Revisar política criminal: una necesidad del Estado

Según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), actualmente el Estado enfrenta 18.565 procesos judiciales solo por privación injusta de la libertad. Estas demandas podrían costarle a la Nación casi 22,9 billones de pesos, lo que podría implicar un inmenso problema fiscal.

Por esto, durante el foro ‘Detención preventiva ¿solución o problema?’, que organizaron la revista SEMANA y la Andje, la directora de la entidad, Adriana Guillén, insistió en que es necesario plantear un debate de fondo sobre la necesidad de revisar la política criminal del país. “Debemos replantear la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y el procedimiento para operarla sin que genere riesgo al Estado y al ciudadano”, indicó.

A modo de diagnóstico, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, aseguró que “Colombia es un país carcelero”, lo que lleva a los operadores jurídicos a dictar medidas de aseguramiento en muchas ocasiones sin los fundamentos y pruebas necesarias.

Frente al tema de la detención preventiva, el viceministro de Política Criminal y Justica, Miguel Samper, señaló que esta figura se convirtió en la causa  principal del hacinamiento que registran las cárceles del país. Agregó que actualmente de 117.000 personas recluidas en cárceles, 41.000 son detenidos preventivos.

El defensor del Pueblo, Jorge Otálora, fue más allá y aseguró que “en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la figura de la detención preventiva arrancó mal”, debido a la falta de humanismo con que se ejecuta. En el mismo sentido, el senador Luis Fernando Velazco, hizo llamado para que los operadores jurídicos se formen en ‘temas filosóficos’ que vayan más allá de las normas penales.