La sala 'superpoderosa' de la Judicatura

Si hay un organismo duro de matar es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Sin que se tenga claro cómo o por qué cada vez que se acerca su final este organismo agonizante termina fortalecido. Lo que ocurrió en la noche del martes en la Corte Constitucional es una muestra de ello.

El Acto Legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz establecía todo un nuevo esquema mixto (magistrados de la Corte Constitucional y de la JEP) para que revisaran los conflictos de competencia. Esta función es determinante ya que en esa instancia se deberán estudiar los casos más complejos en los que ni la justicia ordinaria ni la justicia especial se ponen de acuerdo sobre su competencia.

Sin embargo, en el fallo emitido por la Corte Constitucional se determinó que este esquema creado va en contra de la separación de poderes, por lo que se elimina la posibilidad de que otra autoridad judicial resuelva la controversia. Así las cosas, ordena que los conflictos de competencias entre la JEP y las demás jurisdicciones sean resueltos según lo dispone la Constitución y la ley.

La intención de los magistrados al emitir el fallo habría sido que esta competencia la asumiera la propia Corte Constitucional, ya que la Ley de Equilibrio de Poderes ordenó a la Sala Disciplinaria de la Judicatura trasladarles esta función. Sin embargo, el punto espinoso está en que esta competencia solo podrá llegar a la Corte Constitucional hasta que se cree una nueva institución que reemplace la Sala Disciplinaria, es decir, el Consejo Nacional de Disciplina.

Como ya se sabe, la conformación de este Consejo Nacional de Disciplina quedó en una especie de limbo, luego de que el Consejo de Estado suspendiera el proceso de elección de integrantes hasta tanto no se tramite una Ley Estatutaria que imponga las reglas para la selección de los perfiles más idóneos. Nadie pelea por el ‘tatequieto‘ que impuso el Consejo de Estado a esta conformación, más teniendo en cuenta que entre los llamados a integrar este Consejo estuvo Cristina Pineda, la esposa del exmagistrado Leonidas Bustos que está en el centro de los cuestionamientos por el llamado cartel de la toga.

El meollo del asunto, sin embargo, está en que si no se tramita una ley que destrabe pronto la elección de integrantes que conformen esta institución, el tema, considerado de alta complejidad, corre el riesgo de quedar en manos de una Sala cuestionada y conformada por magistrados que o están en calidad de interinos o ya culminaron su periodo y no se han ido. El presidente, Pedro Alonso Sanabria, y la vicepresidenta, Julia Emma Mejía, debieron abandonar su cargo por periodo cumplido hace al menos un año. Sin embargo, no lo han hecho pues el tema del nuevo organismo sigue en el limbo.

La Sala Disciplinaria ha sido la protagonista de numerosos escándalos: por controversiales fallos de tutela contra sentencias de las altas cortes, por el ‘carrusel‘ de pensiones, por decisiones de definición de jurisdicción entre la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar que han causado revuelo. Precisamente, por su cuestionado papel en estos últimos casos, desde ya se vislumbra con temor que sea esta sala la que termine teniendo un rol fundamental en la Justicia Especial para la Paz.