“Resultados no quiere decir muertos”

SEMANA: ¿Qué es lo que está pasando en la IV Brigada?

General Carlos Alberto Ospina: En la IV Brigada no está sucediendo nada extraordinario. Las tropas están protegiendo a la ciudadanía y, en consecuencia, ha habido combates. Todas estas operaciones se realizaron bajo procedimientos legales. No es que al primero que se apareció le dispararon y dijeron que era guerrillero.

SEMANA: La ONU y las autoridades locales dicen que hay 29 denuncias de civiles que murieron fuera de combate y luego fueron presentados como guerrilleros dados de baja.

G.O: Estos casos están siendo investigados. Veinte de estos casos están en manos de la justicia penal militar. Otros nueve los está investigando la justicia ordinaria. Quiero dejar muy claro que en cada caso hubo necropsias, y que el levantamiento de cadáveres lo hizo la autoridad competente.

SEMANA: Pero existen pruebas de que los cadáveres fueron manipulados.

G.O: Si hay un combate y muere un guerrillero, quien tiene que venir a levantarlo es la autoridad judicial. Si el guerrillero tiene un revólver o un fusil, pues se debe dejar tal como quedó después del combate. Pero hay casos donde los soldados cogen el fusil para verlo, para tomarle una foto y así se está afectando la cadena de custodia. Todo se está investigando. Si en algún caso se cometió un abuso o un error, se tomarán las medidas.

SEMANA: ¿Y eso es muy reiterado?

G.O: No puedo negar que se ha presentado. Hay otros casos en los que queda difícil que el fiscal vaya, entonces toca transportar los cadáveres en helicópteros. Hay patrullas que se demoran tres y cuatro días hasta que puedan hacer un levantamiento de cadáver de acuerdo con la ley.

SEMANA: ¿Se presentan estos casos por presión para dar resultados operacionales?

G.O: El Comando General ha hablado muy claramente sobre esto. Hemos dicho: resultados no quiere decir muertos. Esa es una mala concepción. Si el propósito es pacificar una región, en ese proceso puede haber unos combates y, como consecuencia, puede haber muertos. Pero ese es simplemente un medio para obtener el fin.

SEMANA: Entonces, ¿cómo evalúan a las Brigadas?

G.O: Con dos indicadores: gobernabilidad y productividad. ¿Cómo se llega a eso? A través de combates.

SEMANA: ¿Por qué estas denuncias están tan concentradas en Antioquia?

G.O: En Antioquia hay más operaciones que en otras partes porque la delincuencia está atomizada.

SEMANA: Pero en el sur del país también se combate a diario y no hay estas denuncias...

G.O: Es diferente. En regiones como Antioquia se pelea es contra grupos pequeños y milicianos. ¿Dónde vive el miliciano? En la casa. La familia del miliciano va y pone una denuncia y dice que no era del grupo armado, para que le paguen una indemnización.

SEMANA: ¿Puede disparar un soldado contra una persona desarmada, así sea un colaborador de la guerrilla o un miliciano?

G.O: No. Si una persona está de civil y está desarmada, pues se captura. Desde todo punto de vista tiene más valor capturar que disparar, porque la persona puede suministrar información valiosa para el país. Nosotros por eso queremos una veeduría de la Procuraduría o de Naciones Unidas, porque si se hizo algo mal, está bien denunciarlo y sancionar a los responsables.

SEMANA: ¿Por qué son tan ineficaces los controles internos dentro del Ejército y la justicia penal militar?

G.O: Eso no es así. En los asuntos disciplinarios, si alguien considera que no se investigó suficientemente, puede recurrir a la Procuraduría que tiene poder preferente para investigar. En el caso de los procesos penales hay muchas paradojas, como en el caso de Guaitarilla. Un honorable senador dijo que los miembros del Ejército eran unos criminales. La investigación se adelantó y con el tiempo la misma Fiscalía se la entregó a la justicia penal militar. Simultáneamente, vino el caso de Cajamarca, que lo lleva la justicia ordinaria y no ha habido resultados.

SEMANA: Cuando hay denuncias, ustedes suelen decir que eso es guerra jurídica o guerra política. ¿No es esto una manera de eludir la responsabilidad?

G.O: Hay de todo. No se puede negar que hay guerra política y guerra jurídica. Ahora, en estos casos de Antioquia no podemos ponernos a decir que es guerra jurídica. El punto es que queremos que se haga justicia.

SEMANA: ¿Ven los militares los derechos humanos como un obstáculo para ganar la guerra?

G.O: Uno de los principios de la contrainsurgencia es que el Estado siempre tiene que actuar de acuerdo con la ley. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y si se presentan casos como estos, que se investiguen. No hacerlo sería un retroceso. Porque uno de los avances de la democracia es que cualquier persona pueda demandar al Estado y pueda ganarle. Eso es democracia.

SEMANA: Usted se ve triste. ¿Cómo se siente con estas denuncias?

G.O: Yo quiero que el pueblo colombiano entienda qué es lo que está sucediendo. He dado órdenes expresas sobre el respeto a los derechos humanos y sobre los objetivos que buscamos y los medios que usamos. Por eso, si se comprueba que hubo errores en Antioquia, son casos individuales y eso de ninguna manera significa que haya una política. Quiero que la gente tenga eso muy claro.