Regalos navideños

La última semana de diciembre del año pasado fue una de las más agitadas de los últimos años en el Ministerio de Agricultura. La razón para tanto alboroto no fue otra que la firma apresurada y desmedida de 49 contratos entre esa cartera y distintas entidades del área agropecuaria. En sólo diciembre fueron suscritos por el Ministerio 83 convenios, los cuales ascendieron a 52.942.886.203 pesos, un poco más de la cuarta parte de la totalidad del presupuesto de la entidad, que sobrepasa los 200.000 millones de pesos.

Los contratos firmados son de todo tipo y de distintos montos. Desde la explotación de 12 cerdos de cría para el club de amas de casa de la vereda La Bernarda en Guadalupe, Huila, por 4.700.000 pesos, hasta uno para la implantación y operación del Fondo de Comercialización de Productos Agropecuarios por 14.500 millones de pesos.

Los tres últimos días del año fueron particularmente movidos para la firma de los contratos. Sólo el 28 de diciembre firmaron 25, entre los cuales se destacan cinco para los pescadores de Puerto López (Meta), el de la instalación de 1.500 aves de postura en los clubes de amas de casa de Garzón (Huila), la implementación de proyectos agropecuarios y la construcción de pozos del colegio Técnico Agrícola de Campoalegre.

A algunos les llama la atención que en un solo día fueran adjudicados cinco convenios por 120 millones de pesos que benefician al municipio de Puerto López. Señalan que el viceministro de Agricultura, Luis Arango Nieto, primo del presidente Andrés Pastrana, tiene fincas agrícolas en ese municipio.

La manera como fueron celebrados los convenios, así como la elevada cuantía de los mismos, llevaron a varios congresistas de las comisiones quintas de Senado y Cámara a iniciar una serie de averiguaciones para determinar las posibles responsabilidades políticas por parte del ministro Villalba.

En efecto, en carta enviada al funcionario el pasado 23 de agosto, el representante por el Caquetá Luis Fernando Almario le solicitó una detallada relación de los convenios suscritos con distintas personas y entidades entre el 8 de agosto de 1999 y el 7 de agosto de 2000. La respuesta del Ministro no dejó satisfecho a Almario, razón por la cual le envió otra misiva, en la que le reitera que la respuesta sea “de acuerdo con los términos de la citada comunicación”.

Otros parlamentarios, por su parte, consideran pertinente que el Ministro explique en las próximas semanas las razones por las cuales en diciembre del año pasado fueron celebrados 15 convenios con entidades huilenses, departamento del cual es oriundo el ministro. Entre estos hay uno que llama la atención: el 129 del 20 de diciembre, celebrado con la Gobernación del Huila por 3.500 millones de pesos, para “apoyo económico a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros del departamento del Huila”.



La Contraloría investiga

Pero los convenios con el departamento del Huila no son los únicos que han despertado el interés de los investigadores. Entre los convenios firmados por el Ministerio de Agricultura hay varios que están siendo analizados con sumo cuidado. Uno de ellos es el 118 del 17 de diciembre, cuyo objeto es el de “aunar esfuerzos para la implementación de las medidas y acciones necesarias para la solución del problema del año 2000”, suscrito con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica). El contrato vence el 31 de diciembre de este año y tuvo un monto por 750 millones de pesos.

Como todas las entidades sistematizadas del país, el Ministerio de Agricultura también se preocupó por hacer frente a la crisis que se anunciaba por parte de los expertos relacionada con el cambio de siglo, conocida como el Y2K. Sin embargo es apenas natural considerar que en menos de dos semanas —que es el tiempo que transcurrió entre la firma del contrato y el cambio de milenio— no era mucho lo que el Iica podía hacer para evitar la anunciada catástrofe.

A la postre el Ministerio no tuvo mayores complicaciones con sus computadores. Así se lo hizo saber el Ministro a los senadores de la comisión quinta, quienes le preguntaron por los estudios realizados por su cartera para superar el fenómeno. En una extensa respuesta Villalba se refiere a todas las previsiones adoptadas por su despacho pero nunca menciona el contrato con el Iica, entidad que debía responder por el buen funcionamiento de los computadores del Ministerio.

El Iica es una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) que opera en el país desde la década de los 60, cuando llegó para asesorar el proyecto relacionado con la reforma agraria del presidente Carlos Lleras Restrepo. En los últimos años le ha tocado vivir momentos difíciles debido a la crisis del sector agropecuario. No obstante, en la actualidad el gobierno nacional le destina 250.000 dólares al año para su sostenimiento.

El Iica es una de las entidades más favorecidas por los contratos del Ministerio de Agricultura. No obstante un informe de la Contraloría General de la República de noviembre del año pasado señaló que el Ministerio ha celebrado 56 convenios con el Iica por 68.460 millones de pesos, de los cuales 36 fueron celebrados en 1997 por valor de 28.886 millones de pesos y 20 en 1998 por 39.574 millones. Pero de acuerdo con la auditoría de la Contraloría, aunque el Iica recibió los recursos, “no asumió el costo de la cooperación técnica, por lo cual el Ministerio tuvo que desembolsar 3.983 millones por conceptos de costos administrativos y técnicos indirectos”.

Según el organismo de control, “los informes financieros presentados por el Iica sobre la ejecución de estos dineros, además de extemporáneos, presentan inconsistencias en valores y beneficiarios, y los desembolsos carecen de soportes legales”.

La pregunta que se hacen los parlamentarios es: ¿Por qué si el informe de la Contraloría se hizo público en noviembre del año pasado el Ministerio de Agricultura le adjudicó un contrato millonario en diciembre de ese mismo año?

Pero ese no fue el único contrato firmado con el Iica a finales del año pasado. El 20 de diciembre el Ministerio de Agricultura suscribió un convenio con dicha entidad por 1.500 millones de pesos para el mejoramiento de la competitividad y apoyo a la política de modernización agropecuaria, forestal y pesquera. El 30 de diciembre firmó otros dos, uno por 100 millones y otro por 3.700 millones de pesos. Todos fueron suscritos después de conocerse el citado informe de la Contraloría.



¿Haciendo política?

SEMANA consultó a los funcionarios del Ministerio de Agricultura relacionados con la suscripción de los contratos. Andrea Juliana Silva, asesora del ministro Villalba, sostuvo que los contratos fueron adjudicados a finales de diciembre porque sólo hasta esa fecha se pudo disponer de las adiciones presupuestales para celebrarlos. Esa misma razón —según la funcionaria— fue la que permitió que los convenios no estuvieran radicados en los bancos de proyectos de Planeación Nacional, como establece la ley.

Las adiciones presupuestales —según la misma funcionaria— hacen parte de los convenios para el programa de oferta agropecuaria y el Fondo de Fomento Agropecuario. La primera adición habría sido por 4.300 millones y la segunda por 4.000 millones. Ambas están contenidas en el decreto 2168 del 4 de noviembre de 1999. Todos los convenios se han venido cumpliendo de muy buena forma tanto en la parte técnica como financiera, según Silva.

Todavía está por establecerse si hubo o no irregularidades en la celebración de los contratos de diciembre por parte del Ministerio de Agricultura. No obstante, esas decisiones de último momento producen mala espina en un sector de la opinión, sobre todo después del tristemente célebre episodio de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, encabezada por su presidente Armando Pomárico.

En lo que tiene que ver con los convenios del Ministerio de Agricultura, en el mejor de los casos habría que decir que el ministro Villalba faltó a la previsión requerida para poder ejecutar la totalidad del presupuesto. Y ante el acoso del tiempo y la eventualidad de una sanción presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda, decidió repartir de afán y de forma precaria los recursos que le faltaban para cumplir con la totalidad de los recursos asignados. Lo cual deja muy mal sabor ante la opinión pública.