Reforma, sí, pero ¿cuál?

En el momento culminante de la protesta multitudinaria que se tomó a Bogotá el jueves pasado, numerosos estudiantes se subieron a la gigantesca estructura del árbol de Navidad que la Alcaldía está armando en la Plaza de Bolívar y colgaron sus pancartas. En estas se leía un rechazo total a la reforma propuesta por el gobierno. Por eso, pese a que el presidente Juan Manuel Santos anunció al día siguiente la solicitud oficial de retiro del proyecto del Congreso, pasada la tempestad no llegará la calma. Por el contrario, lo que se viene a partir de enero es un debate de alto calibre sobre el futuro de la universidad, con las posiciones del gobierno y los estudiantes a un abismo de distancia.

Al cierre de esta edición, estaba pendiente si los estudiantes levantaban el paro, regresaban a clases y salvaban el semestre. El gobierno dio un paso más allá: el viernes 11, el presidente pasó de prometer que retiraría el proyecto del Congreso, a anunciar que la ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicaría "inmediatamente" en la Comisión Sexta de la Cámara una carta en ese sentido. Pero, aun si los estudiantes deciden volver a las aulas, la discusión para concertar un nuevo proyecto va a ser tan dura como las protestas: mientras el gobierno espera que se discuta el suyo, los universitarios, y no pocos rectores y profesores, aspiran a empezar de cero.

En estos ocho meses de movilización y debate quedaron claros varios puntos en común. Todos los protagonistas del pulso están de acuerdo en que la Ley 30 de 1992, que reglamentó y fijó las pautas de la educación superior del país, ya cumplió su ciclo y es necesario un nuevo marco jurídico y de política para enfrentar los graves problemas que arrastra la universidad. Debe haber más recursos para la universidad pública, deben aumentarse los cupos, mejorarse la calidad, y hay que enfrentar la deserción, pues uno de cada dos estudiantes que empieza una carrera no la termina. Donde salta la liebre es en torno a cómo lograr estos objetivos.

El proyecto del gobierno aspira a crear 600.000 cupos en pregrado y 45.000 en posgrado, con una inyección de recursos públicos -calculada mediante una complicada fórmula cuyas proyecciones son una de las partes más difíciles del debate- de 35 billones de pesos entre 2012 y 2022, de los cuales seis billones son recursos adicionales a los contemplados en la Ley 30. El gobierno espera reducir la deserción, elevar la calidad y aumentar el número de cupos disponibles para llegar al final de ese periodo a los niveles de cobertura de los países de la OCDE, que son de alrededor de 64 por ciento (hoy, Colombia tiene una cobertura del 37 por ciento). Además, destinará casi cinco billones de pesos para subsidios de sostenimiento y matrícula a los estudiantes más pobres beneficiarios de créditos del Icetex, y promete que esos préstamos tendrán cero interés para los estratos más pobres. Por regalías, las universidades recibirán un billón de pesos adicionales para infraestructura e investigación. Y se anuncia un sistema de vigilancia y seguimiento a la oferta educativa y la calidad de lo que enseñan las universidades.

Pese a lo vistosas que lucen estas propuestas en el papel, han despertado serias críticas. Se alega que el aumento de cobertura que el gobierno planea hacer en cuatro años es igual al que tuvo lugar en los ocho anteriores y que, pese al aumento de recursos, la suma por estudiante que recibirán las universidades va a continuar en declive, como viene ocurriendo. Todo esto puede tener un impacto negativo en la calidad de los nuevos cupos. No está claro cuánto del presupuesto va a llegar directamente a las universidades públicas, y ni siquiera hay acuerdo en cifras básicas como la de la magnitud de su déficit (el Ministerio sostiene que arrojan superávit). Estudios de profesores de las universidades de Antioquia, Nacional, o del Valle demostraron que los nuevos recursos prometidos por el gobierno no serían suficientes para atender las obligaciones actuales ni mucho menos para abrir más cupos y mejorar la calidad. A otros les preocupa que los mecanismos de vigilancia y seguimiento propuestos se traduzcan en una pérdida de autonomía de la universidad.

Los desacuerdos en torno a la reforma reflejan modelos distintos para modernizar la educación superior y enfrentar los retos de la globalización en una de las naciones más inequitativas del mundo, donde la educación no ha logrado su fin último, que es convertirse en motor de movilidad y ascenso social.

Un punto de partida es si la educación universitaria debe ser o no gratuita y cuál debe ser la contribución del Estado. Es claro que este tiene recursos limitados y que parte de los futuros estudiantes puede y debe pagar. Pero los jóvenes se preguntan, si en los últimos 10 años ha habido más y más presupuesto para la guerra, por qué no puede haberlo para la educación. Numerosos expertos aseveran que sin un esfuerzo mucho mayor de inversión del Estado, como el que se hizo en Brasil, no se llegará a una cobertura más amplia y de calidad. En un artículo en la revista digital Razón Pública, Francisco Cajiao señala que "no es sano seguir pensando que la universidad pública es para los pobres y que los demás se distribuyan donde quieran y puedan pagar", y dice que "la verdadera diferencia entre países desarrollados y sin esperanza de desarrollo real es justamente la capacidad de la educación para reducir las distancias sociales, y eso no se está haciendo ni hace parte de la política del actual gobierno".

Los estudiantes creen que el gobierno busca que los pobres se queden con una formación técnica o tecnológica, perpetuando los modelos de segregación del país. De ahí la necesidad de que el Estado hable con claridad de lo que quiere, no solo de las universidades públicas, sino también de las tecnológicas, y que demuestre cómo hará para que quien tenga las condiciones académicas, sin importar su condición económica, pueda acceder a la formación que desee.

El 'coco' de los estudiantes son los créditos: "Cinco años estudiando y 15 pagando", reza uno de sus eslóganes. Sin embargo, si se logra llegar a un modelo en el que los créditos, además de emplearse para el pago de la matrícula, se combinen con mecanismos que garanticen el sostenimiento de los universitarios a lo largo de la carrera, esta podría ser una fórmula para enfrentar la deserción y abrir las puertas de los campus a muchos estudiantes de estratos medios y bajos. Para algunos, como el saliente rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo, la mejor forma de aumentar la cobertura es frenar la deserción: "Además de financiar matrícula, los estudiantes necesitan un sistema de bienestar universitario que les permita aliviar sus necesidades básicas de alimentación, transporte y de útiles". Esto solo se podría garantizar con un sistema de créditos que no 'ahorque' a sus beneficiarios.

El viejo tema de la autonomía universitaria ha vuelto a primer plano. No será fácil superar los escollos en esta discusión, que es a tres bandas. Mientras el gobierno quiere introducir controles y más transparencia en el manejo y la eficiencia de los recursos, los rectores prefieren mantener o aumentar sus poderes actuales, y los estudiantes aspiran a tener mucha más injerencia en la gobernanza de las universidades.

Estas no son sino unas cuantas de las complejas diferencias que separan a gobierno y estudiantes, quienes, a partir de enero, deberán ventilarlas en una mesa de concertación. Lo primero en lo que van a tener que ponerse de acuerdo es en la metodología para hacer la discusión. ¿Cómo hará el gobierno para lograr los consensos que hasta ahora le han sido esquivos, en lugar de seguir alimentando el ánimo de protesta de un movimiento estudiantil que sale de este año sintiendo que logró una victoria con el retiro de la reforma? Encontrar la respuesta es tan difícil como hallar la cuadratura del círculo.