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Salidos de control

Aunque algunas de las peticiones de los estudiantes son legítimas, los desmanes muestran que detrás de ellas hay agendas políticas ocultas.

10 de noviembre de 2018

Las protestas estudiantiles cumplieron su cuarta semana, tal vez la más traumática para los bogotanos que el jueves pasado tuvieron que pasar las verdes y las maduras para llegar a sus casas, en medio del caos creado por las marchas que se tomaron varios puntos de la capital.

La multitudinaria caminata terminó en desmanes como el ataque a las instalaciones de RCN Radio, la destrucción de ventanas y fachadas por donde transcurrieron los manifestantes o el enfrentamiento, ya en la noche, entre los estudiantes y el Esmad en la calle 100 con autopista Norte. Pero las imágenes de un policía en llamas, víctima de una bomba molotov, causaron el mayor estupor y la máxima indignación. Afortunadamente salió ileso.

Luego de lo ocurrido vino lo de siempre: los líderes estudiantiles salieron a rechazar los actos vandálicos y responsabilizaron a personas infiltradas y ajenas al movimiento. Además culparon al Esmad y al Distrito de haber violado el derecho a la protesta y reprimirla violentamente. Por su parte, el Distrito condenó los hechos y dijo que cumplió su deber de mantener el orden público.

Desde que comenzaron las protestas, el gobierno nacional, los rectores y los estudiantes han ido avanzando en un acuerdo para solucionar la crisis económica de las universidades públicas. Frente al difícil panorama, el Estado ha hecho un esfuerzo para darles más dinero. Ya logró conseguir 1,5 billones de pesos entre recursos propios y regalías. Incluso, el 26 de octubre llegó a un acuerdo con los rectores para aumentar las transferencias en 3 puntos porcentuales por encima del IPC en 2019, en 4 puntos entre 2020 y 2022, es decir, alrededor de 1,2 billones de pesos.

Los rectores festejaron el acuerdo, pero los estudiantes y profesores no lo tomaron así. Para ellos son solo paños de agua tibia y se mantienen en que el gobierno debe destinar alrededor de 18 billones de pesos en los próximos años al sector.

¿Por qué los estudiantes no aceptan lo pactado? Nadie niega que la educación pública esté en crisis y que se requieren soluciones. Pero tras un mes de protestas, ya no se sabe si realmente este es un movimiento genuinamente estudiantil, si es uno de reivindicaciones labores y sindicales, si es una marcha social o si es un movimiento que busca poner al gobierno de Duque contra las cuerdas.

Lo sucedido el jueves demostró que la movilización estudiantil se salió de control. Y si bien en Colombia el derecho a la protesta está garantizado, esto no significa que los marchantes puedan violar la ley y los derechos de los demás ciudadanos. Por eso, más allá de utilizar las vías de hecho, deben escoger el camino del diálogo, libre de dogmas ideológicos y políticos. Solo así podrán legitimar ante la ciudadanía sus justas pretensiones.