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Proyecto de María Fernanda Cabal pone talanqueras a la restitución de tierras

La reforma que propone María Fernanda Cabal a la Ley de Víctimas volvió a encender el debate. Aunque algunas de sus críticas son válidas, de aprobarse el texto presentado las víctimas quedarían en desventaja frente a los actuales propietarios de los terrenos.


Desde hace más de 50 años, la violencia que ha vivido el país ha sacado de sus tierras y ha desarraigado a miles de campesinos. Para acabar ese flagelo y promover el regreso de los desplazados a sus lugares de origen, el primer gobierno de Juan Manuel Santos promulgó la Ley 1448 de 2011, que busca restituir a las víctimas las fincas o parcelas que abandonaron o cedieron forzosamente después desde 1991.

Para agilizar la restitución, la ley estableció solo una instancia en el proceso judicial. Es decir, el segundo ocupante no puede apelar la sentencia restitutiva, pero en caso de demostrar su buena fe recibe de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) una indemnización. También la ley invirtió la carga de la prueba. Eso significa que la víctima no tiene que probar el despojo, sino que el ocupante deberá certificar que adquirió u ocupó el predio de buena fe.

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Esa norma en la última semana volvió a estar en el centro del debate político por cuenta del proyecto de ley presentado hace unos días por la senadora María Fernanda Cabal, que busca subsanar, según ella, “unos vacíos jurídicos y las violaciones a los derechos fundamentales de los segundos ocupantes”. En su proyecto, los dos pilares de la Ley de Tierras desaparecerían y los reemplazarían la doble instancia en los juicios de restitución de tierras y el reconocimiento a terceros de la buena fe exenta de culpa. En cuanto a la carga de la prueba, el segundo ocupante ya no tendría que comprobar si compró la tierra de buena fe, sino que la víctima tendría que demostrar su despojo.

María Fernanda Cabal

El proyecto de Cabal ha merecido el rechazo de movimientos de víctimas, académicos y sectores políticos. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, uno de los autores de la ley vigente, dijo que el nuevo texto “acaba de un solo tajo con la restitución de tierras y legaliza el despojo llevado a cabo por grupos ilegales”. Por su parte, la senadora afirma que “no busca beneficiar a grupos paramilitares ni a mafiosos” y sí pretende “beneficiar a campesinos y pequeños parceleros que adquirieron tierras de buena fe a los despojadores y víctimas del Estado que los quiere tratar como victimarios”. Pero lo cierto es que su propuesta pone talanqueras y ralentiza la restitución de tierras, un proceso que, de acuerdo con la ley, deber ser fácil y expedito.

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Para Cabal, su proyecto equilibraría las fuerzas entre segundos ocupantes y las víctimas de despojo y eliminaría una serie de injusticias que viven los propietarios rurales. “La Ley de Tierras es un sinsentido por el que se protegen los derechos de unas víctimas que en unos casos no lo son tanto, sobre la injusticia de unos campesinos y aparceros que viven en la pobreza y que también son víctimas”, dijo la senadora.

El problema es que este debate abierto por la senadora Cabal resulta más complejo que un enfrentamiento entre terratenientes y víctimas de despojo. En medio de esos dos grupos también hay humildes campesinos o aparceros que, motivados por los grupos armados irregulares, invadieron o compraron tierras que habían sido arrebatadas a sus dueños. Personas que, ciertamente, no son el centro de la Ley de Tierras, pero que desde 2016 la URT ha comenzado a atender.

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Ciertamente, algunos segundos ocupantes han sufrido por cuenta de personas inescrupulosas que se hicieron pasar por víctimas (casos documentados por Cabal y que la URT ha admitido). Pero más allá de eso, la Ley de Tierras ha permitido el único esfuerzo real en las últimas décadas por solucionar el problema de despojo de tierras en el campo colombiano, cuyas víctimas son en su mayoría personas humildes, con bajos niveles de escolaridad y con dificultades para acceder a la justicia. En ese sentido, la única instancia y la inversión de la carga de la prueba son una estrategia para que esa población despojada y desplazada tenga un acceso real a la justicia.

Juan Fernando Cristo opina que el proyecto de la senadora María Fernanda Cabal acabaría con la Ley de Tierras. Ella considera que su reforma beneficiará a los segundos ocupantes de buena fe. 

En un país donde los procesos judiciales en las ciudades y entre grandes abogados pueden durar años o décadas, ¿qué se puede esperar de los expedientes de restitución de tierras, en los que los involucrados viven en la zonas más remotas del país y en la mayoría de las veces no cuentan con los recursos y conocimientos para emprender un proceso judicial? En estos casos no es descabellado que el Estado se ponga de parte de los despojados y equilibre un poco las cargas. Algo similar sucede en la legislación laboral, en la que la ley tiende a favorecer al trabajador. Por supuesto, la Ley de Tierras no puede discriminar a los segundos ocupantes de buena fe, pero para proteger sus derechos no es necesario acabar con los beneficios que la ley les otorgó a las víctimas.

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