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| 11/9/1998 12:00:00 AM

REPROBADOS

Según Human Rights Watch, más del 90 por ciento de las violaciones a los derechos humanos en Colombia corren por cuenta de la guerrilla y los paramilitares.

REPROBADOS REPROBADOS
No hubo sorpresas. El informe anual de Human Rights Watch sobre violación de derechos humanos en Colombia afirmó por enésima vez que los actores del conflicto armado atacan a la población civil y no respetan el Derecho Internacional Humanitario. Pero esa conclusión, aunque delicada y alarmante, no es lo más grave.
Lo que más preocupa es que nada hace pensar, según el mismo informe, que las cosas vayan a cambiar en los próximos años. Así lo pudieron comprobar los propios funcionarios de la organización internacional defensora de los derechos humanos que se entrevistaron con Carlos Castaño, jefe de las autodefensas, y con varios líderes guerrilleros. Todos ellos reconocieron con una alta dosis de cinismo que la guerra en Colombia es de tal magnitud que hace que se violen las normas internacionales sobre el respeto a los derechos humanos de la población civil y de los propios combatientes.
De acuerdo con el informe, el 64 por ciento de la violación de los derechos humanos es realizado por los grupos paramilitares, el 25 por ciento por las organizaciones guerrilleras y el 4 por ciento por miembros del Ejército. El porcentaje de estos últimos disminuyó de forma considerable, comparado con los años anteriores. No obstante, según el informe, en algunas regiones del país donde los paramilitares tienen una presencia destacada, "el Ejército no adopta medidas contra ellos y tolera sus actividades".
En esta ocasión el informe llama la atención sobre dos nuevos fenómenos que se han venido presentando tanto entre los grupos guerrilleros como en los paramilitares. El primero tiene que ver con el reclutamiento de niños menores de 15 años y el segundo es el desplazamiento forzado de la población civil. Aunque ambas prácticas están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario ninguno de los actores armados del conflicto adquirió el serio compromiso de empezar a desmontarlas. En ese sentido el informe, pese a estar bastante documentado y muy bien intencionado, corre el riesgo de no trascender más allá del papel a juzgar por la precariedad de algunos resultados.

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