Rebeldes con causa

Es que usted nos va a dejar matar a todos o qué espera para evitarlo?”, le reprochó airado hace unas semanas un habitante de Sonsón a William Ospina García, alcalde de esta localidad antioqueña. La sucesión de muertes selectivas que estaban apareciendo en la jurisdicción, cerca de 50 en este año, los continuos cercos en la carretera de La Unión a Sonsón, los robos a los vehículos con mercancía y alimentos y el insuficiente apoyo por parte de las autoridades para combatir estas amenazas estaban llevando a los habitantes del pueblo a una situación insostenible. No podían entrar los insumos ni sacar los productos de la región y los buses se negaban a transportar a la gente por las continuas amenazas de los guerrilleros.

Una situación similar, o quizá más dramática, viven los pobladores de San Carlos. En el último año han sido asesinadas 120 personas de acuerdo con las estadísticas que maneja la Secretaría de Gobierno de Antioquia. No lejos de allí, en Carmen de Viboral, los enfrentamientos con el ELN han dejado una estela de muertos: 130 según las estadísticas de Humberto Restrepo García, alcalde de esta comunidad.

Como Sonsón, San Carlos o El Carmen, los otros 20 municipios que forman el oriente antioqueño y que sumados ocupan más de 7.000 kilómetros cuadrados de territorio, son desde hace ocho años el epicentro de una guerra en la que están involucrados el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, los frentes 47 y nueve de las Farc y las autodefensas de Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio. Entre ellos se disputan el botín de una zona estratégica que es reconocida por su gran potencia económico. Como lo recalcó hace poco el consejero de paz para Antioquia, Gilberto Echeverri, “se trata de una de las zonas más importantes del país ya que es la fuente de los recursos hidroeléctricos, el 30 por ciento de la energía se produce allí; además están las líneas de transmisión que abastecen al país, la carretera Medellín-Bogotá y Medellín-oriente colombiano, porque es una zona rica en minerales no metálicos para la industria cementera y hay unos corredores estratégicos para la guerrilla, que se mueve entre el nordeste y Nariño para salir a Caldas”.

Este mismo valor estratégico que tanto se les reconoce ha sido para estos 23 municipios su viacrucis. En el ámbito económico, porque a pesar de contar con semejante potencial es una región que ha sufrido las consecuencias del desempleo y la carencia de infraestructura en salud, educación y servicios públicos. En el aspecto político, se ha convertido en el tema obligado de las agendas de los grupos subversivos y, por supuesto, también del paramilitarismo. En medio de ese fuego cruzado en busca del poder entre ELN, las Farc y los paras los 600.000 habitantes de la zona han tenido que sufrir en carne propia los embates de la violencia: cerca de 1.400 han muerto en lo que va corrido del año.

Rechazo oficial

Este sangriento panorama llevó a que los 23 alcaldes de la región respondieran al llamado de sus comunidades para buscar una salida a esa compleja situación de orden público. Una reunión previa de los mandatarios afectados llevó a que éstos tomaran una decisión de fondo: llevar a cabo un encuentro con los jefes de los grupos al margen de la ley para tratar de buscar una serie de acuerdos que sacaran a la sociedad civil del conflicto armado.

Pero esa iniciativa para nada le gustó al gobierno. Adelantar este tipo de ‘negociaciones’ sin el consentimiento del gobierno era un problema mayúsculo para los alcaldes, pues el presidente Andrés Pastrana lo ha repetido en más de una oportunidad que la única agenda oficial en este campo es la que maneja el alto comisionado de Paz, Camilo Gómez. La reunión de los mandatarios municipales con los jefes guerrilleros tampoco cayó muy bien en la dirección de la Policía Nacional. El propio director, general Luis Ernesto Gilibert, señaló que bajo ningún punto de vista aceptaría que las estaciones de policía que están dentro del perímetro urbano de estos municipios fueran trasladadas de lugar. “Esto es una componenda entre los alcaldes y la guerrilla”, señaló el director de la Policía.

Pero ellos tienen una visión totalmente distinta del asunto. “Lo nuestro no es torpedear el proceso de paz que adelanta el gobierno, aclara Humberto Restrepo, alcalde del Carmen de Viboral. Lo que queremos es llegar a una solución de vida. Creemos que este avance también se puede articular, ver como una parte del otro proceso. Una parte de la solución. La paz no se puede dar solamente entre el Caguán y Bogotá, esa paz está más lejana. Pero entre tanto no nos pueden obligar a seguir contando las muertes en nuestras poblaciones con mirada impávida”.

Fue así como hace un mes empezaron los acercamientos con todos los grupos y han visto cómo sus esfuerzos han estado arrojando, según los alcaldes, importantes frutos. El comando central del ELN aceptó considerar una tregua unilateral por seis meses para no realizar hostigamientos ni acciones armadas contra los efectivos de la policía o sus viviendas en un perímetro de 100 metros. Su condición es que se estudie la reubicación de estas guarniciones fuera del municipio o constituirlos como policía comunitaria. “Lo que, entre otras cosas, está haciendo la Policía Nacional en una de sus directrices, la redefinición de la función de la Policía en los pueblos por una policía comunitaria, lo que no significa que no esté armada”, señaló Hernando León Martínez, alcalde de San Luis. En la misma comunicación el frente guerrillero manifestó su intención de suspender los ataques al sistema eléctrico y la autopista Medellín-Bogotá, así como también empezar la discusión sobre el tema del secuestro.

Nada fácil

El primer grupo contactado fue el ELN, pero del mismo modo y con el mismo planteamiento los alcaldes lo han hecho con cada uno de los otros actores armados —Farc y paras— y han logrado al menos abrir una puerta para discutir algunos acuerdos humanitarios. “Nuestra propuesta está lista a aceptar que todos pongan y todos ganen. Es una invitación para que nos juntemos en lo que nos une, lo comunitario, la humanización del conflicto, la construcción de país, señaló uno de los facilitadores del proceso. Esto no significa, agrega, que los alcaldes hayan pretendido iniciar diálogos con los alzados en armas puesto que esta es una competencia exclusiva del gobierno nacional”.

Sobre otro acercamiento puntual Carlos Iván Lopera, vocero nacional de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), anunció recientemente que el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN estaría dispuesto a adoptar una suspensión unilateral de hostilidades que abarcaría a la población en general durante dos meses si el gobierno hace un gesto social con los habitantes del oriente antioqueño, como el congelamiento de las tarifas de energía o la condonación de préstamos a campesinos. En esa negociación, avalada por el Coce, ese frente también aceptó estudiar la suspensión de secuestros si surge una idea de financiación para la estructura insurgente.

Por otro lado, Lopera convocó a las Farc y a las autodefensas para que avalen y respeten los acercamientos de los alcaldes, “también estamos contando con el apoyo del Estado en su componente de Fuerzas Militares y de Policía, haciendo conocer que en el oriente hay una dinámica ciudadana y organizativa que está desembocando en múltiples iniciativas, entre ellas los acuerdos humanitarios. Queremos hacer posible la vida en esta región”, indicó.

El tema no ha sido nada fácil de abordar con el alto gobierno. Pero sí lo ha sido con las autoridades regionales. El gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, sostuvo una reunión la semana pasada con el alto comisionado de Paz, Camilo Gómez, y en ella le manifestó su total respaldo a la gestión de los alcaldes. Consideró que era innecesaria la controversia que se había generado a raíz de la reunión que sostuvieron con la guerrilla. “Es un proceso que busca dentro del marco de la Constitución, y muy en coordinación con el gobierno nacional, disminuir la intensidad del conflicto en el oriente y ojalá en Antioquia y el resto del país”, señaló el gobernador.

El paso que dieron los alcaldes del oriente antioqueño se convirtió en punto obligado de la agenda del Alto Comisionado de Paz. En las últimas dos semanas Camilo Gómez ha sostenido una serie de reuniones con los alcaldes de esa zona del país para buscar una salida a la dramática situación de orden público que están viviendo. El gobierno todavía no ha dicho no a la iniciativa, que cada vez tiene más acogida a nivel nacional. Y mucho más ahora cuando se vislumbra una posibilidad de reanudar las negociaciones de paz con el ELN. Sin embargo todavía falta mucha tela por cortar. En primer lugar, el gobierno desautorizó una reunión de los mandatarios con los jefes paramilitares. Otro de los temas en la mesa es que el Alto Comisionado insiste en que el problema no es que esté la Policía en los municipios. Es, sí, que la guerrilla ataque a la población civil.

Por su parte los alcaldes no dan su brazo a torcer y consideran que hay que buscar una salida urgente y para encontrarla se debe contar necesariamente con la propuesta que ha hecho el ELN. El tema continúa en discusión y tendrá un desenlace final de acuerdo si se presenta una segunda fase de negociaciones entre el alto gobierno y el ELN que empezó a cocinarse el pasado fin de semana en Caracas, Venezuela.