Registraduría ‘desalmada’

Difícil vaticinar lo que pasaría en Colombia hoy si se presentara una elección presidencial tan apretada como la de México, en donde tendrán que pasar dos meses para que el Tribunal Electoral Federal diga la última palabra sobre el resultado final. Aquí la inevitable crisis política que se desataría, por no mencionar el desorden público, se sustentaría en la falta de imparcialidad y la precaria eficacia de la organización electoral.

La hipótesis parece irrelevante. Las elecciones ya pasaron y el tema de campañas no está en la cabeza de nadie. Pero sirve para llamar la atención sobre la urgencia de llenar vacíos legales y organizar el caos que hay en el procedimiento para nombrar Registrador y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Nadie sabe cuándo terminan sus períodos y no existe la ley que se necesita para saber cómo se eligen.

El enredo empezó en 2003 cuando el Congreso, en la llamada reforma política, incluyó un artículo transitorio que estableció que "el período de los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral y Registrador del Estado Civil irá hasta 2006". Pero no es claro si el reemplazo debe asumir el mismo mes en el que se posesionó la actual Registradora, que es agosto, o si se debe quedar hasta el 31 de diciembre. Igual es el caso de los magistrados del CNE .

Las interpretaciones de la norma son dos. Un concepto del Consejo de Estado, solicitado para esclarecer el caso de los magistrados, habla de la necesidad de respetar los "períodos institucionales", lo que significa que la persona designada para el cargo no puede posesionarse ni antes ni después de la fecha de inicio de su período. Es decir que Almabeatriz Rengifo tendría que irse el mes entrante, y los actuales magistrados, en septiembre. Y el otro es que cuando la norma habla de "2006", significa hasta el año nuevo. Es decir que se quedaría cuatro meses más.

El responsable de esta incertidumbre es el Congreso, que no cumplió con la tarea que él mismo se impuso: reglamentar los artículos de la reforma política que modificaron el funcionamiento y la forma de elegir a las autoridades electorales.

Para el Registrador, además, debían los congresistas hacer una ley en la que se determinaran las características de un concurso de méritos como mecanismo para candidatizar nombres que barajaran los presidentes de las Cortes encargados de la elección. A pesar de que en la pasada legislatura hizo trámite un proyecto de ley, no fue aprobado y en menos de un mes, esa ley no verá la luz. Y sin ley no hay nombramiento. Otra pregunta que llega al debate: ¿es pertinente que para ocupar un alto cargo del Estado como este, se deba pasar por un concurso de méritos? Nadie tiene respuesta, pero así quedó en la Constitución.

Dos caminos se estudian para salir del lío: que Rengifo se quede en el cargo hasta que haya ley, o que los presidentes de las tres Cortes, que hasta hoy se han reunido sólo una vez para hablar del tema, elijan un registrador provisional. Caso en el que tendrán que sacar el nombre del sombrero.

El limbo, pues, pinta para largo y mientras tanto, en los partidos se barajan candidatos y todo apunta a que los uribistas también se quedarían con este pedazo de la torta que se vuelve más apetitosa con las elecciones locales de 2007.

En la línea de partida están dos conservadores, el actual magistrado del CNE Guillermo Reyes y el vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, Jorge Pretelt. Por la 'U', ni más ni menos que el actual secretario del Partido, José Fernando Bautista, y por Cambio Radical, otro magistrado del CNE, Antonio Lizarazo. En los liberales, aunque suena el nombre de Juan José Vives, manifiestan poco interés en el cargo. "No creemos mucho en ese concurso de méritos en medio de tan abrumadoras mayorías del gobierno, incluso en las Cortes", afirmó a SEMANA el subsecretario del partido.

Si en la Registraduría llueve, en el Consejo Electoral no escampa. La reforma política apenas sugiere cómo es el nuevo mecanismo para elegir a sus nueve miembros. "Lo hará el Congreso en pleno, reflejando al máximo su composición política, a través del mecanismo de cifra repartidora". Pero todavía hay dudas frente a cuándo y cómo se realizará esta votación.

En lo que sí se pusieron las pilas los legisladores fue en los cálculos políticos para conquistar este fortín antes dominado por los dos partidos tradicionales. Si los uribistas se mantienen unidos, pueden elegir seis de los nueve miembros del organismo que durante los próximos cuatro años será el responsable de supervisar la financiación de campañas, reglamentar la publicidad política y definir qué partidos siguen vigentes y cuánto se les gira para sostenimiento. El Partido Liberal podría elegir dos, y al Polo no le alcanzaría para tener representación en el CNE, a no ser que hiciera alguna coalición.

Lo que queda claro es que la tarea de la reforma política está a medio hacer y que su reglamentación no tiene dolientes. Pero sobre todo, que la falta de normas claras en los asuntos electorales es muestra de la falta de seriedad con la que se asume nada menos que el funcionamiento de la democracia.