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Rifirrafe en el corazón de la Justicia

Las salas Administrativa y la Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura protagonizaron el miércoles un ‘choque de trenes’ luego de que el presidente de la segunda cuestionó el manejo del presupuesto de la primera, tras una serie de hechos que hoy generan distanciamiento.

12 de enero de 2012

Un declarada ‘bronca’ se desató el miércoles luego de que el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Henry Villarraga, acusó a la Sala Administrativa y a su presidente (e), Néstor Raúl Correa, de mantener contratos cuestionados por la Contraloría y haber incurrido –en algunos de ellos- en adiciones presupuestales por 11.622 millones de pesos.
 
El hecho se da luego de que la Administrativa anunció que se negó una solicitud para la creación de 1.006 cargos provisionales motivados en la descongestión de procesos judiciales por 150.000 millones de pesos al año, pedida en diciembre por la Disciplinaria.
 
Se detuvieron también cinco acuerdos para crear 71 cargos, entre ellos 13 posiciones de magistrados de descongestión y 58 auxiliares, todos autorizados por el presidente saliente de la Administrativa, el magistrado José Alfredo Escobar.
 
Por otra parte, en lo que se dio a entender como una medida de transparencia, también se ordenó en los últimos días divulgar cuáles fueron los viajes de los altos magistrados en los dos últimos años.
 
Frente a los contratos, el magistrado Villarraga señaló que los contratos cuestionados son 20, entre los que están la construcción de los palacios de justicia de las ciudades se Mocoa, Cali y Manizales, que ponen en entredicho “la política de transparencia en el gasto” de la Sala Administrativa.
 
“Todo es una cortina de humo, ya que las adiciones presupuestales no están colgadas en la página y es obligación, según la Ley 1150, que todos los contratos iniciales o adicionales sean publicados con transparencia, pero ninguno está publicado”, dijo.
 
En el tema de los viajes, Villarraga expresó también que no pueden ser revelados sin que se especifique su motivación, cuando muchos se hacen por dentro de los procesos judiciales o son propios de su actividad y no se trata de simple ‘turismo judicial’. Incluso contraatacó a Correa al acusarlo de viajar en asuntos particulares con dineros del erario.
 
El corazón de la justicia
 
Orgánicamente, el CSJ está dividido en dos salas: la jurisdiccional disciplinaria, que se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia. La otra es la administrativa, encargada de atender las necesidades organizativas y de gestión de la rama judicial. De ahí que se pueda afirmar que este rifirrafe se da en el corazón de la justicia colombiana.
 
Todo el asunto se da cuando aún se recuerda el escándalo de las altas pensiones que se dan en esa corporación, El juez que logra una ‘palomita’ de magistrado auxiliar, así sea solo durante un mes, consigue que su pensión se multiplique y llegue a ser calculada sobre un salario de entre 14 millones y 17 millones de pesos. La mesada, que es el equivalente al 75 por ciento, llegará de 10,5 a 12,75 millones de pesos.

“Ni yo ni la Sala Administrativa tenemos bronca alguna con la Sala Disciplinaria, distinta desde luego a la que en el día de hoy ha desencadenado el inefable presidente de esa sala”, respondió el mismo miércoles, horas después el magistrado Correa.
 
“El doctor Villarraga nos solicitó en diciembre la creación de 1.006 cargos de descongestión, cuyo costo asciende a 150.000 millones de pesos anuales, lo cual es tan absurdo como desproporcionado, razón por la cual se los negamos, y es lo que al parecer lo tiene molesto”, agregó.
 
También defendió que los contratos no son firmados por los magistrados ni por la Sala Administrativa. “Éstos son adelantados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Si la Sala Disciplinaria tiene alguna duda sobre el particular, bien puede dirigirse a dicha entidad. En esas condiciones, mal podríamos haber incurrido en irregularidades o adiciones en esta materia”, explicó.
 
Días atrás, en entrevista con el diario El Tiempo, Correa se había quejado de que debían lidiar “con un tratamiento presupuestal de tercera”.
 
“Nos dan muy pocos recursos y cuando el año ya está avanzado. En esas condiciones es imposible, por ejemplo, hacer un palacio de Justicia en el tiempo proyectado. Si la plata nos la dan con cuentagotas, las obras se van a hacer de la misma forma, y así se encarece cualquier proyecto”, dijo en esa ocasión.
 
Frente a sus viajes, el magistrado Correa expresó que si hizo viales para presentar un libro de su autoría acerca de derecho constitucional, pero que ninguno de ellos fue con cargo al presupuesto de la rama. “Ninguno de los dos viajes le costó un solo peso al Estado. Aparte de eso, aproveché de todos modos para trabajar y reunirme con los magistrados de los tribunales seccionales”.
 
Finalmente, frente a la publicación de los desplazamientos de los magistrados, el presidente de la Administrativa señaló que “no hay nada que explicar. Se trata de una simple relación de costos y viajes, que no configura acusación alguna y que la Sala Administrativa decidió publicar, siguiendo estándares internacionales de transparencia.”