Representante a la Cámara Edwin Ballesteros no pudo contener el llanto durante la renuncia a su curul

Edwin Ballesteros rompió en llanto mientras pronunciaba su discurso de renuncia de su curul, tras haber sido vinculado formalmente por la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción durante su gerencia de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT).

Ballesteros aseguró que presentó su renuncia porque no tiene las garantías en el alto tribunal y con este acto su caso pasará a manos de la justicia ordinaria. Ese fue el mismo proceder del exsenador Richard Aguilar, involucrado en el mismo caso.

El discurso de su renuncia se puede escuchar sobre el minuto 53 de la Plenaria de la Cámara de Representantes.

“Mi equipo de defensa técnica y otro equipo de juristas y profesionales que acompañaba, en la diligencia de indagatoria, producto de un proceso de conocimiento público. El equipo jurídico que les hago referencia renunció al poder pues como lo exponen en su documento de renuncia, la sala de instrucción de la Corte vulneró mis derechos”, dijo el representante.

El representante empezó a llorar una vez nombró a su familia y su compromiso por esclarecer los hechos que lo involucran en la investigación.

“Haré todo lo posible por demostrar a quienes pusieron su voto de confianza en mí, que no se equivocaron, seguiré trabajando por mi esposa, mis hijas, mi familia, por los santandereanos, recorriendo mi departamento”, dijo

Horas antes, la defensa de Ballesteros aseguró que la renuncia del exrepresentante se basaba en la violación de sus garantías constitucionales y en específico el derecho legítimo a su defensa.

Según la defensa, el magistrado que lleva el caso de Ballesteros no les permitió extender el plazo para la entrega de documentos de peritaje financiero y costos en contratación referentes al caso de corrupción.

El pasado 23 de agosto, el exrepresentante se quedó sin abogado por lo que la corte tuvo que aplazar la diligencia. Hasta el momento no se conoce quién defenderá a Ballesteros.

La investigación

Lo que investiga el despacho del magistrado Héctor Alarcón son los presuntos hechos de corrupción mientras Ballesteros estuvo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), entre 2014 y 2016.

En total son tres contratos investigados: uno de ellos es el 157 de 2014, documento que fue suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S. A. S. (representada legalmente por Octavio Reyes Sarmiento) el 29 de diciembre de 2014. Este contrato fue firmado por la suma $1.188′804.830 y su objetivo era el mantenimiento del sistema de alcantarillado en un sector denominado El Casino, cerca de algunos tramos del municipio de Sucre, Santander.

Ahora los dos escenarios son: que el caso se archive tras no encontrar elementos para llamarlo a juicio o que su caso continúe y tenga que comparecer. Por ahora, el despacho del magistrado Alarcón entrará a estudiar su situación.

¿Una investigación derivada del caso contra Richard Aguilar?

La decisión de la Corte de llamarlo a indagatoria y ahora vincularlo formalmente tiene que ver con un proceso que se surte contra el exsenador Richard Aguilar. La investigación apunta a que habría existido un acuerdo para la adjudicación de los contratos para la construcción de los acueductos de los municipios de Chipatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de $600 millones. Sin embargo, SEMANA ha contactado al congresista Ballesteros, quien ha insistido en que aportará a la justicia las pruebas que muestran que es inocente.

En la situación de Aguilar, la investigación viene por hechos relacionados del momento cuando fue gobernador de Santander y, aunque el foco está puesto entre 2014 y 2015, en su mandato habrían existido presuntas irregularidades contractuales que pueden terminar abriendo una caja de Pandora con un carrusel mayor.

Los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo y quien también era contratista de la Gobernación de Santander.

Por un lado, los testigos en contra de Aguilar son Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura en la Gobernación, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, señala la investigación, recibía instrucciones del entonces gobernador Aguilar y de otros funcionarios sobre los procesos de contratación, y a quienes se debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.

La exsecretaria Toledo está siendo procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. A Pardo, su esposo, le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer.

De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar cómo Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el actual senador Aguilar.