Caso Petro: se acaba el drama

A Juan Manuel Santos se le ha criticado muchas veces tratar de quedar bien con todo el mundo. Eso definitivamente no pasó la semana pasada. En una de las decisiones más difíciles de su gobierno, al confirmar la destitución del alcalde Gustavo Petro decidió tomar el toro por los cuernos, consciente de que a muchos no les iba a gustar.

Tomar el toro por los cuernos significaba no darle más largas a un asunto que tenía desesperados a los bogotanos y que parecía no tener fin. Agotadas prácticamente todas las instancias jurídicas posibles de la telenovela procurador-Petro, el alcalde esperaba agregarle unos capítulos extras a ese enredo. Como el Consejo de Estado negó el martes pasado las últimas tutelas con el argumento de que ese no era el mecanismo idóneo para anular la decisión del procurador, Petro tenía todavía un recurso posible: podía instaurar una demanda de nulidad ante el mismo Consejo de Estado. Pero no lo hizo porque mientras hubiera procesos legales en curso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no intervendría en su caso. Por esto y porque el alcalde sabía que ya estaban listas en Washington las medidas cautelares, Petro consideró más estratégico no instaurar más recursos. Y en efecto, dos horas después de conocerse la decisión del Consejo de Estado la Comisión anunció la solicitud de medidas.

En el país, sin embargo, las medidas cautelares no cayeron nada bien. Para comenzar había en esa solicitud la inferencia de que la Justicia colombiana no había operado, lo cual era una falta de respeto dadas las circunstancias del caso. Petro había tenido todas las garantías posibles en un proceso que se había vuelto interminable precisamente por eso. Además, el hecho de que la solicitud de la Comisión estuviera lista para ser sacada a las once de la noche, apenas quedara en firme la decisión del procurador, dejó una muy mala impresión. Evidenciaba, por un lado, que los miembros del organismo ni siquiera se habían tomado la molestia de estudiar los fallos del caso; y por otro, que consideraban que la Justicia colombiana operaba solo si fallaba a favor de Petro.

El presidente Santos, al tener que escoger entre la decisión de la Justicia colombiana y la recomendación de la Comisión de la OEA, se inclinó por la primera. Además de las consideraciones prácticas de no prolongar más la pesadilla de tener la capital en el limbo mientras el alcalde seguía dando arengas en el balcón, había también justificaciones jurídicas. Colombia, como firmante del Pacto de San José, tiene la obligación de acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hay debate sobre si esa obligatoriedad es igual con las providencias de la Comisión.

La realidad es que en este caso lo político primó sobre lo jurídico por la sensación de que la Comisión se había extralimitado. En sus fallos anteriores se había limitado a solicitar medidas cautelares cuando estaba de por medio la vida de una persona. Igualmente, se requería que no operara la Justicia del país en cuestión, lo cual obviamente no era el caso colombiano. Además, si se aceptaba el argumento de que un funcionario elegido por voto popular solo podía ser destituido por una autoridad judicial, se estaría desconociendo la norma constitucional que explícitamente le otorga ese derecho al procurador. Y para rematar, si se reconocía ese argumento, los mil y pico de alcaldes, gobernadores y congresistas elegidos, incluyendo los de la parapolítica, que han sido destituidos por la Procuraduría, apelarían a la Comisión para revocar sus condenas. Eso le generaría un desbarajuste al ordenamiento jurídico colombiano pues la Procuraduría quedaría prácticamente sin piso y legitimidad para ejercer sus funciones disciplinarias.

Algunos han comparado el caso de Gustavo Petro con el de Leopoldo López, el venezolano que hoy está detenido y que cuando era candidato a la Alcaldía de Caracas fue inhabilitado para ejercer funciones públicas, lo cual lo sacó de la contienda electoral. En 2011, la CIDH falló a su favor y ordenó al Estado venezolano restituirle sus derechos políticos. Sin embargo, lo que no se ha dicho es que en el caso de López, la decisión no fue tomada por una autoridad competente de su país, y en cambio, en el caso de Petro, la Procuraduría sí tiene esas facultades. Por no hablar de la diferencia que puede haber entre el sistema político restringido del chavismo, con las garantías que mal que bien existen en Colombia.

El origen del caso Petro fue el exceso de la sanción impuesta por el procurador, quien además de destituirlo acabó con su carrera inhabilitándolo por 15 años. Ordóñez sancionó al alcalde no solo por los múltiples errores al ejecutar su plan de recolección de basuras, sino por el cambio de modelo que le quitó el manejo a los privados y lo puso en cabeza del distrito. Esto último es una decisión política que no podía ser objeto de una sanción disciplinaria. Aun así, aunque se esté en desacuerdo con el desbordamiento de la medida, no se puede poner en tela de juicio el hecho de que la ley le daba la facultad al procurador para imponerla. Si se considera que la Procuraduría tiene un exceso de poder, lo que hay que hacer es reformar sus facultades, pero no deslegitimarlas mientras estén vigentes.

Hasta que no lleguen las encuestas que midan el efecto de la decisión presidencial no se sabrá si haber tomado el toro por los cuernos le sumó o le quitó votos a Santos. En todo caso en los estratos medios y altos, sobre todo en Bogotá, la medida fue muy bien recibida. No fueron pocos los santistas desilusionados que por cuenta de la velocidad y el carácter que vieron en el manejo de ese episodio volvieron al redil.

Ese entusiasmo no fue unánime. Además de las masas petristas, en círculos académicos y jurídicos las opiniones están divididas. Para algunos internacionalistas el no acatamiento constituye una herejía contra el Derecho internacional y un rompimiento de la tradición colombiana de respetarlo. Como era de esperarse el debate da para todo. Pero lo que nadie puede negar es que el presidente tenía una papa caliente y no se salió por la fácil. Si hubiera acatado las medidas cautelares, la agonía de Bogotá se hubiera prolongado y el ordenamiento jurídico quedaría maltrecho. Las decisiones políticas trascendentales por lo general no son las que permiten escoger entre lo bueno y lo malo, sino las que solo dan la opción del menor de dos males. Esta era una de esas.