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Desde hace un año el gobierno, en cabeza del director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, quiere un sistema de última tecnología que marca los productos, los almacena en una base de datos y permite verificar en cualquier momento si pagó o no impuestos. Un sistema tan perfecto tiene toda clase de enemigos.

POLÉMICA

¿Se acabará la fiesta?

El gobierno dispone de una sofisticada y poderosa herramienta para frenar en seco la evasión de impuestos de alcohol y tabaco, así como el contrabando, pero aún no logra aplicarla.

3 de septiembre de 2011

Desde hace un año el gobierno tiene en sus manos la fórmula para controlar uno de los problemas que más líos le han generado en toda su historia: el contrabando de licores y cigarrillos, así como la evasión de sus impuestos, pero acabar esta fiesta, en la que contrabandistas, políticos y delincuentes han puesto el ritmo, no es tarea fácil.

El Ministerio de Hacienda, la Dian y la Presidencia acordaron crear el Sistema Único de Señalización Integral y Rastreo (Susir) por medio del Decreto 2462 del 9 de julio de 2010. La idea es sencilla: con tecnologías de última generación, se marcarán con estampillas, sellos, cintas, códigos de barras o moléculas los licores que producen las licoreras departamentales, los importados y los cigarrillos.

Al contrario de las estampillas, el nuevo sistema deja a cada botella o paquete de cigarrillos señalizado y registrado en un sistema con un número único, lo que permitiría rastrear en cualquier tienda, supermercado, almacén o bodega su origen, su destino y, por supuesto, descubrir los que son de contrabando o están evadiendo. Se trata de un sistema prácticamente inviolable que en varios países de Europa, Asia, Canadá y algunos estados de Estados Unidos disparó el recaudo de impuestos.

Pero el cambio de gobierno, dificultades de la Dian en la selección de la tecnología para echar a andar el sistema y varias demandas en contra con el argumento de que el Estado iba a meter sus manos en las rentas departamentales, frenaron su arranque. El gobierno nacional comenzó un proceso de concertación con las gobernaciones y anunció un documento Conpes, que aún no sale. Además, durante el trámite del Plan de Desarrollo, fue incluido un artículo para darle fuerza de ley al sistema, que ahora está en medio de una polémica.

El artículo dice: "Los departamentos y el Distrito Capital estarán obligados a integrarse al Sistema Único Nacional de Señalización, Información y Rastreo (Susir), y a suministrar la información que esta requiere. Este sistema se establecerá para obtener a partir de un mecanismo único de trazabilidad, toda la información correspondiente a la importación, producción, consumo y exportación de los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y de cerveza, cigarrillos y tabaco elaborado", sistema que será administrado por la Dian.

Si bien el artículo fue aprobado por las plenarias de Senado y Cámara, la Comisión de Conciliación lo modificó al introducir una confusa redacción que ordena que el sistema "tenga en cuenta las especificidades" de cada departamento. Algunos dicen que se buscó mejorar la redacción, pero otros advierten que fue un mico para quitarle dientes al sistema, al abrir la puerta a que la base de datos que se cree sea alimentada por los departamentos y productores de licores, en lugar de nutrirse solo con información provista por marcadores automáticos en las líneas de producción de fábricas y en puertos de importación.

El artículo fue demandado ante el Consejo de Estado, pero su redacción es tan confusa que Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, dice que el proyecto inicial no cambia y que entre la Nación y los departamentos se va a crear el sistema. Mucho depende de la tecnología que la Dian escoja mediante licitación. Según él, se recaudarían unos 300 millones de dólares de más al año. Pero como nadie sabe cuál es el tamaño de la evasión y del contrabando, el monto podría ser muy superior. Estudios privados aseveran que el recaudo, en los próximos cinco años, podría ser de entre 4.000 y 8.000 millones de dólares más que en la actualidad.

Pero un sistema del Primer Mundo en un país en el que pululan el contrabando y la evasión tiene serios enemigos. Si importadores, productores y la Federación de Departamentos dicen estar de acuerdo, algunos mandatarios no ven con buenos ojos un sistema que determine lo que producen realmente y su destino final. Eso, sin hablar del opaco mundo del mercado nacional del cigarrillo.

En resumen, el gobierno tiene en sus manos una poderosa herramienta para recaudar miles de millones de pesos más sin hacer una reforma, pero hay grandes enemigos que no la quieren. Está por verse quién gana la partida.