Rector de los Andes despidió a la pareja de la exdirectora del Fondo Colombia en Paz

El papel de las entidades fiduciarias ha sido fundamental para complementar la gestión del Estado. Las fiducias de naturaleza pública, especialmente, han respaldado con éxito los procesos de administración estatal mediante un manejo ágil de recursos para atender tareas complejas. Con esto en mente, y consciente de la necesidad de generar equidad y paz genuina en los territorios afectados por la violencia y la pobreza, el gobierno nacional privilegió este esquema de gestión de recursos para atender los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final.

El reto de lograr un proceso de construcción de paz estructural en un marco de legalidad y de conseguir un real tránsito hacia la estabilización territorial implicó arreglos institucionales para facilitar la intervención del Estado. El Fondo Colombia en Paz (FCP) se inserta en esa dimensión institucional como un instrumento que articula financieramente la implementación y focaliza los medios económicos disponibles hacia las regiones con mayor incidencia y afectación de las desigualdades del pasado.

La operación del FCP reposa sobre los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. De ahí que no tenga una estructura administrativa propia, que opere bajo un régimen de derecho privado y que sea un patrimonio autónomo administrado por sociedades fiduciarias públicas, integradas por Fiduprevisora, Fiducoldex y Fiducentral. Además, para promover una mayor eficiencia, los recursos se administran a través de la unidad de caja. Esto garantiza una gestión dinámica y flexible, genera un marco institucional que optimiza el abordaje de la implementación, simplifica trámites en tiempo y recursos, y supera las limitaciones propias del régimen general de la administración pública como la vigencia fiscal.

El modelo operativo del fondo refleja una adecuada articulación entre la Dirección Ejecutiva del FCP, la fiducia y los ejecutores de las iniciativas que apuntan a la estabilización. La separación funcional genera confianza y credibilidad del Estado y los cooperantes, y anula una posible atomización operativa, en tanto las partes intervienen en etapas específicas del proceso. La Dirección Ejecutiva lidera la gestión estratégica e interlocución con las entidades nacionales e internacionales, la fiduciaria coordina la contratación y pagos a las entidades ejecutoras, y estas últimas identifican las necesidades de financiación.

Los recursos administrados por el fondo, a través de la fiduciaria, apoyan iniciativas de transformación social y del territorio que contribuyen al progreso sostenible en los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Es decir, aquellas zonas priorizadas por ser las más afectadas por la violencia y por la prevalencia de índices de pobreza, economías ilícitas y debilidad institucional.

Estos recursos se distribuyen en subcuentas lideradas por entidades ejecutoras y atienden iniciativas de sustitución, reincorporación, renovación territorial, justicia transicional, primera infancia y sostenibilidad en áreas protegidas. Con estos fondos se garantiza la generación de ingresos a más de 8.000 recolectores y la asistencia alimentaria inmediata a las familias del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Para ello, la fiduciaria coordina las operaciones con la banca y realiza los pagos en 14 departamentos y más de 50 municipios del país.

El fondo también financia el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, electrificación, acueducto y alcantarillado, para la transformación de los 170 PDET y brinda garantías a los excombatientes para su reincorporación socioeconómica. Esto lo lleva a cabo con la implementación de proyectos productivos, acceso a vivienda, formación técnica, empleabilidad y el desembolso de beneficios de renta básica y asignación mensual.

Además del fortalecimiento de la confianza con los actores de la implementación, el mayor logro del fondo –en estrecha articulación con la fiduciaria– es su capacidad de acortar caminos entre la administración central y los territorios. Es un instrumento financiero que opera como medio para impulsar la presencia del Estado en las regiones, a la vez que garantiza efectividad y transparencia en la inversión de los recursos y su manejo en beneficio de las comunidades. El reto consiste en asegurar la sostenibilidad del modelo de cara a los próximos 15 años de estabilización.