EE. UU.: el ‘conejo’ que le hicieron a Salvatore Mancuso

El tiempo apremia y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso lo sabe. Está ad portas, si nada extraordinario ocurre, de recibir 22 años de cárcel por haber traficado con drogas y por sus actuaciones dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El próximo 6 de mayo la juez Ellen Huvelle, de la Corte del Distrito de Columbia, decidirá si acoge los argumentos de la Fiscalía que pidió esos años de cárcel o los del abogado de Mancuso, que ha solicitado 12 años de prisión, alegando la colaboración efectiva que este ha tenido a las autoridades.

En el 2008 la Fiscalía firmó un acuerdo con Mancuso en el que, en suma, el exparamilitar aceptó el tráfico de drogas, que tendría una pena no menor a 10 años y que se incrementaría por ser jefe de una organización. También se comprometió a devolver cuatro millones de dólares y a estar bajo supervisión vigilada durante cinco años, cuando tuviera algún beneficio de libertad.

También se comprometió a colaborar cuantas veces fuera necesario con la justicia, incluso después de ser condenado. “De no hacerlo, se rompería el acuerdo y el gobierno de Estados Unidos quedaría liberado de sus obligaciones”, según los términos del acuerdo firmado en ese momento.

Fue en esa medida que Mancuso ‘echó al agua’ a un sinnúmero de políticos colombianos mezclados con las AUC. También habló sobre militares y policías como los generales Rito Alejo del Río, el extraditado general de la Policía Mauricio Santoyo, así como de su hermano Julio César.

Semana.com conoció que el hermano de Santoyo se movía en los sitios donde estaban concentrados los jefes paramilitares en el momento en que negociaban con el Gobierno, y participaba, supuestamente, en acciones ilegales.

También Mancuso le contó a las autoridades estadounidenses todo lo ocurrido en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la penetración de las AUC en esa entidad. Así mismo reveló los vínculos y trabajos especiales que hacían con la anuencia del exdirector Jorge Noguera.

Acuerdo incumplido

Pero ahora Mancuso ve cómo la Fiscalía estadounidense le da la espalda y pide 22 años de cárcel para él, algo que no estaba entre sus cuentas. Por eso el reconocido abogado Joaquín Pérez, quien lleva su caso de manera inusual, presentó este martes una dura moción ante el Distrito Judicial de Columbia donde expone las razones de su queja.

Se trata de un hecho extraño porque Pérez, experto en negociaciones con la justicia de ese país, no había tenido este tipo de choques con una Fiscalía donde se mueve como pez en el agua. De hecho, el primer fiscal que llevó el caso de Mancuso por cuatro años, testificó que la colaboración de Mancuso era de suma importancia para los dos países.

“Mancuso tenía todas las razones para confiar en la promesa del Gobierno (Fiscalía de EE. UU.) de que una recomendación para una reducción de la sentencia estaría basada en su colaboración para la ‘limpieza’ de las instituciones colombianas”, señala el documento presentado en Washington conocido por Semana.com.

Pérez advierte en su moción que “el Gobierno buscó la cooperación sincera del señor Mancuso con Colombia, la misma que ahora utilizan para demonizarlo”, donde añade que la cooperación de Mancuso con las autoridades colombianas fue tan importante, que si se acreditara adecuadamente, “se justificaría un mayor porcentaje de reducción de la pena al 35 % que ofreció el Gobierno”.

Y dice que desde mayo del 2008 hasta la fecha, el exjefe paramilitar profundizó en su cooperación y ha colaborado y beneficiado a las autoridades estadounidenses y a las colombianas. “Básicamente, esta información debería generar beneficios en la reducción de la pena del señor Mancuso, pues así quedó pactado en el acuerdo”, dice el documento.

Pérez asegura que el gobierno estadounidense, en lugar de recibir un doble beneficio, está empleando un doble estándar para eliminar una categoría entera de la cooperación y “así socavar el valor de la asistencia que el señor Mancuso prestó”.

El defensor de Mancuso solicita que el tiempo de cárcel pagado en Estados Unidos también sea tenido en cuenta en el momento de imponer una condena en Colombia. Este asunto aún no se ha resuelto, por lo que es posible que el exparamilitar deba pagar ocho años más de cárcel tras cumplir la condena en Estados Unidos. Esto, según se entiende, basado en la Ley de Justicia y Paz, a la que Mancuso se acogió.

“En el presente caso y en la interpretación del acuerdo, primero tenemos que determinar lo que el señor Mancuso creyó razonablemente que fueron los términos del acuerdo al momento de la declaración de culpabilidad. El Gobierno buscó incentivarlo a revelar detalles de las AUC relacionados con crímenes y con las identidades de sus cómplices en el Ejército, el Gobierno y con empresarios nacionales y extranjeros. (…) cualquier ambigüedad en el acuerdo se debe resolver a favor del defendido y con base en los objetivos generales que tuvo la declaración de culpabilidad”, reza el documento.

En otro punto del texto radicado ante la Corte, Pérez le dice directamente a las autoridades de su país “ahora, cuando la cooperación ya no es necesaria, y llegó el momento de la condena, el Gobierno le está restando importancia a los esfuerzos del señor Mancuso al proveer la información a la policía de Colombia y a los fiscales”.

Y concluye: “Esta Corte debe ordenar al Gobierno ejecutar las obligaciones pactadas en el acuerdo de culpabilidad. Específicamente, requiere que el Gobierno revise y reconozca la cooperación del sr. Mancuso con las autoridades colombianas y las estadounidenses para que se reconozcan los beneficios que reportaron y se modifique la directriz para la imposición de la pena”.

Este documento se presenta a 15 días de que la juez que tiene el caso del exjefe paramilitar sea condenado. La idea es evitar una pena que sobrepase los 12 años, como ha previsto la defensa. Pero la voz final la tiene la juez, que hará las valoraciones respectivas de uno de los casos más complejos sobre quien fuera uno de los paramilitares más temidos y crueles en la historia de Colombia.