REGRESO SIN GLORIA

La historia comenzó hace siete meses. Al despacho del jefe de la Interpol en Colombia llegó un cable procedente de Quito. En él, la oficina de Interpol en la capital ecuatoriana informaba que había localizado en ese país a Eduardo Zambrano Caicedo y a Mauricio Herrera. El cable era una respuesta a una vieja solicitud de las autoridades colombianas que, a través de la Interpol, habían repartido a 148 países afiliados a esa organización en el mundo, una lista con 12 de los llamados "delincuentes de cuello blanco" que eran requeridos por jueces colombianos por su participación en la crisis financiera que se inicio en 1982, y que se sabía estaban en el exterior.
En Quito no tuvieron que esperar mucho tiempo la respuesta colombiana. A las pocas horas, el gobierno de Bogotá envió una solicitud formal de deportación, respaldada por una docena de órdenes de captura que cursaban contra Zambrano y Herrera. "Lo más importante era que esto se manejara en secreto -comentó a SEMANA un funcionario de Interpol en Bogotá-, pues no podíamos alertar a los fugitivos". Pero aparte de esto, había que realizar una labor de inteligencia para esperar que estuvieran juntos, y así detenerlos al mismo tiempo y evitar que la detención de uno ahuyentara al otro.
No fue difícil esperar a que se juntaran.De hecho, estaban juntos desde hace años, haciendo negocios aparentemente muy rentables, entre ellos una empresa siderúrgica. Gracias a sus actividades financieras y a las excelentes conexiones sociales que habían logrado, los dos financistas habían adquirido préstamos con la banca ecuatoriana por más de 120 millones de sucres, unos 80 millones de pesos. La captura se produjo a finales de marzo.
El funcionario de la Interpol en Colombia fue inmediatamente informado y se dispuso a viajar apenas con un par de mudas de ropa,pensando que sería un rutinario proceso de deportación que, en el peor de los casos duraría 4 ó 5 días. Estaba equivocado. Zambrano y Herrera habían contratado los servicios legales de una firma de abogados de apellido Buendia, una de las más importantes e influyentes del Ecuador. Según algunas versiones conocidas por el gobierno colombiano, aparte de los recursos jurídicos, la pareja de detenidos habría previsto un paquete de 200 millones de sucres, unos 160 millones de pesos, para "darle un empujoncito a cualquier autoridad ecuatoriana que quisiera ayudarlos". Los investigadores colombianos no descartan que por lo menos dos funcionarios del vecino país,hayan cedido a la tentación, aunque reconocen que el alto gobierno de Quito prestó toda la colaboración necesaria.
En fin, después de muchos ires y venires, Zambrano y Herrera fueron entregados en el puente de Rumichaca a las autoridades colombianas. El primero iba impecablemente vestido con traje y corbata.El segundo, por el contrario, había resuelto asumir un papel desaliñado "al parecer para presentarse como una persona pobre -dijo a SEMANA un investigador colombiano vinculado al caso-, como si con ello pudiera ocultar el Mercedes Benz modelo 87 que tiene parqueado frente a su casa en Quito".
El proceso que viene ahora de seguro será aún más complejo que el de la deportación. Zambrano, ex vicepresidente del Banco del Estado, se hizo famoso por la leyenda de su huida del edificio de la entidad en agosto del 82, escondido en el baúl de un carro que salió del parqueadero mientras los agentes del DAS ingresaban a la edificación. Tendrá que responder por decenas de maniobras que habrían sido llevadas a cabo bajo su responsabilidad,así como por haber depositado una declaración falsa ante el Consejo de Estado en un proceso administrativo por autopréstamos, asegurando que conocía personalmente a uno de los destinatarios fantasmas de los créditos que, en realidad, eran para Jaime Mosquera Castro, dueño y presidente del banco. La situación de Herrera es menos clara, debido a la misma complejidad del caso al que se encuentra involucrado, el del Grupo Grancolombiano. Fue vicepresidente técnico de Granfinanciera y socio fundador de una de las sociedades de bolsillo que el grupo utilizó para canalizar los autopréstamos que originaron la intervención a fines de 1983 y un proceso legal que aún no ha terminado.
El final de estas historias todavía es una incógnita.Pero lo que si ha quedado claro es que nadie perseguido por la justicia colombiana, se podrá seguir escondiendo impunemente en el Ecuador. Y como dicen los investigadores colombianos empeñados en la traida al país de los fugitivos de la crisis financiera, "vienen más capturas y deportaciones".