RUMBO INCIERTO

EN UN PRINCIPIO LA NOTIcia de SEMANA causó sorpresa y confusión. Pero con el paso de los días se confirmó. Helmer Herrera Buitrago, conocido en los círculos investigativos con el alias de 'Pacho' Herrera, José Olmedo Ocampo y Juan Carlos Ramírez, se presentaron en el despacho del fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, entre el 11 y 14 de enero pasado. De allí cada uno de ellos salió con una constancia firmada por De Greiff en la que se certificaba que se había abierto una investigación en su contra en el marco del artículo 369E del Codigo de Procedimiento Penal.
El asunto revivió roces entre las distintas autoridades oficiales sobre el rumbo que debe tomar la política de sometimiento a la justicia. Como el procurador Carlos Gustavo Arrieta le hahía dicho a SEMANA (ver ediciòn 615) que no tenía conocimiento de esas presentaciones, el Fiscal, indignado, lo acusó de mentiroso con el argumento de que la oficina de la procuraduría delegada para asuntos penales había recibido un oficio de la Fiscalía fechado el primero de febrero con dicha informaciòn. Entre el Gobierno y De Greiff también saltaron algunas chispas, que no son las primeras en una relación que ha tenido sus altas y sus bajas, justamente por las normas de sometimiento a la justicia.
El Fiscal, quien se encontraba en Boston (Estados Unidos) cuando SEMANA divulgó la noticia de las presentaciones de Herrera y Olmedo, se entrevistó a su regreso con el presidente César Gaviria, en una reunión que estuvo marcada por la franqueza. En ella, lo único que quedó en claro es que el Gobierno y la Fiscalía no están del todo identificados en cuanto a la interpretación de algunas normas introducidas el ano pasado al Código de Procedimiento Penal, como se confirmó en una carta del ministro de Justicia, Andrés González, divulgada el pasado fin de semana. (ver recuadro).
Tras conocerse la noticia de las presentaciones de Herrera y Ocampo, algunos medios de comunicación cuestionaron el hecho de que la máxima autoridad del sistema penal acusatorio del país no hubiera detenido a dos personajes que en numerosas ocasiones han sido vinculados al cartel de Cali y a otros grupos delictivos del Valle y Risaralda.
El fiscal Gustavo de Greiff se defendió de manera airada con el argumento de que "eso habría que hacerlo si hubiera en contra de ellos órdenes de captura o medidas de aseguramiento, y habría que informárselo a las autoridades de Policía. De lo contrario, no. A ellos no se les detuvo porque ningún organismo de seguridad dijo que eran delincuentes" .
La otra acusación iba dirigida a las constancias que el Fiscal firmò y que pueden haber sido utilizadas por uno de sus portadores para evitar ser detenidos. A este respecto De Greiff calificó de "majaderas" a las autoridades que pudieron haber suspendido la detención de uno de esos hombres ante la presentación de la constancia.

HISTORIA DE HERRERA
En medio de las aseveraciones del Fiscal en el sentido de que no había detenido a esas personas por falta de pruebas, comenzaron a aparecer los distintos señalamientos y acusaciones que existen contra ellas. De Herrera se sabe, por ahora, lo siguiente:
* De acuerdo con informes de la DEA, en 1975 fue arrestado en Nueva York bajo la acusación de ser enlace de los distribuidores de cocaína en esa ciudad. Sin embargo, la Corte no encontró pruebas suficientes para condenarlo y lo dejó en libertad condicional con presentaciones mensuales.
* En 1979 fue arrestado nuevamente por agentes de la DEA cn Nueva York cuando encontraron en su poder cuatro kilos de cocaína. Se le acusó de conspiración y soborno, pues los agentes que realizaron el arresto declararon ante la Corte que Herrera había tratado de comprarlos con dinero para que lo dejaran escapar. Fue condenado a cinco años de prisión y quedó en libertad en 1984.
* Los organismos de inteligencia en Colombia señalaron que el 27 de julio del año pasado, el fiscal regional del Valle, Felipe López, dictó orden de captura contra Herrera por homicidio. Un mes después, el mismo fiscal regional revocó la orden de captura por inconsistencia en las acusaciones hechas por un testigo.
* La Comisión Andina de Juristas lo acusó la semana pasada de haber promovido y financiado la llamada 'operación destructor', en la que fueron masacrados 13 campesinos en la vereda El Bosque, municipio de Riofrío, el 5 de octubre de 1993 por un grupo de 25 paramilitares.
Durante la reunión que se llevó a cabo en el despacho del fiscal De Greiff, Herrera rindió una declaración formal acompañado por su abogado, y en ella señaló que era ingeniero civil con especialización en mecánica industrial, estudios que según él realizó en Nueva York en 1970. Admitió conocer a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, pero negó que fuera por negocios de droga. Dijo que ellos le habían brindado protección cuando Pablo Escobar lo acusó de ser al autor intelectual del atentado al edificio Mónaco en Medellín y ofreció una fuerte suma de dinero para que lo asesinaran. Los Rodríguez Orejuela, según su propia declaración, tomaron la decisión de protegerlo, pues Escobar siempre lo confundió a él con otro hombre conocido como Francisco Herrera. De esa confusión surgió el hecho de que a Helmer Herrera lo conozcan desde hace años las autoridades con el alias con el cual lo bautizó el propio Escobar: el de 'Pacho' Herrera.

LA HISTORIA DE OLMEDO
Pero si según los organismos de inteligencia Herrera tiene su historial, también parece tenerlo José Olmedo Ocampo, un desconocido para la opinión pública, pero de quien las autoridades tienen un expediente voluminoso.
* Los organismos de inteligencia lo señalan como uno de los hombres fuertes del cartel de Cali con base en Risaralda. Varias de sus propiedades en esa región han sido allanadas e incautadas y hoy están a disposición de las autoridades.
* En abril de 1992, cuando los organimos de inteligencia capturaron en el Valle a Iván Urdinola, la operación se extendió en busca de Ocampo. En esa oportunidad fueron incautadas cinco haciendas de su propiedad.
* En agosto del año pasado un informante entregó a las autoridades una serie de documentos que comprometían a Olmedo en planes terroristas para atentar contra altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el fiscal Gustavo de Greiff.
* El 2 de mayo de 1992 las autoridades de Cartagena allanaron e incautaron en Bocagrande un apartamento en el edificio Marly.

LO QUE VIENE
De toda esta historia que parece no haber terminado aún, surgen algunas preocupaciones. La primera tiene que ver con la urgente necesidad de que se consolide la colaboración entre las distintas entidades involucradas en la lucha contra el narcotráfico. Aunque jurídicamente el Fiscal pudo haber tenido razón en cuanto a que no estaba ohligado a informar al Gobierno sobre estos casos, la realidad desde el punto de vista práctico es que esta información y esta colaboración son fundamentales.
En efecto, la Dijin y el DAS, que son los organismos de investigación y de inteligencia dependientes del Gobierno y encargados de recoger la información para construir las acusaciones en contra de los delincuentes, deben estar siempre al tanto de lo que hace la Fiscalía.
Tras las presentaciones de Herrera y Ocampo, en enero, han comenzado a correr términos. Y de no consolidarse acusación alguna, se puede abrir paso la impunidad.

LA CARTA DEL GOBIERNO

El Minjusacia le expone al Fiscal la posición del Gobierno y le advierte sobre una posible maniobra de los abogados de quienes se están presentando.

A LO LARGO DE LA SEMANA PAsada fueron muchos los rumores que corrieron en torno a tensas reuniones entre la Fiscalía y el Gobierno. Pero sólo el sábado se oficializaron estas diferencias, cuando se divulgó una carta del ministro de Justicia, Andrés González, al Fiscal, en la cual expone de modo amplio, aunque siempre en tono conciliador, las preocupaciones del Ejecutivo en cuanto a la forma como se dieron las presentaciones de Herrera y Ocampo, entre otros, ante De Greiff.
González plantea que al Gobierno le "preocupa" la interpretación que algunos abogados litigantes han hecho del artículo 369E. Según González, esa interpretación podría "constituir una maniobra jurídica" que podría conducir a la impunidad, todo lo contrario de lo que buscan las normas de sometimiento a la justicia, cuyo objetivo es el de que sus beneficiarios brinden "una colaboración eficaz" con los procesos.
La maniobra, para González, consistiría en que quienes se presentan y hacen esa errada interpretación del 369E, lo que pueden estar buscando es que se venzan los términos y no se encuentren pruebas en su contra, con lo cual los procesos podrían pasar a ser cosa juzgada.
De la carta se deduce que el Gobierno no comparte la interpretación que el Fiscal hizo del 369E en los casos de Herrera y Ocampo, a quienes abrió investigación por su sola presentación. "El sólo hecho de que una persona se presente ante la autoridad competente con el pretexto de que es buscada por la justicia, no constituye, a nuestro juicio, fundamento legal para dictar una providencia mediante la cual se inicie la investigación previa o la instrucción", asegura González, quien argumenta que si esto fuera así "implicaría trasladar el ejercicio de la acción penal a la iniciativa de los posibles sindicados".
Para el Ministro, el artículo 369E no puede ser leído aisladamente del resto de las normas de sometimiento. La norma, en efecto, está referida en su propio texto a "los beneficios contemplados en la presente ley". Y esos beneficios sólo pueden brindarse a quien colabora eficazmente con la justicía, y no a quien simplemente se presenta sin confesar delito alguno ni a colaborar para esclarecer o evitar otros delitos.
Finalmente, el Ministro le recuerda al Fiscal que "por tratarse de un tema de tanta importancia para el paìs, el Gobierno considera fundamental mantener (...) una estrecha y permanente colaboración y coordinación" entre el Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría.



FISCALIA: ¿ARBITRO ENTRE CARTELES?
Un extraño almuerzo entre una fiscal y representantes de los carteles de Cali y Medellín despierta suspicacias.

EN MEDIO DEL DEBATE QUE SE ha desatado por la divulgación de la noticia acerca de la presentación ante el fiscal general, Gustavo de Greiff, de tres presuntos narcotraficantes del llamado cartel de Cali, otro episodio confuso en torno de esa organización fue divulgado la semana pasada por el Noticiero QAP y el periódico El Espectador.
Según estos medios de comunicación, la Fiscalía habría servido de intermediaria para facilitar conversaciones de paz entre el cartel de Cali y lo que queda del de Medellín, cuyos miembros estarían buscando poner fin a la guerra que libran desde hace varios años.
Según QAP y El Espectador, el pasado miércoles 16 de febrero una reunión que inicialmente había sido programada como una ampliación de indagatoria terminó convertida en un amistoso encuentro entre Carlos Mario Alzate Urquijo 'El Arete' y Carlos Aguilar Gallego 'El Mugre' y sus abogados, con Luis Guillermo Angel Restrepo, al parecer un enlace con el cartel de Cali. La reunión se habría celebrado en el despacho de la jefa de la Unidad de Narcotráfico de la Dirección Regional de Fiscalías, Cruz Helena Aguilar Echeverry.
Aunque sobre el acercamiento entre los miembros de los dos carteles se ha venido especulando últimamente, sobre todo después de la muerte de Pablo Escobar, es la primera vez que se conoce de un encuentro formal entre algunos detenidos del cartel de Medellín y un emisario del de Cali en presencia de una autoridad judicial.
Por orden de la fiscal Aguilar, los dos detenidos fueron trasladados de La Picota a la Dirección Regional de Fiscalías para cumplir con la ampliación de la indagatorla. Tanto 'El Arete' como 'El Mugre' y sus abogados llegaron al despacho de la funcionaria pasadas las 9 y 15 de la mañana. Los dos fueron atendidos directamente por Aguilar, quien no utilizó los cubículos especiales empleados para evitar que los declarantes reconozcan a los funcionarios que los interrogan. Por el contrario, los atendió en la sala de juntas contigua a su oficina.
Mientras la funcionaria, los detenidos y sus abogados hablaban de manera informal, apareció Luis Guillermo Angel Restrepo, quien fue reconocido por 'El Arete' y 'El Mugre', los cuales le expresaron su preocupación por la guerra que han venido sosteniendo con miembros del cartel de Cali y su deseo de lograr una paz entre las partes. "Esta guerra nos tiene jodidos a todos", fue una de las afirmaciones de los detenidos.
Lo que inicialmente estaba programado como una citación judicial terminó siendo, en palabras de El Espectador, "una verdadera comilona". En efecto, a eso de las 2 y 45 de la tarde, 'El Arete' mandó a comprar 40 cajas de pollo y 40 gaseosas tanto para los que se encontraban en la diligencia, como para el personal de seguridad. Al final de la tarde, Angel Restrepo abandonó la oficina con el compromiso de viajar a Cali y buscar el acercamiento definitivo entre las partes.
Los detenidos le habrían expresado a la Fiscal Aguilar su preocupación por los cargos que tienen en su contra y le habrían reiterado su colaboración con las autoridades.
Esta noticia también sorprendió al Fiscal General. Si bien en un comienzo negó el encuentro de los miembros de los dos carteles en presencia de una de sus subalternas, terminó por admitir que la fiscal conocía de tiempo atrás a 'El Mugre', puesto que habían sido compañeros en la escuela primaria. No obstante, declaró que ello no constituìa un impedimento para ejercer sus funciones judiciales.
De Greiff llegó a calificar las primeras versiones de los medios de comunicación como "monstruosas". Advirtió, sin embargo, que la Fiscalìa no puede prestarse para este tipo de hechos que lesionan seriamente la imagen de la institución. A la vez aclaró que una entidad con funciones eminentemente judiciales no puede ser utilizada para cumplir funciones de intermediaria entre organizaciones delictivas.
Pero más allá de las anécdotas que dejó el encuentro, la gran preocupación que existe es que algunas de las pocas pruebas que se han podido obtener en contra de dichos carteles se han basado en información que la gente de Cali ha suministrado en contra de los de Medellìn y viceversa, de donde se puede deducir que un acuerdo entre estos dos grupos podrìa terminar en un mutuo pacto de silencio, con el obvio perjuicio para las investigaciones.