Cabezas de listas cerradas serían candidatos a alcaldías, propuesta de La U

El voto preferente parece tener sus días contados. Después de 27 años de haber sido implementado en la Constitución del 91, como mecanismo para elegir a los representantes del pueblo en el Senado, la Cámara, las asambleas departamentales y los concejos municipales, los partidos políticos parecen haber llegado al consenso de que ese sistema es una de las raíces de la corrupción política en el país.

Se le señala, al voto preferente, de haber sido el que encareció las campañas políticas, el que propició la compra de votos, el que clientelizó la político, y hasta de propiciar la infiltración de dineros ilegales, especialmente en la regiones. También se le acusa de ser causa de impunidad porque evita la responsabilidad política de los partidos sobre sus elegidos.

La figura del voto preferente significa que el partido tiene el monopolio para determinar quién pertenece a la lista, pero no para asignar un orden jerárquico entre los candidatos; esta función de ordenamiento de preferencias es ejercida por el elector mediante su voto. En este sistema,  el candidato que mayor cantidad de votos preferentes obtenga dentro de su lista ocupará el primer renglón de esta, el segundo se ubicará en la segunda línea, y así sucesivamente. La mayoría de los partidos políticos con actual representación en el Congreso eligieron a sus parlamentarios con la fórmula del voto preferente, o listas abiertas.

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El consenso para cerrar las listas en los próximos eventos electorales, como mecanismo para combatir la corrupción, se selló en la noche del pasado jueves en la Casa de Nariño, cuando el presidente Iván Duque convocó a todos los partidos (incluida la Farc) y a los promotores de la consulta en lo que se llamó la cumbre anticorrupción.

En aquel encuentro se acordó la creación de una mesa técnica para recoger todas las iniciativas anticorrupción, incluida la reforma política.

Una de las propuestas que han llegado a esa mesa para eliminar el voto preferente proviene del Partido de la U, y está diseñada para que se estrene el año próximo en las elecciones regionales, cuando los colombianos sean convocados para elegir alcaldes, gobernadores, concejos municipales, asambleas departamentales y juntas de acción local.

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La propuesta, según conoció SEMANA. es que los partidos o movimientos (que se inscriban con el respaldo de firmas) presenten listas cerradas de candidatos a concejos y asambleas, y el cabeza de lista sea el candidato a la alcaldía o a la gobernación respectiva. En consecuencia, el alcalde o gobernador sería el que encabece la lista más votada en los comicios. Un modelo parecido al que actualmente se utiliza en España, en el que los electores votan solo por el partido, y este se encarga de determinar (mediante procesos internos) el orden de los renglones de la lista.  

En las elecciones generales en España, los ciudadanos votan por el partido de su preferencia para conformar el Senado y el Congreso de los diputados. El presidente del gobierno es el que encabece la lista, en caso de que el partido obtenga la mayoría de la votación.

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Eso significa, por ejemplo, que para la alcaldía de Bogotá los partidos deberían presentar una lista de candidatos y quien la encabece sería el encargado de asumir la responsabilidad. Los aspirantes que pierdan las elecciones tendrían un escaño en el cabildo capitalino.

La propuesta de La U será debatida en la mesa técnica que tiene la misión de entregarle al gobierno los textos redactados y consensuados de los proyectos encaminados a luchar contra la corrupción. Faltaría reglamentar el mecanismo  de cómo los partidos políticos escogerán a los integrantes de sus respectivas listas.

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El diagnóstico sobre el voto preferente no es nuevo. Desde la reforma política de 2013 se ha insistido en su eliminación pero el Congreso nunca lo ha hecho, entre otras porque la mayoría de sus integrantes se han elegido mediante esta fórmula, y por no encontrar los mecanismos de democracia interna para fortalecer a los partidos. Antes de las elecciones de 2014 hubo un intento por cerrar las listas, pero no prosperó. Y en 2017, la reforma política para implementar el acuerdo de paz con las Farc también lo promovió, pero ese proyecto se archivó en el Congreso.

Ahora, tras los casi 12 millones de colombianos que respaldaron la consulta anticorrupción, la eliminación del voto preferente se ha convertido casi que en un mandato para los partidos políticos. La urgencia de adelantar esta reforma la señaló el presidente Iván Duque este lunes, cuando posesionó a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral. “‘Ojalá la reforma electoral esté vigente en las elecciones de 2019”, fue la instrucción del mandatario.