Petro: ¿Legítima defensa?

El proceso apenas empieza, la ciudad va a dar una batalla, y es una batalla política y una batalla social, y se verán los intereses cruzados”, dijo el alcalde Gustavo Petro con tono épico la semana pasada. Se refería al proceso para revocarlo de su mandato que tiene en posición de firmes a los dos ejércitos: el del representante Miguel Gómez con el apoyo de un grupo de ciudadanos y el del gobierno distrital y sus defensores. 

Pero el alcalde no mencionó que la avanzada de su estrategia no es tanto política como jurídica: una batería de demandas, tutelas, derechos de petición, reposiciones, apelaciones y acciones populares que tienen empantanado el proceso de revocatoria. El viernes pasado se cumplieron cinco meses desde que la Registraduría recibió las firmas que respaldaban la consulta popular contra Petro y aún no se conoce la fecha para convocarla. 

Hace dos semanas, la Corte Suprema de Justicia se declaró inhibida para investigar al representante Miguel Gómez, promotor de la iniciativa popular. Un abogado del alcalde, Luis Fontalvo, lo demandó porque en su criterio él incurrió en falsedad en documento y otro ciudadano, porque supuestamente el proceso de revocatoria fue financiado por el llamado carrusel de la contratación. En los dos casos la Corte no halló mérito para abrir un proceso. 

SEMANA conoció que en la Registraduría se presentaron 194 derechos de petición que solicitaban que no se tengan en cuenta las firmas que vienen con nombres o apellidos incompletos. La mayoría tienen la misma redacción, como si se tratara de un texto copiado y pegado. Aunque la entidad puede responder en un solo documento, tiene que revisar cada uno de ellos.

Al respecto de los nombres incompletos, la jurisprudencia acepta que en las planillas para respaldar cualquier consulta popular los ciudadanos utilicen solo uno de los dos nombres o de los dos apellidos. Es decir, un solo nombre con un solo apellido no invalida las firmas, siempre y cuando estas correspondan al número de cédula y estén inscritas en el Censo Electoral. Esta tradición tiene sentido en la medida que los tribunales deben ser garantistas del derecho de los ciudadanos a participar, antes que restringirlo.

Pero, como si fuera poco, el abogado del alcalde denunció penalmente a Luis Carlos Donado, director del Censo Electoral y a dos registradores distritales por “falsedad ideológica en documento público en concurso por prevaricato”. En su criterio el hecho de que el número de firmas recibidas por la Registraduría no corresponda con el que después certificó el Consejo Nacional Electoral configura un delito. Los denunciados deberán presentarse en audiencia esta semana. 

En el proceso también se han instaurado cerca de 30 tutelas que piden amparar el derecho de quienes eligieron a Petro, dos acciones populares, una acción de cumplimiento y un incidente de desacato. Muchas de estas medidas tienen como propósito, según reza en la documentación, que el registrador, Carlos Ariel Sánchez, como medida cautelar, no se pronuncie sobre la validez de las firmas en última instancia y no convoque a las urnas hasta que no se resuelvan todas las acciones jurídicas. 

El registrador no ha podido comenzar a estudiar la apelación de la validez de las firmas pues los tribunales discuten temas de fondo. Para Gómez se trata de una estrategia para desalentar a los que respaldaron el intento de revocatoria. “Pero lo peor es que se trata de un atentado contra el derecho a la participación que paradójicamente fue defendido por el M-19 en la Constitución de 1991”, dijo. Para Petro se trata de la defensa legítima “de los derechos de los votantes”, según dijo en una entrevista con SEMANA. 

El tiempo pasa y no hay fecha en el horizonte para que el apoyo o rechazo al gobierno de Petro se mida en las urnas. En vez de una “batalla política y social”, el camino que el alcalde optó fue el de las estrategias jurídicas.