SALE MICHELSEN

Era el mayor secreto de Estado. Durante los últimos dos meses, el equipo económico del gobierno había estado estudiando la posibilidad de tomar medidas respecto del Banco de Colombia que podían significar cambios sustanciales en cuanto a su administración y futuro funcionamiento. A los pocos funcionarios que fueron informados de los propósitos del gobierno, se les exigía la máxima de las reservas, como si se tratara de un asunto de seguridad nacional. Los tres hombres claves del gobierno en todo este proceso fueron el ministro de Hacienda, Edgar Gutiérrez Castro, el presidente de la Comisión de Valores, Juan Camilo Restrepo y el superintendente bancario encargado, Germán Tabares, quien estaba al frente de la entidad ante la ausencia del titular Germán Botero de los Ríos.
Los diferentes grupos de trabajo que estudiaron el tema, sesionaron en sucesivas reuniones secretas cuyas conclusiones trascendian a un círculo que nunca excedía a una media docena de personas. Curiosamente la información logró mantenerse en secreto durante todo este período, hasta que el miércoles pasado, El Colombiano de Medellín, basado en un despacho de la agencia de noticias Colprensa soltó la bomba en páginas interiores: el gobierno preparaba un paquete de medidas sobre el Grupo Grancolombiano. La información era bastante fragmentaria y no permitía para el lector desprevenido, sospechar los alcances que podía tener. Según la agencia de prensa, las medidas se justificarían "por la insatisfacción oficial ante los mecanismos correctivos puestos en práctica por el Grupo Grancolombiano a raíz del manejo de los fondos Bolivariano y Grancolombiano ".
A partir de la publicación de esta noticia, comenzaron a circular en el país las versiones más contradictorias, a tal punto que los diarios capitalinos del viernes se enfrentaban a nivel de titulares: mientras El Tiempo afirmaba "Desmienten crisis en el Grupo Grancolombiano", El Espectador desplegaba a cuatro columnas el título "Vuelco en el Grupo. Renuncia Michelsen".
Sobre este último dato, referente al retiro del presidente del Banco de Colombia, se centraba la mayor atención. La agencia de noticias CIEP había obtenido el miércoles en la noche una declaración de Michelsen Uribe en la cual éste confirmaba su renuncia gracias a un ardid de los reporteros, quienes le manifestaron a quemarropa que habían obtenido informacion de Palacio sobre su salida. A esto, el presidente del Banco de Colombia respondió: "Sí, efectivamente he renunciado ante la junta directiva porque me siento supremamente cansado, muy fatigado".
Esta declaración aparentemente habría sido hecha por Michelsen después de una agitada semana de contactos con el gobierno sobre el tema. El jueves 22, el presidente del Banco de Colombia recibió una carta de la Superintendencia Bancaria en la cual le manifestaban que esta entidad tenía la intención de utilizar los mecanismos a su alcance para llevar a cabo cambios sustanciales en el funcionamiento del Banco. El origen de estas medidas sería una serie de irregularidades contables en préstamos concedidos hace tres años a entidades del Grupo, para atender la baja de depósitos que se presentaba en esos momentos en los fondos Bolivariano y Grancolombiano. El martes siguiente, el helicóptero presidencial se traslada a la finca "La Ramada" en Boyacá, propiedad de Michelsen, para llevarlo a Palacio para una entrevista con Betancur. En ésta, los dos habían discutido cordialmente el problema y el primer mandatario lo habría tranquilizado asegurándole que el asunto sería manejado con prudencia.
El miércoles tuvo lugar una reunión entre el Superintendente encargado, Germán Tabares y Michelsen en la cual Tabares manifestó que el despacho a su cargo consideraba que la solución del problema requeriría el retiro de Michelsen de la presidencia del Banco, así como el del vicepresidente ejecutivo Alcides Caicedo, responsable en la práctica del manejo cotidiano del Banco y del vicepresidente comercial Roberto Ordoñez, figura central no sólo en el Banco sino en el Grupo. Tabares dijo a Michelsen que se preparara a recibir ese mismo día una carta oficial en tal sentido. Toda esa tarde, el presidente del Banco habría de esperar la misiva que no llegaría sino al final de la semana.
Esta contenía dos puntos que estarían incluídos y ampliamente explicados en un comunicado dado a conocer el viernes a las dos de la tarde por la Superintendencia. En primer lugar, el Banco debía contabilizar provisiones sobre los intereses generados por los créditos adquiridos por los fondos con el Banco, que venían siendo renovados a sus vencimientos, sin que el Banco recibiera abonos a capital. En segundo lugar, determinaba que debían retirarse de la administración del Banco todos los funcionarios que habían tenido que ver con el problema de los créditos, para ser reemplazados por personas ajenas por entero a la situación.
Según el mismo comunicado, las investigaciones se habrían iniciado a raíz de "recientes publicaciones de prensa", que para algunos observadores eran las aparecidas en El Espectador en su prolongada campaña contra el Grupo Grancolombiano. El documento indicaba que después de concluidas las investigaciones y determinadas las irregularidades, fueron pedidas al Banco las explicaciones del caso y la Superintendencia las había considerado "insuficientes".
El Banco habría presentado una primera fórmula de cancelación acelerada de las obligaciones de los fondos, pero esta fórmula no habría sido considerada como aceptable por la Superintendencia. Al final de la semana, según el mismo comunicado, una nueva fórmula estaba en estudio e incluía eventuales daciones de pago. El comunicado concluía sus tres páginas asegurando que el cumplimiento de las llamadas "manifestaciones de voluntad" del Grupo Grancolombiano referentes a la devolución del dinero a los ahorradores de los fondos de inversión, avanzaban normalmente. Aclaraba también en su última frase que, con las medidas asumidas, el gobierno no pretendía ni la intervención ni la nacionalización del Banco "puesto que estas últimas son medidas extremas que las circunstancias actuales no justifican adoptar en este caso".
En la noche del viernes, el Presidente se dirigió a los colombianos durante 38 minutos y, en medio de un balance del año, se refirió en forma apenas tangencial a las medidas de la Superintendencia, casi minimizando el alcance de las decisiones tomadas presentándolas simple y llanamente como un acto del gobierno en defensa de ahorradores, accionistas y depositantes del Banco. Esto sucedía minutos después de que Michelsen declarara por radio que tanto su renuncia como la de Alcides Caicedo, estarían a disposición de la junta directiva el martes siguiente, aclarando que ningún otro vicepresidente había tomado parte en el comité de crédito que otorgó los préstamos investigados, lo cual fue interpretado como que permanecería en el Banco el vicepresidente comercial Roberto Ordoñez. Sobre este punto, el comunicado de la Superintendencia no contenía nombres propios.
A pesar de la actitud tranquilizadora del Presidente durante su discurso, SEMANA pudo enterarse de que las aspiraciones originales del gobierno iban más allá del alcance de las medidas que tomó la semana pasada. Inicialmente, el gobierno no descartaba la posibilidad de llegar a ejercer el control del Banco. Se barajaron diferentes fórmulas, incluyendo el ingreso de la entidad bancaria al fondo de democratización, mecanismo que, en circunstancias muy diferentes, fue utilizado para adquirir el control del Banco de Bogotá. Sin embargo, el Banco de Colombia tiene 19 mil accionistas y es una de las pocas entidades que se ajusta en su composición accionaria a los criterios de democratización del gobierno. Se pensó también que se podría cambiar de manos el control del Banco haciendo que el Grupo Grancolombiano entregara como pago de las deudas al Banco acciones del mismo Grupo por un valor equivalente al monto de lo adeudado, que según especulaciones podia acercarse a los 5 mil millones de pesos. Sin embargo, las acreencias del Grupo para con el Banco eran inferiores al total de acciones representadas por Michelsen dentro del Grupo. Esto implicaba que, en la práctica, el Banco, que entraría a manejar un buen número de acciones del Grupo, seguiría en manos de sus dueños originales.
Para muchos, detrás de la actitud del gobierno contra el Grupo, existían evidentes motivaciones politicas. En medio de una serie de medidas impopulares que el gobierno estaba por anunciar, como las alzas en el transporte, la gasolina y el impuesto a las ventas, no dejaba de ser útil dar un "golpe a la oligarquía" para lo cual Michelsen resultaba un magnifico blanco. Se llegó inclusive a decir que en un afán por mantenerse en las encuestas de opinión, o por satisfacer exigencias de los grupos guerrilleros, el Presidente llegaría a contemplar la posibilidad de una nacionalización. Estas especulaciones, que no dejaron de causar pánico en circulos financieros y políticos, quedaron virtualmente desvirtuadas ante la prudencia de las medidas finalmente asumidas por el gobierno. Lo que diferenciaba esta situación de las anteriores en otras entidades bancarias es que, no obstante las acusaciones formuladas contra algunos directivos del Banco, éstas eran de carácter administrativo y no afectaban la solidez financiera del Banco, que contaba con cerca de 110 mil millones de pesos en depósitos. Una intervención del gobierno que hubiera rebasado los limites alcanzados por las medidas que se aplicaron, habría podido llegar a poner en tela de juicio la estabilidad de todo el sistema financiero cuya imagen, debilitada después de la crisis de fines de 1982, el gobierno había logrado rescatar, gracias a un manejo indiviual de cada una de las situaciones, que globalmente había dado buenos resultados. Lo que era un hecho es que el retiro de la presidencia del Banco de Colombia de Jaime Michelsen Uribe, quien aún para sus detractores es el financista más importante de su generación, representaba el fin de toda una era en la historia de la banca colombiana.