más motivos a Márquez y su banda.

El discurso del presidente Iván Duque para reivindicar la necesidad de proteger lo acordado y defender a los desmovilizados que están cumpliendo generó tranquilidad y respaldo.

En varios sectores del mundo político dicen que este episodio le puede servir a Duque para convocar un nuevo pacto en torno a lo que el mismo llama ‘paz con legalidad’. Varias fuentes de La U y Cambio Radical, por ejemplo, le dijeron a SEMANA que tenían la expectativa de que Duque llamara a sus partidos para mostrar unidad contra Márquez. Pero desde el inicio de su gobierno Duque ha tenido que guardar un equilibrio entre el centro y las posiciones radicales del Centro Democrático, lo cual a veces lo inhibe de plantear estrategias audaces.

Quien sí propuso una unidad política en torno a la implementación fue el expresidente Juan Manuel Santos. En un video acompañado de negociadores del acuerdo, como Humberto de la Calle, Rafael Pardo, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras, invitó a una estrategia de trabajo político para sacar adelante lo que falta de la implementación y, así, enviar un mensaje de tranquilidad a los exguerrilleros que sí están cumpliendo.

Aunque el Gobierno de Santos descuidó la implementación al final de su mandato, esa propuesta puede caer bien en la opinión, pero en la práctica política es inviable: la Unidad Nacional que apoyó a Santos ya no existe, La U –fundamental en esa coalición– está formalmente con el Gobierno, y con Márquez en la guerra defender ‘la paz de Santos’ es poco rentable.

Los más perjudicados con la decisión de Santrich, Márquez y otros de colgarse los fusiles al hombro son los miembros del Partido Farc. A ellos les fue mal en la elección a Congreso y quedó demostrado que el perdón electoral puede tomarse un tiempo largo. Esta vez tenían candidatos a alcaldes y gobernadores en varios departamentos. Seguramente lo sucedido afectará su legitimidad. Sobre todo si se considera que Márquez le hizo un daño casi deliberado a sus antiguos compañeros, hoy en la civilidad, al bautizar su guerrilla como las nuevas Farc, igual al partido.

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Para hacerle contrapeso a ese efecto, y evitar deserciones, se destacó el papel de Rodrigo Londoño, Timochenko, y de los congresistas de las Farc. Timo, en su condición de presidente de la colectividad, tuiteó todo el día a favor del acuerdo y dijo que “si este llega a hacerse trizas, me dedicaré a recoger los pedacitos”. El senador Carlos Antonio Lozada habló en la misma dirección, y le dijo a SEMANA que la Farc “va a seguir cumpliendo, así el Estado no cumpla”. También dio por expulsado a Iván Márquez y los demás disidentes del partido. Reconoce que su colectividad deberá cambiar de nombre.

Un estudio reciente del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, publicado por esta revista, demostró que el único tema que polariza en Colombia es la paz. También, que esa polarización comienza entre los políticos y desde ahí se irriga a la opinión pública. Por eso, esta vez dependerá de ellos, incluyendo el presidente, que la polarización no se repita y que la paz de los que sí cumplen pueda salvarse.